En plena campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo conviene recordar la influencia de las corporaciones religiosas en las políticas de la Unión y en el ámbito interno de los 27 Estados que la conforman. Con la seguridad, de antemano, de que ningún partido, grupo o coalición a lo largo de esta campaña electoral va a referirse a esa influencia, ni a los principios básicos de laicidad y de libertad de conciencia que en cada uno de los países y en el conjunto de la Unión debería imperar.
Hay que tener en cuenta que más de medio centenar de corporaciones y organizaciones religiosas están acreditadas como lobbistas ante la Comisión y el Parlamento europeos en el Registro de Transparencia del ejecutivo comunitario. No son un número importante si lo comparamos con los varios miles de grupos de diversa naturaleza que operan ante los organismos de la UE, pero su influencia es especialmente determinante en las políticas de la Unión. Sobre todo porque los grupos conservadores, liberales y los diversos progresistas, tanto en sus ámbitos nacionales como en la UE son proclives a marcar políticas multiconfesionales de forma muy mayoritaria, con muy contadas excepciones.
Los pasados días 15 al 17 de mayo se reunieron dirigentes religiosos de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE), la Conferencia de Iglesias Europeas (CEC), la Asamblea Interparlamentaria sobre la Ortodoxia, la Santa Metrópolis de Tesalónica y la Escuela de Teología de la Universidad Aristóteles de Tesalónica para tratar de influir ante los partidos políticos y los Estados de la Unión de cara a las elecciones de junio. Entre los múltiples mensajes y acuerdos destaco dos, por un lado: «Estamos unidos en espíritu y apoyamos los esfuerzos de todos los que aspiran a ver los valores cristianos en la sociedad europea», y por otro: «La idea de borrar los valores, las tradiciones y el lenguaje cristianos significa inevitablemente borrar nuestra propia identidad». Llegaron a la conclusión de que tienen que tratar de influir ante las y los políticos de los diferentes Estados de la Unión, porque, según ellos, «hay un creciente analfabetismo religioso entre los responsables políticos y, por lo tanto, para que Europa no pierda esos valores cristianos». De cara a las elecciones al Parlamento Europeo firmaron una declaración pública con el título «Europa, se tú misma, con tus raíces y valores cristianos» que han difundido a través de sus órganos de influencia en cada Estado y en Bruselas.
Ello significa que las diferentes corporaciones religiosas van a tratar de seguir influyendo ante el Parlamento Europeo, tras la próxima configuración y ante los 27 Estados que lo conforman.
Tras la reforma del Tratado Constitucional europeo de Lisboa de 2007, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, y en contra de una aspiración laicista de separación estricta de los Estados de las iglesias en el conjunto de la Unión, se expresa que las instituciones europeas no prejuzgarán y respetarán, en virtud del Derecho interno de cada Estado, las relaciones internas de éstos con las religiones u otras entidades filosóficas y no confesionales y expresa, además, que se mantendrá un diálogo abierto con las religiones.
Unido ello a una corriente de opinión política sesgada sobre unas supuestas «raíces cristianas» de los países europeos, se deja a la ciudadanía sin derechos comunes de carácter europeo a los que acogerse en materia de libertad de conciencia.
Lo mismo ocurre con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (perteneciente al Consejo de Europa de los 49), cuyos dictámenes casi nunca entran en conflicto con legislaciones o decisiones políticas o jurisdiccionales de cada Estado en relación a conflictos de intereses con las diferentes corporaciones religiosas, sean del tipo que sean.
En todos los Estados de la Unión Europea se observa un panorama de pasividad institucional ante el poder de las diferentes confesiones religiosas y de su intromisión en la política y en la vida pública, en cada Estado con sus propias características.
Por ejemplo, la Santa Sede mantiene Acuerdos concordatarios y convenios diversos, en los que se conceden diversidad de privilegios para la corporación católica, con diferentes Estados de la Unión. Son sobradamente conocidos los firmados con España (1979), Croacia, Italia, Portugal, Hungría, Austria, Polonia, Irlanda, Malta… los firmados con diversos estados federales alemanes y el curioso histórico del Departamento francés de la Alsacia-Mosela, que vulnera la Ley de separación iglesia – estado de 1905.
También diferentes religiones no católicas no sólo mantienen privilegios, sino que conforman una fuerte presión confesional, como -por ejemplo- en Grecia o Bulgaria las iglesias ortodoxas, diversidad de colectivos evangélicos mantienen presión en la mayoría de los Estados, así como los grupos de la religión islámica en casi todos los países de la Unión.
