El Tribunal de Cuentas cree necesario más control de Estado sobre las cuentas de la Iglesia

Divergencias informativas sobre el Informe del Tribunal de Cuentas sobre la Financiación de la Iglesia católica, mientras ayer los medios resaltaban el cambio sobre el dictamen inicial aprobado en enero, hoy otros medios resaltan que se mantienen las críticas de aquel dictamen sobre las irregularidades de dichas cuentas. De momento la web del Tribunal no ha publicado el texto íntegro que nos permita conocer realmente el mismo. Dicho Informe ha sido publicado con posterioridad: VER


La financiación de 13 Tv sigue suscitando dudas porque puede ser contraria la las reglas europeas de competencia

El Tribunal de Cuentas ha aprobado por unanimidad el informe de fiscalización del dinero público que en 2017 recibió la Iglesia Católica y en el que deja clara la falta de transparencia de esa institución, amparada por el desinterés del Estado por controlar el dinero que anualmente le asigna a cargo del 0’7% del IRPF.

El informe al que ha dado su visto bueno el Tribunal de Cuentas ha provocado momentos de tensión entre los vocales durante la celebración del pleno. Y eso que la votación final ha sido unánime y que su contenido no es sustancialmente diferente del proyecto conocido el pasado enero, que provocó una dura reacción de la Conferencia Episcopal al considerarlo un ataque frontal por parte de los socialistas.

En él se señala que las memorias de los años 2016 y 2017 presentadas al Gobierno por la Conferencia Episcopal registran respectivos superávits de 19,3 y 15,9 millones de euros, lo que hace sospechar al Tribunal de Cuentas que pudo recibir más dinero del comprometido por el Estado del que necesita para “la consecución de su adecuado sostenimiento económico».

El Tribunal de Cuentas afirma que la Iglesia Católica utilizó 20 millones de euros en dos años (2016 y 2017) para financiar el canal de televisión privado 13TV, de que la propia Conferencia Episcopal confiesa ser socio mayoritario. Al tener dudas sobre la legalidad del uso de fondos públicos para mantener una actividad que pudiera atentar contra la libre competencia consagrada en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el órgano fiscalizador cree necesario estudiar esa financiación.

Queda en el aire, según el informe, la justificación de gastos realizados en 2017 por valor de 300.000 euros y se deja claro la imposibilidad de conocer de manera detallada el manejo del dinero por parte de las diócesis.

Pero la responsabilidad por la falta de información no sólo recae en la Iglesia católica porque el Tribunal de Cuentas apunta a la inacción del Estado en el control efectivo del destino de los fondos que le entrega. Ningún ministerio elabora informe alguno sobre las memorias que presenta anualmente la Conferencia Episcopal ni la financiación es debatida en órgano de seguimiento alguno en el que participe el Estado y la Santa Sede.

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