La propuesta educativa de la formación morada es un documento abierto de 80 puntos, en el que dos de los objetivos son evitar la segregación y consolidar el sistema público de enseñanza.
La red de escuelas concertadas del País Vasco goza de un concierto económico que se renueva cada seis años desde la última orden emitida en 2016. El curso actual, 2021-2022, es el sexto. Asegurar la financiación para los próximos seis años es uno de los objetivos implícitos de los grupos políticos que defienden la red educativa concertada. Evitar perpetuar este modelo económico que facilita la segregación en el aula es una de las 80 medidas explícitas planteadas en el documento abierto de Elkarrekin Podemos-IU sobre su propuesta para la próxima Ley de Educación, que se debate en el Parlamento Vasco.
Más allá de las intenciones —que la red pública se convierta en “hegemónica en diez años”, poner freno a la segregación mediante “un observatorio” y “oficinas municipales de matriculación”—, la propuesta de la coalición destaca por proponer fiscalizar la red concertada. En el curso 2016-2017 consumió 552 millones de euros repartidos en 294 centros en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca, que atendieron al 49% del alumnado en 7.495 aulas. En el presente curso, la inversión ha aumentado considerablemente, aunque el número de aulas haya descendido: 630 millones de euros para 311 centros concertados con 7.157 aulas abiertas.
Elkarrekin Podemos-IU propone prorrogar los actuales conciertos durante el próximo curso, “y si fuera necesario”, para el curso 2023-2024, pero “no habrá nuevos conciertos en estos dos cursos ni ninguna planificación que supere lo anteriormente estipulado para no hipotecar los acuerdos” del futuro Pacto Educativo. Paralelamente, insta a desarrollar “la normativa necesaria para que los centros concertados se sujeten a las auditorías que se estipulen y a las normas de transparencia contable que permitan asegura el carácter finalista en el empleo del dinero público”. Concreta en el punto 33 que los centros que segregan por sexo no podrán firmar conciertos educativos “ni recibir ningún otro tipo de ayuda o apoyo público”.
También abogan para que en dicho acuerdo se incluya una norma específica para la publificación de los centros que así lo deseen. Los conciertos educativos “que sigan siendo necesarios para cubrir la demanda educativa se realizarán de forma anual y se evaluará el cumplimiento de los requisitos anteriores como condición sine qua non para poder recibir financiación pública”, añade el punto 34.
Proceso de matriculación transparente
Otras medidas que destacan son las que persiguen terminar con un modelo de matriculación que perpetúa, curso a curso, la segregación: “Acabar con los procesos de selección de alumnado que realizan muchos centros y acabar con el uso espurio de la libertad de elección de centro, cuando esta supone la creación de centros donde no se traslada la diversidad social”, indica el segundo punto de la propuesta. Apuestan por una “matriculación transparente y equilibrada del alumnado, tanto en la matriculación inicial como en la viva —la que se produce durante el curso, mayoritariamente de niños recién llegados de otros países—”. La propuesta, presentada hoy, menciona también el sistema actual de puntos, que algunos centros utilizan para beneficiar a los niños de las familias que han sido alumnos de esas escuelas. Concertadas, normalmente.
A grosso modo, la propuesta apuesta por aumentar hasta el 7% el PIB destinado a educación en 2030 y bajar las ratios entre profesorado y alumnado, demanda histórica del profesorado y que va en consonancia con la actual bajada demográfica.
Más cocinas, menos caterings
El texto realiza un guiño a la propuesta de EH Bildu a la hora de incluir la palabra comunitaria, aumentar la autonomía de los centros y dotar a los ayuntamientos de un papel más preponderante en la comunidad educativa. En cuanto a las trabajadoras de las escuelas y al bienestar de las criaturas, Elkarrekin Podemos-IU defiende acabar con la subcontratación y externalización de los servicios de limpieza y comedores a través de un “proceso de publificación y gestión directa real”. El Gobierno vasco impulsó a principio de este siglo vaciar a las escuelas de cocinas y que los centros contrataran a empresas de catering. Este modelo trajo consigo uno de los mayores fraudes de la anterior década, que se saldó sin responsabilidades políticas.
El Tribunal de Superior de Justicia del País Vasco condenó en 2018 a siete empresas de catering al pago de una multa de 7,3 millones de euros por pactar el precio de los menús escolares entre 2003 y 2015. Pero la sentencia no estableció el sobrecoste, ni tampoco lo realizó a posteriori y de motu proprio el Gobierno vasco. La falta de actuación de Educación no solo se prolongó durante más de una década de precios pactados, tal y como recoge la sentencia, sino que continuó. Elkarrekin Podemos presentó en 2019 un informe en la comisión parlamentaria de investigación de los comedores escolares en las que evaluó el sobrecoste en 80 millones de euros. Aún hoy, el Departamento de Educación frena a los centros que desean volver a gestionar directamente su propio comedor. Elkarrekin Podemos propone construir cocinas y redactar “pliegos transformadores que no respondan a intereses de grandes empresas de catering, sino a necesidades de la comunidad educativa”.
“El actual sistema educativo funciona como una fábrica de desigualdades que mina la cohesión social, es necesario un cambio integral”, Miren Gorrotxategi, portavoz de Elkarrekin Podemos
Euskera
Sobre el modelo lingüístico, Elkarrekin Podemos-IU defiende el euskera “como instrumento para la cohesión social” y “superar el sistema de modelos A, B y D”. Plantean un “modelo lingüístico plurilingüe con el euskera como eje vertebrador”, en el que aspiran a que al finalizar la educación secundaria los estudiantes alcancen el nivel B2 en euskera y el B1 en inglés. Para garantizar la euskaldunización, “la administración debe reforzar los medios”, dado que “las competencias lingüísticas a las que nos referimos requieren de intervenciones adecuadas a las necesidades de cada escuela”.
El documento ha sido enviado a agentes educativos y la formación morada presentará su versión definitiva antes de la primera semana de febrero, tras reunirse con los agentes. Para la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, el actual sistema educativo funciona “como una fábrica de desigualdades que mina la cohesión social”, por lo que considera necesario “un cambio integral” encaminado hacia un modelo educativo “público, pluralista y crítico, que excluya los modelos de enseñanza mercantilizada, unidireccional y competitiva”, ha añadido el parlamentario Iñigo Martínez Zatón.
