Para Escuelas Católicas de Andalucía, la decisión representa un hito en la lucha contra la discriminación en el ámbito educativo
ElTribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado dos resoluciones que impedían al alumnado de ciclos formativos matriculados en centros privados obtener el complemento autonómico que facilita la participación en el programa Erasmus .
A instancias de Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), el alto tribunal ha anulado en Granada dos resoluciones administrativas al considerar que vulneraban la igualdad y el derecho a la educación del alumnado de centros concertados.
La sentencia, de la que ha informado en un comunicado ECA, deja sin efecto la orden de octubre de 2023 que determina el importe, para el curso 2023/2024, de lo que aporta la Junta al fomento de la movilidad académica europea en el programa Erasmus de los alumnos de centros docentes públicos de Andalucía.
Hace lo mismo con el acuerdo del Consejo de Gobierno de mayo de 2017 que autorizó las aportaciones para el mismo objetivo de fomentar la movilidad europea del alumnado matriculados en ciclos formativos de grado superior de centros públicos.
Según ECA, la decisión judicial reconoce que la exclusión de casi 7.000 alumnos que cursan sus estudios de Formación Profesional en centros privados concertados constituye una discriminación «injustificada y contraria a los principios constitucionales».
Escuelas Católicas de Andalucía ha reiterado que toda persona tiene el derecho a acceder a una educación de calidad en condiciones de igualdad, sin importar la titularidad del centro donde cursa sus estudios.
Han añadido además que el fallo del TSJA corrige una «injusticia» generada por la propia administración y han interpretado que envía un mensaje claro de que las políticas educativas deben garantizar un trato equitativo a todo el alumnado del sistema educativo público andaluz.
Para Escuelas Católicas de Andalucía, la decisión judicial representa un hito en la lucha contra la discriminación en el ámbito educativo y sienta las bases para que futuras medidas administrativas se formulen en consonancia con los derechos y garantías establecidos en la Constitución.
