El Boletín Oficial del Estado publica una resolución que regula los programas de reparto de alimentos. La creación de un “censo de pobres” y la continuación de un modelo de tipo caritativo, los aspectos más criticados del sistema implantado.
Desde el “siente un pobre a su mesa” de las navidades franquistas inmortalizado en Plácido hasta la resolución publicada el pasado 6 de marzo en el Boletín Oficial del Estado han pasado 51 años, pero por la caridad no pasa el tiempo. La resolución que establece las condiciones de reparto de “ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas” en 2015 se presenta como una forma de organizar y, sobre todo, justificar económicamente, las condiciones de reparto: a quién se le da, cómo y cuánto, además de los requisitos para las organizaciones que participen en el reparto de este Fondo de ayuda Europea para las personas más desfavorecidas.
El programa contará con un presupuesto de 110 millones de euros y supone una certificación de lo que es, de facto, la política de externalización de reparto de alimentos hacia organizaciones de tipo caritativo, vinculados con organizaciones como Cruz Roja, Cáritas o la Fundación Española de Banco de Alimentos (Fesbal). Con la resolución publicada el pasado viernes, el Estado parece dejar claro cuál es el modelo por el que apuesta, dado que en la ficha modelo “de solicitud de participación como organización asociada”, se emplea la expresión “organización caritativa” para aquellas organizaciones que opten a entrar en el circuito de reparto.
Además, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha dado la voz de alerta sobre las instrucciones que el Gobierno incluye en esta resolución para que se presente un informe de los servicios sociales públicos o de las trabajadoras sociales para acreditar que la persona beneficiaria de los alimentos es pobre. Un auténtico “censo de pobres”, en el que se deberán incluir aspectos como “el número de inmigrantes, participantes de origen extranjero o si pertenecen a minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes)”, según detalla el BOE. Se trata de un mecanismo de “control social”, explica el sindicalista Julio Reyero, quien ve cómo esta resolución busca “asentar la política de caridad, y no la intervención del estado, en una situación de emergencia”.
Reyero, que ha participado en el documental Ouróboros, que analiza la situación de los Bancos de Alimentos en el Estado, denuncia el convenio por el que el Fondo de Garantía Agraria pasa a sólo dos organizaciones: Cruz Roja y la Fesbal, organización que está vinculada desde sus anuncios al ultracatólico Opus Dei y presidida en Madrid por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Fesbal recibió en 2012 el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, en un jurado en el que estaba Rodrigo Rato, hoy imputado por el caso Bankia.
Reyero recuerda que son alimentos “comprados con dinero público”, que vuelven de la UE en forma de fondos, pero que se reparte a organizaciones privadas ante el “destrozo social” creado por el Gobierno. Son más de 560 millones que el Estado recibirá de aquí a 2020. Pero el problema no es tanto la cantidad como el modelo escogido para el reparto.
Ismael González, de la Red de Solidaridad Popular, una red que tiene 50 nodos en el Estado en los que participan en torno a 5.000 personas, defiende un modelo en el que en efecto se justifique cómo se produce el reparto y en base a qué criterios, pero desde los servicios públicos. “Como los bancos ya están externalizados a Cáritas y Cruz Roja”, esta resolución, defiende “es una confirmación de este modelo: no interviene sobre las necesidades de la gente; no hay un plan”. Un plan “de emergencia”, que debería ponerse en marcha, opina, para un Estado en el que el 27% de la población está en riesgo de exclusión social y hay un 10% de pobreza severa. Los criterios que se utilizan para ello, explica González, son religiosos en el caso de Cáritas y otras organizaciones de Fesbal: “No son políticas con las que las personas sientan que recuperan su dignidad”, dice este integrante de la RSP, una red que trabaja desde la autoorganización, en el que las personas que participan son “actores principales” y que, por tanto, no entra en el círculo creado en torno a la caridad organizada.
Espacios como el centro social Rey Heredia de Córdoba, la Acampada Dignidad de Mérida o Er Banco Güeno en Málaga son algunos de los ejemplos de estos otros modos de entender la organización en situaciones de necesidad. Reyero defiende este modelo frente al de las industrias de la caridad, creado “para que la gente no proteste”. Dos modelos que en varias ocasiones han entrado en colisión, como en el caso de Rey Heredia, que se topó con la negativa de una parroquia de Córdoba que no les incluía en su reparto porque les “hacía la competencia” o el caso del banco de alimentos del 15M de Tetuán, acosado por el Ayuntamiento de Botella hasta su cierre en junio de 2014 y denunciado por Fesbal por “uso indebido de la marca”.
Disparidad y subjetividad en las ayudas sociales
La última década ha sido una “montaña rusa” en gasto social. Lo dice la Asociación de Directores y Gerentes en servicios sociales. Y es que desde 2004 el gasto ha oscilado entre los 30.000 millones hasta el máximo de 62 mil en 2010 para regresar a una cifra baja (45 mil millones) en 2012 y a los 60 mil en 2013. Actualmente, el gasto no financiero en servicios sociales y promoción social representa el 1,5% del PIB del país. Esa Asociación, que publica cada año el índice Dec de desarrollo de servicios sociales 2014, consideró en las conclusiones de su último informe que los servicios sociales están “acusando un proceso de deterioro”, y que esto, coinciden con la promulgación de “leyes de nueva generación”, que proclaman derechos subjetivos en servicios sociales. La disparidad del desarrollo de los servicios sociales es también uno de los problemas que destaca este índice, una disparidad que lleva a que comunidades como La Rioja o la Comunidad Autónoma Vasca tengan un desarrollo medio alto y otras seis (Madrid, Andalucía, País Valencià, Galicia, Murcia y las Islas Canarias) tienen desarrollo irrelevante de sus servicios sociales.
