La Corte convocó a expertos, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales para un debate público e inédito sobre la interrupción del embarazo
La discusión sobre la despenalización del aborto hasta la 12ª semana de gestación avanzó en Brasil en la misma semana en que los senadores de la vecina Argentina se preparaban para deliberar sobre el tema (y rechazar la legalización). Mientras las argentinas se preparaban para ir a las calles a presionar al Senado, la Corte Suprema brasileña convocaba a expertos, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales para un debate público e inédito, celebrado los pasados viernes y lunes, dos meses antes de las elecciones generales de octubre. La Corte analizará una acción interpuesta en 2017 por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y la ONG Anis – Instituto Bioética a partir del caso de Rebeca Mendes, una brasileña que se vio obligada a abortar legalmente en Colombia ante la imposibilidad de hacerlo en Brasil. Reclaman que los 11 jueces del tribunal consideren incompatibles con la Constitución de 1988 los artículos 124 y 126 del Código Penal que penalizan el aborto. La mujer que lo hace de forma ilegal puede ser condenada hasta tres años de cárcel; el médico responsable del procedimiento, cuatro años. No se sabe todavía cuándo decidirán sobre el tema, pero la discusión abierta de un asunto considerado tabú ya es un hecho por si importante.
Brasil permite el aborto bajo tres supuestos: cuando la mujer sufre una violación, cuando el feto no tiene cerebro o cuando la gestión supone un riesgo para la vida de la madre. Se trata de una legislación más avanzada que la de países como Nicaragua, que prohíbe el aborto en todos los casos. Aun así, el número de procedimientos ilegales e inseguros sigue a niveles alarmantes. “La criminalización no impide que las mujeres aborten y, desde un punto de vista jurídico-constitucional, viola el derecho a la autonomía, la libertad, la ciudadanía y la vida de las mujeres”, explicó Luciana Boiteux, abogada del PSOL responsable del caso. El Ministerio de Sanidad calcula que de 2008 a 2017 se realizaron entre 9,5 y 12 millones de abortos en Brasil. Al menos cuatro mujeres mueren todos los días en hospitales públicos debido a procedimientos peligrosos en hospitales clandestinos o medicaciones abortivas, según el organismo. La mayoría son pobres, negras y poco escolarizadas, ya que no pueden hacer frente a los altos costes de una clínica abortiva en buenas condiciones. Las más pobres son también las que más comparecen ante la Justicia, según un estudio del Defensor del Pueblo de Río de Janeiro.
“Si el Supremo despenaliza el aborto, las mujeres y los médicos ya no podrán ser encarcelados. Se trata del primer paso hacia la legalización, que se hará efectiva con políticas públicas y que las mujeres puedan acceder a servicios públicos gratis”, añadió Boiteux. Sebastián Rodríguez, abogado para Latinoamérica y el Caribe del Center for Reproductive Rights, una ONG estadounidense, explicó a su vez a EL PAÍS que existen fundamentos legales para que los ministros del Supremo despenalicen los procedimientos hasta 12ª semana de gestación, una vez que el Derecho Internacional lo recomienda. “Según el Derecho Constitucional brasileño, existe la obligación de incorporar varios estándares internacionales en su ordenamiento legal”, explicó Rodríguez, que estuvo el viernes en el STF. “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [OEA] y de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas pueden ser aplicadas”, completó.
Los países que han cambiado sus legislaciones recorrieron distintos caminos: hicieron referendos (Portugal e Irlanda), alcanzaron mayorías en el Legislativo (España y Alemania) o en los tribunales constitucionales (Estados Unidos y Canadá). En Brasil, una nueva ola feminista que reclama una ley de plazos ha ocupado las calles y los espacios de discusión, impulsando el debate nacional. El 64% de los brasileños se decían contrarios a la despenalización del aborto en diciembre de 2016, según una encuesta del Instituto Datafolha. Un año después la cifra descendió a los 57%. Los que defienden la nueva legislación argumentan que se trata de un tema de salud pública y del derecho de la mujer de decidir sobre su vida y su cuerpo.
Pero la mayoría conservadora en el Legislativo no se aventura a sacar adelante una nueva ley. Ni siquiera a debatir el tema. Sin embargo, una comisión de la Cámara de los Diputados sí aprobó en 2015 dificultar y criminalizar los casos que hoy son admitidos. La solución fue llevar el tema al Supremo Tribunal Federal. “El debate es imposible, una vez que menos del 11% de los parlamentarios son mujeres. El Congreso está controlado por hombres ricos, blancos y que dicen ser religiosos”, explicó Boiteux, la abogada del PSOL. Los que condenan la interrupción del embarazo, como la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, que mandó a sus representantes a debatir el tema en el Supremo el lunes, apelan a cuestiones morales y religiosas. Argumentan que una vida empieza en la concepción del feto y creen que la legalización aumentaría el número de abortos – los datos internacionales muestran lo contrario.
No todos los religiosos que estuvieron en el Supremo así lo pensaban. El lunes, la pastora luterana Lusmarina Campos Garcia se refirió a la Biblia para respaldar la despenalización del aborto. El Antiguo y el Nuevo Testamento lo admiten, pero el texto sagrado ha sufrido una “apropiación machista”, aseguró. “Las inquisiciones contra las mujeres continúan, aunque travestidas de otras formas”, argumentó. “El único con poder de juzgar es Dios, y Dios es amor incondicional. La capacidad de generar una nueva vida es mucho más que cumplir una ley de la naturaleza, de la sociedad o de la religión. Se necesita una decisión reflexionada de hombres y mujeres que poseen la capacidad de elegir tener hijos e hijas amadas y deseadas”, completó.
“En EE UU, la Corte Suprema reconoce que no se va a llegar a un consenso precisamente debido a las diferencias políticas sobre el derecho a la vida y cuando empieza una vida. El tribunal hace un análisis estrictamente legal basado en el derecho a la privacidad y la ciudadanía, sobre si los derechos humanos de las mujeres son violados o no”, señala a su vez Rodríguez, el abogado del Center for Reproductive Rights. Explica también que el Legislativo muchas veces no es el espacio adecuado para decidir sobre el tema y cree que el STF debe proteger los derechos de las minorías. “La separación de poderes permite que el Supremo pueda revisar la jurisprudencia y determinar si se trata de una cuestión política o judicial”, explica. “Cuando hablamos de una decisión sencillamente política, no podemos decir que estamos en un ambiente democrático. Si las personas favorables al aborto son una minoría, entonces esa minoría nunca se va a hacer escuchar en el Parlamento. Así que legalizar el aborto es una cuestión de democracia, y el Supremo puede y debe representar los intereses de las minorías a partir de un análisis estrictamente legal”, añade.
El Supremo Brasileño se ha mostrado progresista en varias decisiones. El tribunal liberó los estudios con células madre embrionarias en 2008, permitió el matrimonio homosexual en 2011 y legalizó el aborto de fetos sin cerebro en 2012. Rodríguez cree que la jurisprudencia del STF es reconocida en todo el mundo y que una decisión puede impulsar una corriente “positiva o negativa” en la región. La vecina Argentina acaba de rechazar una ley de plazos, incorporada por Irlanda tras un referendo en mayo. “Esperamos que el STF asuma su liderazgo de manera responsable”, concluye.
