El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes las restricciones impuestas por el gobierno de Texas a las clínicas y los médicos que practican abortos en ese Estado. La sentencia supone un sólido respaldo al derecho al aborto en el país en el primer caso relacionado que estudia la máxima instancia judicial del país en casi una década.
El Estado de Texas aprobó en 2013 una ley que imponía nuevas condiciones a los médicos y las clínicas que practicaran abortos. Los jueces del Supremo sostienen que “ninguna de estas restricciones ofrece beneficios médicos suficientes para justificar la carga que impone al acceso” al aborto, asegura la sentencia, redactada por el juez Stephen Breyer. Cada una de las limitaciones, afirma Breyer “supone un obstáculo indebido” en el camino de las mujeres que busquen interrumpir su embarazo y “violan la Constitución”.
“El argumento de Texas es que sus restricciones son constitucionales porque protegen la salud de las mujeres que sufren complicaciones al abortar. La verdad es que las complicaciones son tan poco frecuentes como raramente peligrosas”, escribió la juez Ruth Bader Ginsburg en su dictamen adjunto a la sentencia. Ginsburg añadió que pensar que una ley como la de Texas “verdaderamente protege” a las mujeres “va más allá de lo racional”.
El dictamen del Supremo, por cinco votos a favor y tres en contra, llega además en el arranque de una campaña electoral por la presidencia marcada por las polémicas declaraciones del candidato republicano, Donald Trump, contra las mujeres, y el hecho de que por primera vez una estadounidense aspire a la presidencia del país. La aspirante demócrata Hillary Clinton ha asegurado estos meses que, si llega a la Casa Blanca, solo nombrará jueces comprometidos en la defensa del derecho al aborto.
Este lunes, minutos después de conocerse la sentencia, la candidata escribió en Twitter que la decisión es «una victoria” para las mujeres de Texas y de todo el país. “El aborto debería ser un derecho no solo en papel, sino también en la realidad”. En clave electoral, Clinton añadió que “la lucha no ha terminado”. “El próximo presidente debe proteger la salud de las mujeres, no castigarlas por ejercer sus derechos básicos”.
Los ocho jueces estudiaron la pasada primavera si la ley de Texas en 2013 creó una “carga indebida” sobre las mujeres que quieren abortar con el único objetivo de poner un obstáculo para ejercer uno de sus derechos constitucionales. El Gobierno de Texas argumentó ante los magistrados que sólo busca mejorar la calidad de la atención médica en estos centros, al exigir nuevos requisitos tanto a los hospitales como a los médicos que practican las intervenciones.
Los detractores, por el contrario, argumentaron que la ley ya ha provocado el cierre de 22 de las 41 clínicas de Texas en estos tres años. En la actualidad quedan 18, pero los demandantes aseguraban que podrían reducirse hasta 10 si el Supremo daba la razón al Estado. Según los abogados, la legislación “retrasa o impide que miles de mujeres puedan abortar y empuja a algunas de ellas a recurrir a métodos ilegales e inseguros para interrumpir su embarazo”.
El derecho al aborto fue reconocido por el Tribunal Supremo en 1973, pero los Estados guardan competencias que les permiten regular algunas limitaciones. Este contexto ha servido para que numerosos gobernadores republicanos hayan librado en los últimos años la conocida como “guerra cultural” contra las mujeres, restringiendo el derecho al aborto y el acceso a cuidados reproductivos, en sus Estados. La sentencia del Supremo ha sido un golpe contra ellos.