A modo de ejemplo, requiere una reflexión especial la casuística en la «laica» Francia, ya que las relaciones institucionales francesas y el mundo islámico, especialmente proveniente del Magreb, tienen una fuerte dimensión social y política interna a través de la presencia de una comunidad de origen musulmán que suma en total casi cinco millones de personas de distintas nacionalidades (incluyendo a los inmigrantes turcos, de Oriente Medio, de África y de Asia), cuya relevancia política ha crecido en los últimos años en un contexto de cierta tensión social. Sólo un 10% de los miembros de estas comunidades practican la religión musulmana, es decir, aproximadamente 500 000. La mayoría de los musulmanes practicantes están integrados en asociaciones registradas legalmente, sin plantear ningún problema político ni de seguridad. Sin embargo, algunas asociaciones religiosas islámicas son consideradas como «punto de encuentro del integrismo», alimentadas desde el exterior y toleradas desde hace años. Y este es un signo común en la mayoría de Estados de la Unión.
Es evidente el hecho, muy preocupante, de que en el ámbito de ciertas tendencias políticas se observa una cierta pasividad institucional ante la creciente influencia del patriarcado a través de las religiones, con el erróneo planteamiento de una mal entendida «libertad cultural».
También en esa carrera hacia un liberalismo feroz que se observa en el conjunto de la Unión, en unos Estados más que en otros (entre ellos en España), la privatización acelerada de los servicios públicos (Sanidad, Educación, Servicios sociales, etc. etc.) lleva a que gran parte de esas privatizaciones caen en manos de corporaciones religiosas constituidas en empresas. En la laica Francia, por ejemplo, el Estado (ya) financia casi un 20% de la enseñanza en manos de empresas religiosas, a raíz de la Ley Debré de 1959, de liberalización de la Enseñanza, que acepta el principio de subvención pública a los centros privados.
En referencia a España, las prioridades pasan por elaborar una Ley Orgánica de laicidad y libertad de conciencia, suprimir los Acuerdos concordatarios de 1979 y los acuerdos con otras religiones de 1992, sacar la religión de la escuela y suprimir los privilegios tributarios, eliminar la casilla del IRPF para la financiación de la iglesia católica, dejar de financiar los centros educativos de ideario católico y dar solución legislativa a las inmatriculaciones.
Ante toda esta compleja situación, la asociación española Europa Laica en colaboración con la AILP (Asociación Internacional del Libre Pensamiento) presentaron ante el Parlamento Europeo (ahora de los 27 estados) y a los diferentes grupos parlamentarios, el 30 de junio de 2014, la Carta europea de la laicidad y de la libertad de conciencia. Carta que también fue entregada ante el Consejo de Europa de los 49 y ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (se puede descargar completa en la web laicismo.org)
En resumen, la Carta viene a expresar que: la laicidad debería formar parte de todo proyecto jurídico y político de un Estado democrático y de derecho. Proyecto que se ha de asentar en, al menos, cuatro principios fundamentales: la libertad de conciencia de las personas a título individual; la igualdad de derechos sin privilegios, ni discriminaciones; la separación estricta de los Estados de las religiones y la universalidad de las políticas públicas. El objetivo de la laicidad debe ser una meta en la construcción europea, para lograr un marco de protección de la libertad de conciencia por encima de las fronteras nacionales.
Lo que implica una clara distinción entre el ámbito público y el privado y la estricta separación entre la política y las religiones u otros particularismos. Sin embargo, en el conjunto europeo se percibe una situación acelerada de pérdida de derechos y libertades cívicas en casi todos los campos y un acercamiento a postulados religiosos.
A nivel europeo existen diferencias entre los diferentes Estados. Hay países con una mayor tradición laicista, como la del modelo francés, originario del laicismo, y otros donde todavía hay una fuerte presencia del confesionalismo y el clericalismo en las políticas públicas, como por ejemplo en España, Polonia, Italia, Portugal, Grecia, Bulgaria, etc.
Ideologías como las religiosas y las neoliberales imponen sus formas excluyentes de entender el mundo y las relaciones interpersonales, su moral y dogmas particulares y sus políticas sociales desiguales al conjunto de la ciudadanía, generando con ello enormes desigualdades sociales y económicas y recortes de derechos a la mayoría de la población, y especialmente a los grupos más desfavorecidos por razón de clase social, sexo, orientación sexual, origen étnico o nacional, capacidades funcionales, etc.
Sería, por tanto, necesario impulsar el laicismo como movimiento a favor de la laicidad en todo el ámbito europeo. Pero mucho me temo que no va a ser posible. Hay demasiados intereses, y repito lo que expresaba al inicio de este artículo: tengo la seguridad de que en esta campaña electoral de 2024 ningún partido, grupo o coalición va a referirse a los principios básicos de laicidad y de libertad de conciencia que en cada uno de los países y en el conjunto de la Unión deberían imperar.
Si al final se confirmara que podría haber una derechización política de las instituciones de la Unión, el peligro de la influencia religiosa crecería exponencialmente. Y ello está por ver.
Francisco Delgado Ruiz, Grupo de Pensamiento Laico
