Varios grupos católicos que participaban en el movimiento de objetores detectaron en 2010 que miembros de la secta ultraderechista formaban parte de las acciones lanzadas contra el Gobierno del PSOE.
Las campañas ultracatólicas contra la asignatura Educación para la Ciudadanía contaron con la promoción de miembros de la secta ultraderechista El Yunque, que ayudaron a poner en marcha esas iniciativas. Ese respaldo no declarado –tal como ocurre con todas las actuaciones del Yunque– provocó un cisma entre las organizaciones que se habían sumado a las acciones contra la política educativa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El terremoto llegó incluso a lo más alto de la Iglesia Católica española, con parada en los tribunales.
Martes 30 de marzo de 2010. En la sede de la Federación España Educa en Libertad (ESEL), acérrimos enemigos de Educación para la Ciudadanía, tiene lugar una reunión entre varios grupos de padres que se oponían a que sus hijos recibieran dicha asignatura y el entonces presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela. Allí dentro se generaría un auténtico revuelo: los colectivos de objetores habían descubierto que El Yunque se había metido entre ellos.
El contenido de aquella conversación con el máximo jerarca de la Iglesia quedó reflejada en un documento que dos días más tarde fue enviado al grupo de correo electrónico desde el que se coordinaba la campaña de objeción contra Educación para la Ciudadanía. El texto aparece en el apartado de anexos del informe sobre las actividades de El Yunque en España elaborado por el filósofo Fernando López Luengos, miembro de ESEL, en respuesta a una petición de la Conferencia Episcopal.
«Sin haberlo sabido, ahora nos consta a todos los que nos dirigimos a
vosotros que el ‘movimiento objetor’, al que pertenecemos todos los que estamos en ‘redes’, está estrechamente vinculado desde su origen a personas que forman parte de una organización o asociación de naturaleza secreta o ‘reservada’, cuyo funcionamiento y alcance real nos es desconocido», señalaban los responsables de ese mensaje, que aparecen identificados con sus respectivos nombres y apellidos. Todos ellos pertenecían a distintos colectivos objetores que también aparecen citados en el encabezado.
Las acusaciones sobre la infiltración de El Yunque iban dirigidas hacia Profesionales por la Ética (PPE), una organización próxima al lobby ultraconservador Hazte Oír. Por entonces, PPE era uno de los grupos más activos en la oposición a Educación para la Ciudadanía.
«Una vez que hemos tenido la certeza de esta vinculación directa y de parte de su funcionamiento y fines, le planteamos abiertamente nuestra preocupación a Mons. Rouco, que nos dio una palabra muy clara: que nos desvinculáramos de Profesionales por la Ética (PPE) en este camino que un día emprendimos las plataformas», relataban los objetores, que advertían que el propio Rouco les había dado permiso para que hicieran pública su recomendación: «Nos autorizó expresamente a contar el contenido de la conversación que mantuvimos con él sin ningún tipo de reservas».
Los denunciantes sostenían además que desde ese preciso instante se desvinculaban de las acciones en las que participase PPE. «Nos jugamos demasiado y no puede estar en entredicho la falta de libertad, claridad y
confianza en nuestras acciones, que, no debemos olvidar, consisten únicamente en prestar un apoyo desinteresado a los padres que deseen seguir este camino».
En las horas previas a la difusión de ese mensaje, uno de los presuntos miembros de El Yunque y de PPE había enviado un mensaje privado a uno de los denunciantes, a quien amenazaba con llevar a los tribunales a raíz de un documento que había circulado entre los objetores y en el que aparecían datos de distintos integrantes de esa secta ultracatólica.
Repercusión judicial
En 2014, el Juzgado de Primera Instancia número 48 de Madrid consideró acreditada la relación entre El Yunque y «alguno de los miembros» de Hazte Oír, cuyos responsables habían formulado una denuncia contra López Luengos por su informe. De hecho, la magistrada actuante certificó que aquel documento era «esencialmente veraz».
«Durante el juicio, al menos siete testigos revelaron con nombres y apellidos
la identidad de los principales dirigentes de El Yunque en España», relata el investigador Román Cuesta en uno de los capítulos del exhaustivo informe ‘De los neocón a los neonazis. La derecha radical en el Estado español’, editado por la Fundación Rosa Luxemburg y coordinado por el periodista Miquel Ramos.
Las organizaciones involucradas rechazaron cualquier tipo de vinculación con la secta ultracatólica, aunque Hazte Oír fue incluso más allá: según ha revelado Público en base a los documentos obtenidos por Wikileaks, el lobby que dirige Arsuaga llegó a encargar un «plan de gestión» para negar la sentencia que les vinculaba con El Yunque.
En tal sentido, el investigador Román Cuesta destaca que a partir de aquella resolución judicial «se produce un rechazo de ciertos sectores de la Iglesia y del Partido Popular hacia El Yunque, que encuentra en Vox el nicho ideal para propagar sus postulados más reaccionarios en consonancia con el ideario de dicha fuerza política de ultraderecha».
