El Ministerio de Igualdad da por iniciado el proceso para realizar una serie de modificaciones de la ley 2/2010, una reforma que no solo plantea eliminar las barreras al acceso al aborto que permite el texto actual sino abarcar la violencia obstétrica y prohibir los vientres de alquiler.
En España, hoy, se producen abortos clandestinos y hay mujeres que tienen que salir del país para acceder a una interrupción voluntaria del embarazado. Lo explica Silvia Aldavert, activista por los derechos reproductivos y coordinadora de l’Associacion de Drets Sexual y Reproductius de Catalunya. Son dos aspectos que preocupan a esta organización y que permite la redacción actual de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Los abortos clandestinos son el recurso que esta ley deja a las mujeres de 16 y 17 años, que tras la reforma de 2015 introducida por el PP por la cual estas jóvenes no pueden abortar sin el consentimiento de los padres. “Las chicas jóvenes que no pueden conseguir la autorización de sus tutores legales por la reforma que se hizo están abortando clandestinamente; y las que no lo consiguen pueden llegar a casos tan graves como el de la chica cuyo bebé acabó en el río Bessós o la que tiró a su bebé por la ventana”, advierte Aldavert. Dos casos excepcionales y gravísimos que tienen en común el que ambas mujeres, menores de edad, habían intentado abortar.
La ley actual levanta además una barrera a través de la exclusión sanitaria, que deja fuera a las mujeres migrantes o recién llegadas que no tienen tarjeta sanitaria.
“Sabemos que se pueden conseguir fármacos para abortar, ha pasado siempre y con internet es más fácil; esta legislación provoca que estas chicas que son las más vulnerables, desprotegidas, las dejemos solas haciendo unos abortos que en el mejor de los casos va bien pero que se están poniendo en riesgo”, asegura Aldavert.
Jóvenes de 16 y 17 años, mujeres sin tarjeta sanitaria y aquellas cuyo embarazo supera las 22 semanas quedan al margen del acceso al aborto libre con el texto actual de la ley, lo que la activista de l’Associacion de Drets Sexual y Reproductius Silvia Aldavert interpreta como un limitació de la libre decisión de las mujeres
Pero, además, Adavert advierte de que a día de hoy se dan algunos casos de mujeres que tienen que ir a Bruselas a abortar. Esto, explica, ocurre en casos de embarazos de más de 22 semanas, casos para los que la ley configura dos supuestos excepcionales de interrupción del embarazo: la detección de anomalías incompatibles con la vida o enfermedades “extremadamente graves” en el feto. En ambos casos, un comité experto debe autorizar la interrupción.
Para Aldavert, este comité viene a limitar la capacidad de decisión de las mujeres: “Vamos a ser realistas, más allá de las 22 semanas las mujeres que piden abortos de embarazados muy deseados que se encuentran con una realidad no esperada, omo para que encima te digan que te tengas que ir a otro país y te lo tienes que pagar”.
Por eso, para Aldavert, una reforma de la ley del aborto debe eliminar estas barreras, aunque esta activista pide a las responsables de esta reforma ser “transgresoras” y atreverse a ir hacia una despenalización total del aborto y pone como ejemplo Canadá, donde no existe una ley expresa pero el aborto está fuera del código penal y existe un dictamen de la Corte Suprema desde 1969 que fija el derecho al aborto como una prestación sanitaria más.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, apuntó en la intervención con la que inauguró la serie de conversatorios de salud sexual y reproductiva que tuvieron lugar el 8 y 9 de julio y con la que el Ministerio daba por iniciado el proceso de escucha para reformar la ley del aborto hacia cinco aspectos a tratar en la reforma.
En primer lugar, eliminar los tres días de reflexión que se imponen actualmente a las mujeres que solicitan una interrupción voluntaria del embarazo. En segundo lugar, penalizar el acoso a las clínicas donde grupos fundamentalistas se colocan a diario para increpar a las mujeres que acuden y a las profesionales que trabajan en ellas, como han venido denunciando los propios centros.
En tercer lugar, garantizar que se realizan los abortos en hospitales públicos y que las mujeres puedan elegir el método —farmacológico o instrumental—, algo que pasa por regular la objeción de conciencia. Además, Montero aseguró que se trabajará para avanzar en la despenalización definitiva del aborto, que a día de hoy permanece en el Código Penal. Y, en quinto lugar, la ministra aseguró que la apuesta es por desarrollar la educación afectivo sexual y garantizar el derecho a la anticoncepción “no solo como un derecho para las mujeres sino también mediante anticonceptivos para hombres”.
A estos aspectos, que suponen una reforma del texto actual y que van en línea con el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, se unen otros dos: Igualdad quiere abolir la explotación reproductiva —los vientres de alquiler— y abordar también la violencia obstétrica.
Esta misma semana Antonia Morillas, directora del Instituto de las Mujeres, da otro paso más hacia esta reforma e inicia en Andalucía una serie de encuentros territoriales con los que se pretende generar consensos para esta modificación legal.
Aborto legal en el hospital
Una de las claves de la reforma pasa por reflexionar sobre el sistema público de salud y el hecho de que, tras más de diez años en vigor de la ley 2/2010, este apenas asume la prestación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que vienen haciendo clínicas privadas mediante conciertos con las consejerías de Sanidad.
El informe de la Associació Catalana de Drets Sexuals y Reproductius El acceso voluntario al aborto en el Estado español: principales barreras identifica la objeción de conciencia como la principal barrera para acceder al aborto en la sanidad pública. “Dada la regulación vigente, el peligro es que no queda definido de qué manera se comunica y se acredita la autenticidad de la objeción de conciencia, dejando paso a un abuso ilegítimo del derecho”, concluye este informe.
De hecho, el estudio habla de “negativas institucionales” a realizar interrupciones voluntarias del embarazo en el sistema público, ya que es el conjunto de una institución quien rechaza llevar a cabo la intervención y no profesionales de forma individual, que son quienes ostentan el derecho a la objeción. La reforma de la ley del aborto, dice Adavert, tendrá que garantizar que la objeción de conciencia se puede llevar a cabo de manera individual y al tiempo que se garantiza el servicio.
Sobre si la iniciativa del Ministerio de Sanidad para que los centros de salud puedan hacer IVE farmacológicas conocida en eneropuede suponer una respuesta para poder abortar en el sistema público, Aldavert se muestra reticente, se muestra reticente: “Nos incomoda porque quiere decir que las mujeres no pueden decidir el método y no todas las mujeres pueden hacer farmacológicos”, dice. Y es que abortar con pastillas y en casa no es una opción para algunas mujeres. Además, cree que aunque generaría menos reticencias entre los médicos —que solamente tendrían que recetar los fármacos— es una solución barata, rápida y no molesta, pero que no se centra en las necesidades ni preferencias de las mujeres.
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