Las conclusiones de su informe constatan que la Iglesia vulnera la ley de la UE al usar los fondos del IRPF para financiar TRECE
Hay un desfase de más de 300.000 euros entre su Memoria de Actividades y la realidad, según las conclusiones preliminares del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas responsabiliza directamente a la Administración de la desidia sobre este tema y falta de control, puesto que esa Memoria nunca ha sido revisada ni formulada objeción de ningún tipo durante todos estos años
El Tribunal alerta de que tampoco existe plan alguno por parte de la Iglesia católica para su autofinanciación como así se comprometió en esos mismos Acuerdos
La Iglesia católica no justifica el dinero que recibe a través de la casilla del IRPF, unos 268 millones de euros el pasado año. Es más: hay un desfase de más de 300.000 euros entre su Memoria de Actividades y la realidad, según las conclusiones preliminares del Tribunal de Cuentas, que asume tanto la opacidad de la Iglesia como la inacción del Estado.
El dictamen del Tribunal de Cuentas, adelantado por Infolibre, ha sido duramente contestado por Europa Laica, que en una nota exige la “denuncia y derogación inexcusable de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979” al considerar que “se está vulnerando el principio de aconfesionalidad del Estado” al admitir una pérdida de ingresos por parte de las arcas públicas, que se agrava cuando parte de esos fondos se destinan no a fines pastorales o litúrgicos, sino a financiar proyectos comerciales, como TRECE.
“El Tribunal de Cuentas constata que la única obligación que tiene la Iglesia católica de justificar estos ingresos públicos -268 millones en el año 2017- es a través de entregar a la Administración una Memoria anual de gastos que, en sintonía con lo que Europa Laica viene denunciando sobre la misma, constata no puede ser considerada como tal sino solo una simple relación de actividades confesionales que no responde a lo realmente acordado de justificar los gastos de los ingresos tributarios recibidos”, denuncia el organismo, que añade que, según el informe del tribunal, “la Administración carece de información precisa acerca del destino efectivo de esta Asignación pública que se transfiere a la Iglesia católica, por lo que no se puede distinguir entre lo que la Iglesia destina a actividades confesionales de otras claramente mercantiles que vulneraría la legislación comunitaria sobre la libre concurrencia y las ayudas de Estado”.
“El Tribunal de Cuentas responsabiliza directamente a la Administración de la desidia sobre este tema y falta de control, puesto que esa Memoria nunca ha sido revisada ni formulada objeción de ningún tipo durante todos estos años, también por no tener establecidos criterios analíticos y contables al respecto”, señala Europa Laica, que resalta cómo “el superávit que la Iglesia católica declara disponer por esta Asignación -15,9 millones en 2017 y 19,3 en 2016- es claramente atípico y señal de que el Estado está financiando a la Iglesia católica a través del IPRF con más dinero de lo que figura en los Acuerdos de 1979”.
Asimismo, el Tribunal alerta de que tampoco existe plan alguno por parte de la Iglesia católica para su autofinanciación como así se comprometió en esos mismos Acuerdos.
En opinión de Europa Laica, el informe del Tribunal de Cuentas “corrobora las denuncias que venimos haciendo acerca de todo este tinglado confesional y el carácter de patraña que tiene la Memoria nada justificativa de la Iglesia católica”, y hace responsable “a la desidia, cuando no connivencia, de la Administración y los Gobiernos de turno por la falta de control del dinero público regalado a la Iglesia católica, además de por contradecir el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado”.
Por ello, afirman, “no existe razón para que el Gobierno progresista PSOE-UP no cumpla con sus promesas electorales y partidarias, y proceda sin más demora, después de más de cuarenta años, a la denuncia y derogación de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, los existentes con las confesiones minoritarias y cualquier legislación de privilegio, acabando de una vez con este vergonzoso sistema de subvencionar organizaciones privadas con los impuestos de todos, con una Iglesia católica que, de forma arrogante, ni siquiera justifica en qué los emplea”.
Desde la Conferencia Episcopal se prefiere, por el momento, mantener el silencio ante estas revelaciones.
