Los dueños de compañías privadas pueden alegar motivos religiosos para incumplir este mandato de la reforma sanitaria
El Tribunal Supremo de Estados Unidos respaldó este lunes que algunas empresas privadas pueden alegar motivos religiosos para negar seguros médicos que cubran el coste de anticonceptivos a sus empleadas. En la sentencia más importante del curso judicial, los jueces rechazaron la postura de la Administración Obama y uno de los apartados de la reforma sanitaria más controvertidos.
El dictamen de este lunes, el último del año, tiene implicaciones importantes para la reforma del sistema de salud impulsada por Obama hace cuatro años, así como para las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre. Se espera que entonces el Partido Republicano haga de este caso uno de sus argumentos políticos centrales para recuperar la mayoría en el Senado.
La máxima instancia judicial de EE UU, por una mayoría de cinco votos a cuatro, establece así que el Gobierno no puede obligar a los dueños de una empresa privada a proporcionar pólizas médicas que cubran anticonceptivos si esto va en contra de sus creencias religiosas. Según la sentencia, la Administración Obama no ha demostrado que esa sea la única vía para que las mujeres accedan a este tratamiento -incluida la píldora del día después-, ya que también puede financiarlo el Gobierno federal, y por lo tanto no puede imponer esa responsabilidad a los empresarios.
Los jueces admiten que el Gobierno ha creado un sistema para que las organizaciones religiosas que tengan objeciones a la obligación de proporcionar anticonceptivos, “no ha aportado sin embargo una razón suficiente por la que ese mecanismo no pueda estar disponible para aquellos empresarios de compañías privadas que tengan las mismas objeciones”, escribió el juez Samuel Alito en la sentencia. “Consideramos que ese sistema es una alternativa que cumple con todos los objetivos del Gobierno y además proporciona un mayor respeto a las libertades religiosas”.
La juez Ruth Ginsburg, veterana defensora de los derechos de las mujeres y de las minorías en la corte, advirtió en su opinión -en representación de los cuatro jueces que se oponen al dictamen- que la sentencia es de “una amplitud sorprendente” por sus consecuencias futuras (se estima que el 99% de las mujeres estadounidenses ha empleado algún tipo de anticonceptivos). “Este tribunal, me temo, acaba de adentrarse en un campo de minas”, añade Ginsburg. Kennedy, sin embargo, rechaza esta postura en un escrito adjunto a la sentencia, asegurando que el Gobierno cuenta con mecanismos suficientes para que ninguna mujer encuentre obstáculos para acceder a los tratamientos que le son garantizados por ley.
El Supremo estudió esta primavera las demandas de dos empresas cuyos dueños argumentaron que la obligación de proporcionar tales pólizas médicas, que cubren el coste de anticonceptivos, violaban sus derechos religiosos. La cuestión clave fue formulada durante la audiencia esta primavera por la juez Sonia Sotomayor: “¿Cómo practica su religión una empresa?” preguntó a los abogados de las dos compañías demandantes.
La Primera Enmienda de la Constitución estadounidense establece que el Gobierno no podrá aprobar ninguna ley que limite el libre ejercicio de la religión, sin embargo, estos dos casos plantearon si ese derecho, correspondiente a los ciudadanos, se puede extender también a las empresas. Los demandantes se amparaban en la Ley de Libertad Religiosa de 1993, según la cual si una normativa limita el libre ejercicio de la religión de un ciudadano deberá cumplir con un interés general del Gobierno. La corte debía determinar por tanto si esa libertad
Este Tribunal, me temo, acaba de adentrarse en un campo de minas”, añade Ginsburg"
La Administración Obama determinó en 2012 que todas las empresas, a partir de un cierto número de empleados, debían proporcionar seguros médicos que cubran el coste de los anticonceptivos, sin gasto adicional para la consumidora -como ocurría antes de la reforma sanitaria. A pesar de que los anticonceptivos pueden ser recetados por cuestiones médicas, los demandantes se oponen a su consumo al equipararlas con el aborto.
Aquella decisión provocó un intenso enfrentamiento entre la Casa Blanca y diferentes organismos religiosos de EE UU, que reclamaron una excepción para las instituciones, así como para ONGs de afiliación religiosa. Obama cedió y aprobó que los grupos religiosos no tuvieran que costear el gasto de tratamientos anticonceptivos, sino que simplemente les obligaría a garantizar que sus empleadas sí tengan acceso a pólizas que los cubran.
El remedio para aquella crisis no fue suficiente y en los últimos dos años numerosas empresas han presentado demandas similares a las consideradas por el Supremo. Sus dueños no representan a organizaciones religiosas y no pueden atenerse a la misma excepción legal, pero defendieron que la ley les obliga a actuar en contra de sus creencias bajo amenaza de una penalización económica. El Supremo les acaba de dar la razón y se espera que la Administración Obama determine muy pronto cómo garantizar el acceso de millones de mujeres a uno de los beneficios que hasta ahora debían proporcionar las empresas para las que trabajan.
Celebración ante el Supremo tras la sentencia. / MARK WILSON (AFP)
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