Después de casi una decena de requerimientos y tres apercibimientos, Martínez ha llevado este mediodía la documentación
Una reunión en Nunciatura y la llamada de varios obispos al Papa precipitaron los acontecimientos
La nota de la diócesis dice que pidió permiso a Roma el jueves, aunque reconoce que recibió la orden del juez el viernes
Después de casi una decena de requerimientos y tres apercibimientos – el último, con amenaza de sanción-, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha claudicado y esta mañana ha entregado ante el Juzgado de Guardia la «documentación requerida» sobre el «caso Romanones». Una entrega que, según ha podido saber RD, se ha producido a regañadientes, y después de una tensa reunión en Nunciatura, que ya no apoya al prelado.
Así las cosas, la Santa Sede ha tenido que recordar al arzobispo de Granada que, según los vigentes Acuerdos Iglesia-Estado, la normativa eclesiástica española y la propia voluntad del Papa, la colaboración con las autoridades debía ser plena. Tras conocer el ultimátum del juez, además, varios obispos se dirigieron a la Santa Sede para informar del peligro que podría acarrear una nueva desobediencia del prelado.
El conocimiento del caso de abusos en Oviedo, por el que el Papa Francisco ha expulsado del sacerdocio a un religioso, ha motivado que Doctrina de la Fe, finalmente, no quisiera que el asunto traspasase las fronteras de nuestro país, y ha forzado a Martínez a entregar la documentación.
Desde la diócesis, sin embargo, se trata de vender la cesión como una muestra de colaboración con las autoridades. Así, en un comunicado, el Arzobispado ha informado que, de acuerdo con la legislación aplicable y con las indicaciones de la autoridad competente de la Iglesia, «se le han transmitido las cautelas y reservas que protegen esa documentación», al tratarse de datos obtenidos «en el ámbito eclesial» y que responden «a la normativa canónica propia de ese ámbito».
Desde la curia se especifica que «tan pronto» el arzobispo tuvo conocimiento de estos requerimientos trasladó las notificaciones del juez a la Congregación para la Doctrina de la Fe, «única instancia eclesiástica competente en el tema». En una carta remitida el pasado 28 de mayo, este organismo autorizó al arzobispo a entregar al magistrado la documentación solicitada, con el propósito de que «pueda aclarar los presuntos hechos delictivos». Sin embargo, y si se sigue el relato del propio arzobispo, éste no recibió el ultimátum del juez Moreno hasta el viernes 29 por la mañana, lo que hace difícil que fuera en ese momento cuando «conociera el auto dictado por el Juzgado de Instrucción 4», como cita la nota.
Pese a todo, el Arzobispado de Granada quiere mantener el sigilo de las comunicaciones, apuntando que los documentos entregados se encuentran «protegidos» por un acuerdo de «rango internacional» y el procedimiento canónico «en manos de la Santa Sede», por lo que al prelado se le hacía «imposible» disponer «a su arbitrio» sin «violar tanto el ordenamiento legal vigente como la disciplina de la Iglesia».
La documentación entregada ahora, seis meses después de la primera solicitud, debería incluir las declaraciones ante la Iglesia de los sacerdotes acusados.
