La medida se ha llevado a cabo a petición del Ministerio de Justicia, que califica a la comunidad ‘queer’de «extremista».
El Tribunal Supremo de Rusia ha prohibido este jueves el movimiento LGTBI+ en el país a petición del Ministerio de Justicia. La decisión se ha respaldado en considerar al colectivo como una «organización extremista».
La noticia ha llegado después de que varias organizaciones por los derechos humanos pidiesen este miércoles al Tribunal Supremo que no prohibiese las actividades de la comunidad queer en el país ni la considerase extremista.
El principal argumento de estas asociaciones para defenderse es que el Movimiento Internacional Cívico LGTBI+ incluido en la demanda presentada por el Ministerio de Justicia, en realidad, «no existe». Este miércoles añadieron que llevar a cabo la prohibición, que ya se ha aprobado, sería inconstitucional: «Se contradirá con las cláusulas de la Constitución que establecen que Rusia es un Estado laico», señalaron desde las organizaciones.
El papel del Ministerio de Justicia
El pasado 17 de noviembre el Ministerio de Justicia pidió prohibir en el país las actividades del Movimiento Internacional Cívico LGTBI+ en virtud de la norma sobre la lucha contra actividades extremistas aprobada en julio de 2022. Esta ley permitió prohibir totalmente la propaganda LGTBI+ y el cambio de sexo.
Además, la Duma (cámara de los diputados rusa) ya había ilegalizado las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo, lo que provocó una gran alarma entre la comunidad transgénero.
Recientemente, el viceministro de Justicia, André Luguínov, aseguró ante la ONU que en Rusia «no hay discriminación ni persecución de la comunidad homosexual» y consideró que la prohibición de las manifestaciones públicas de la homosexualidad responde a los valores morales del país.
Sin embargo, el movimiento activista del país acusa a la Justicia de no perseguir los casos de violencia o discriminación contra las personas queer, a pesar de que la homosexualidad dejó de ser (al menos de manera legal) un crimen en Rusia en 1993.
Las asociaciones humanitarias piden apoyo internacional
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha reaccionado este mismo jueves ante las medidas de las autoridades, que según Tanya Lokshina, directora asociada para Europa y Asia, tienen un doble propósito: «Su objetivo es aumentar el uso de chivos expiatorios contra las personas LGBTI+ para atraer a los partidarios conservadores del Kremlin antes de la votación presidencial de marzo de 2024 y, por otro lado, paralizar el trabajo de los grupos de derechos humanos que luchan contra la discriminación y apoyan a las personas del colectivo».
En una presentación del 28 de noviembre ante la Corte Suprema, siete destacados grupos de derechos humanos rusos afirmaron que apoyar la demanda del Ministerio de Justicia sería discriminatorio y violaría una amplia gama de derechos. Temen, además, que el fallo permita a las autoridades procesar arbitrariamente a cualquier persona por cualquier actividad relacionada con los derechos LGBTI+.
Según la legislación penal rusa, participar o financiar una organización extremista —como ahora se considera a la comunidad queer— se castiga con hasta 12 años de prisión. Una persona declarada culpable de exhibir símbolos de dichos grupos enfrenta hasta 15 días de detención por el primer delito y hasta cuatro años de prisión por reincidencia. Las autoridades pueden incluir a personas sospechosas de estar involucradas con una organización extremista en la «lista nacional de extremistas«, congelar sus cuentas bancarias y prohibir que se postulen para cargos públicos.
En esta situación de alarma social, con las organizaciones y activistas rusos de derechos LGBTI+ ya en peligro y el riesgo de procesamiento exacerbado por el fallo de «extremismo» de la Corte Suprema, los países de todo el mundo deberían brindar refugio seguro a quienes se ven obligados a huir de Rusia frente a procesos penales u otras amenazas graves, según reclama HRW.
Otros países, y los Estados miembros de la Unión Europea en particular, dada su proximidad geográfica, también deberían permitir a los activistas que continúan su trabajo por los derechos LGBT en Rusia obtener visas de larga duración en caso de emergencia o asistir a eventos internacionales y reuniones con otras asociaciones.
«El ataque a los derechos LGBTI+ se ha convertido en un símbolo del rechazo de Rusia a los derechos humanos universales, ya que el Gobierno posiciona a Rusia como defensora de los llamados valores tradicionales en oposición al ‘Occidente colectivo‘», expuso Lokshina. «Las personas LGBT rusas necesitan apoyo ahora más que nunca».
