La decisión del Gobierno de Muhammadu Buhari de declarar proscrito al grupo chií Movimiento Islámico de Nigeria (IMN, por sus siglas en inglés) supone un nuevo frente de conflicto religioso en un país en el que muchos encuentran similitudes con los sucesos que desencadenaron el yihadismo de Boko Haram.
Esta prohibición llega tras años de protestas violentas, enfrentamientos y represión entre las fuerzas de seguridad y los integrantes de IMN en el norte del país.
El grupo, que posee lazos con Irán, representa la organización chií más importante de Nigeria; una nación de mayoría musulmana en el norte -pero predominantemente de la rama suní- y cristiana y animista, en el sur.
Se calcula que los chiíes nigerianos suman un total de tres millones de fieles -cifra que, según los analistas, tiende a la baja- y con frecuencia se enfrentan a la mayoría suní, a la que también pertenece el presidente Buhari.
«Conducir al IMN a la clandestinidad supondrá haber elegido la peor y más desproporcionada de las opciones disponibles», advertía en Twitter el activista y antiguo máximo responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nigeria Chidi Odinkalu.
Para muchos, esta medida podría forjar una herida más profunda en los problemas de seguridad y radicalización islámica que padece el país desde hace una década, cuando Boko Haram («la educación occidental es pecado», en lengua hasua) decidió tomar las armas.
Desde entonces, esta facción yihadista -junto a la escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés)- anhela implantar un Estado islámico en el norte del país, causando en su nombre más de 27.000 muertos y dos millones de desplazados.
Por su parte, los enfrentamientos entre miembros del IMN y del Ejército ya han provocado centenares de muertos y heridos desde 2015; año en el que la organización se enfrentó a un convoy militar en la ciudad de Zaria (estado norteño de Kaduna) con un saldo de casi 350 chiíes muertos.
El líder de este movimiento islámico, Ibrahim el-Zakzaky, permanece detenido desde entonces -pese a que una orden judicial de finales de 2016 decretó su puesta en libertad- y sus seguidores exigen su liberación en manifestaciones.
El Gobierno nigeriano, por su parte, describe la situación de Zakzaky como de «custodia protectiva» al haber incitado a la violencia en varias ocasiones.
A partir del 22 de julio, repetidos episodios violentos en Abuya en los que fallecieron al menos 13 personas -incluidos un periodista nigeriano y un agente de policía, y según el IMN más de una veintena de sus miembros- sirvieron como excusa para que un tribunal catalogase de actividades terroristas las acciones del grupo.
Tras ser declarados proscritos, contra todo pronóstico, el IMN acordó trasladar su lucha a la vía judicial y abandonar las calles: «Estamos trabajando en ello», explicó a Efe el abogado Femi Falana, representante de Zakzaky ante las Cortes nigerianas.
La organización chií considera que la prohibición es ilegal e inconstitucional e incluso habla de un intento de omitir la ausencia de justicia derivada de la masacre contra sus integrantes en 2015.
«Es una infracción descarada de la Libertad religiosa garantizada por la Constitución nigeriana», escribe el comentarista político Femi Aribisala, en una reciente columna periodística en el digital Sahara Reporters.
«Al ritmo que va el presidente (Buhari), si Zakzaky muere en prisión, Nigeria tendrá que lidiar con el Mohammed Yusuf (fundador de Boko Haram) de los chiíes, con ataques terroristas incesantes sobre ciudadanos inocentes simplemente por la incompetencia de los líderes nigerianos», agregó este crítico del Gobierno.
Los paralelismos entre Zakzaky y Yusuf no son menores. El segundo también uso su condición de minoría, frente al secularismo de la Administración nigeriana, para justificar desde 2002 la implantación de la sharía (ley islámica) en el norte del país.
Y, al igual que Zakzaky, también enmarca su lucha en la marginación que sufre el norte de Nigeria desde la presencia británica, que en el sur data de 1850, y que ocasionó que esta región siga siendo hoy la más pobre y atrasada del país.
El 30 de julio de 2009, Yusuf finalmente falleció bajo custodia policial y su sucesor, Abubakar Shekau, encabezó un giro radical al atentar también contra civiles, además de efectivos militares.
Por el momento, en una muestra de «buena fe» -según lo definió en un comunicado Ibrahim Musa, uno de los dirigentes del IMN- el grupo chií ha optado por una vía prudente al suspender las protestas y apostar por la vía legal.
Sin embargo, la «detención ilegal» de su líder religioso, como señala Musa, continúa siendo el principal obstáculo a salvaguardar ante una posible solución pacífica a este creciente conflicto.
