El TEDH ha fallado en contra del Estado polaco en el caso de una mujer que se había visto forzada a viajar al extranjero para poder abortar, tras habérsele detectado anomalías en el feto. El nuevo Gobierno de Tusk dice estar “totalmente decidido” a cambiar la legislación, una de las más restrictivas del mundo
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha fallado este jueves en contra de Polonia en el caso de una mujer que se había visto forzada a viajar al extranjero para poder abortar, tras habérsele detectado anomalías en el feto, en concreto trisomia 21 (síndrome de Down). Así, el Estado polaco deberá indemnizar a la mujer con 16.004 euros, después de que el tribunal europeo se pronunciase a favor de la demandante por cinco votos contra dos.
La ciudadana polaca había programado el procedimiento médico de interrupción en Polonia, pero esa intervención fue cancelada tras un fallo emitido por el Tribunal Constitucional del país en 2020 y los consiguientes cambios legislativos. Ese dictamen de la Justicia polaca consideró ilegal el aborto en casos de malformaciones a raíz de una denuncia interpuesta por el partido ultraconservador entonces en el Gobierno (PiS).
Finalmente, la mujer, identificada con las siglas M.L y nacida en Varsovia en 1985, tuvo que viajar a una clínica privada en el extranjero para poder ser sometida al procedimiento.
“El Tribunal consideró que las modificaciones legislativas en cuestión, que la habían obligado a viajar al extranjero para someterse a un aborto, a un coste considerable y lejos de su red de apoyo familiar, tuvieron que tener un considerable impacto psicológico en ella”, ha indicado el organismo europeo con sede en Estrasburgo en el comunicado en el que ha anunciado el fallo. “Dicha injerencia en sus derechos y, en particular, en un procedimiento médico para el que había reunido los requisitos y que ya se había puesto en marcha, creó una situación que la privó de su derecho a las debidas garantías contra la arbitrariedad”.
Además, el TEDH resalta que la composición del Tribunal Constitucional polaco que emitió el polémico y restrictivo dictamen contra el aborto incluía “jueces que habían sido nombrados mediante un procedimiento manchado por serias irregularidades”.
En paralelo a este expediente, el TEDH ha declarado por unanimidad inadmisible otro caso que involucraba a 927 mujeres en edad de tener hijos que alegaban haber sido también víctimas de potenciales violaciones de derechos por culpa de los cambios legislativos polacos. “El Tribunal consideró que estas demandantes no habían aportado ninguna prueba de que hubieran corrido un riesgo real de verse directamente afectadas por las modificaciones legislativas. Por lo tanto, no podían alegar ser ‘víctimas’ en el sentido del Convenio Europeo” de Derechos Humanos, detalla el comunicado.
El nuevo Gobierno polaco dice que acatará la sentencia
El viceministro de Justicia del nuevo Gobierno polaco, Arkadiusz Myrcha, se ha mostrado este jueves partidario de aplicar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho al aborto, prohibido en casi todos los supuestos desde 2021, y el reconocimiento de las parejas de hecho homosexuales.
En una entrevista en la emisora polaca RMF24, Myrcha ha comentado la resolución emitida por el TEDH. “Las propuestas con soluciones que aliviarán la situación de las mujeres polacas llegarán, probablemente, dentro de unas semanas”, ha declarado Myrcha, quien subraya que la coalición de centro-derecha que acaba de tomar posesión del Gobierno “está totalmente decidida” a cambiar la legislación polaca, una de las más restrictivas del mundo.
El primer ministro, Donald Tusk, ya adelantó en su discurso de investidura del martes su intención de cambiar la ley “para que las mujeres polacas puedan vivir mejor y sin miedo” y durante su campaña electoral anunció que impulsará la legalización del aborto libre hasta la semana 12 del embarazo, si bien Tercera Vía, uno de sus socios de coalición, ha dicho que creen necesario celebrar un referéndum al respecto.
El anterior Gobierno, encabezado por el PiS, restringió en 2021 la interrupción del embarazo a casos en los que éste sea el resultado de una violación o en los que corra peligro la vida de la mujer, lo que motivó algunas de las mayores protestas registradas en el país en los últimos años.
