El órgano público de control deja a la institución fuera de su plan para 2017, lo que impide examinar su asignación vía IRPF, sus exenciones fiscales y sus conciertos educativos
Una minoría de tres consejeros se opone y pide realizar una «aproximación» para comprobar si los procedimientos de financiación «se ajustan al marco normativo»
El Tribunal, a preguntas de infoLibre, subraya que nada impide que la fiscalización de la Iglesia se realice en años venideros
La Iglesia, a pesar de que su financiación depende de ayudas públicas y beneficios fiscales, se libra en gran medida del escrutinio del Estado. El Tribunal de Cuentas, el órgano democrático responsable del control del sector público español, ha dejado fuera de su programa de fiscalizaciones de 2017 a la institución católica. La decisión ha provocado la oposición de tres de los trece miembros con derecho a voto del pleno del Tribunal de Cuentas, que creen urgente poner la lupa a la financiación pública de la Iglesia y denuncian que el órgano fiscalizador da largas injustificadamente al asunto.
La minoría discrepante tiene una posición tajante. Según su voto particular, la Iglesia es una institución con cuentas poco claras que se beneficia de una cantidad ingente –pero hasta ahora no cuantificada– de recursos públicos «sin rendir cuentas de su destino». Por ello, reclaman una «primera aproximación» a los fondos públicos que recibe para evaluar si el sistema de «asignación tributaria» se ajusta a la norma. En comparación con la Iglesia, exponen en su argumentación, incluso la Casa Real se esfuerza por ser transparente.
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