La próxima semana, las dos cámaras del Parlamento deberán reunirse en un congreso para la votación definitiva de la reforma constitucional. Las enmiendas que hubieran obligado a retrasar la tramitación enviando el texto a la Asamblea fueron rechazadas
El Senado francés aprobó este miércoles por amplia mayoría (267 votos a favor, 50 en contra) la proposición para inscribir en la Constitución la “libertad garantizada a la mujer de recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo”. El voto favorable, que se suma al de la Asamblea Nacional, permite al Gobierno convocar un congreso para la reforma constitucional que se celebrará “la semana que viene”, según ha declarado la portavoz del Ejecutivo, Prisca Thevenot.
Los debates en el Palacio de Luxemburgo, sede de la cámara alta del Parlamento francés, se preveían tensos. Por un lado, el Gobierno, apoyado por la izquierda, a favor de que aparezca en la Constitución –una promesa electoral de Emmanuel Macron–; por otro, una parte de la derecha y varios partidos de centro escépticos con la formulación de la reforma para incluir el derecho a al aborto en la Constitución. Entre las personalidades importantes de la Cámara alta que se oponían a la medida estaban los tres líderes de la mayoría conservadora: el presidente del Senado, Gérard Larcher; el líder del grupo Los Republicanos, Bruno Retailleau y el presidente de la Unión Centrista, Hervé Marseille.
El aval del Senado era necesario, sin que se introdujese ninguna modificación, para que la reforma pasara a la siguiente etapa: el congreso constitucional que reunirá las dos cámaras del Parlamento y en el que será necesario el voto favorable de tres quintas partes de senadores y diputados.
“Hoy se debaten tres principios: la libertad de la mujer para abortar, la libertad de conciencia de los médicos y del personal sanitario, y el principio de salvaguarda de la dignidad humana”, comenzó diciendo el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, en defensa de la reforma. “La libertad de abortar no es una libertad como las demás, porque permite a las mujeres decidir su futuro. Una democracia no puede controlar plenamente su destino si las mujeres que viven en ella no tienen la libertad para controlar el suyo”, añadió.
La redacción final elegida por el Gobierno francés ha sido el resultado de un equilibrio entre una primera versión aprobada por la Asamblea, que hablaba de “derecho al aborto”, y de un texto aprobado por el Senado el año pasado que cambió la palabra ‘derecho’ por ‘libertad’. Finalmente, el Ejecutivo optó por la expresión “libertad garantizada” para buscar el apoyo necesario en ambas cámaras. Una de las enmiendas que tenía más posibilidades de prosperar, y que ha sido finalmente rechazada, proponía la eliminación del término “garantizada”.
Cláusula de conciencia
Uno de los puntos fundamentales del debate en el Senado, objeto de una propuesta de enmienda, fue la garantía de la cláusula de conciencia para los médicos, una inquietud repetida entre una parte de la derecha. En Francia, la ley de 1975 ya establecía este derecho, mantenido hasta hoy, con una cláusula de conciencia específica que se aplica no sólo a los médicos sino también a cualquier trabajador que intervenga en el procedimiento. No obstante, en caso de ejercer esa prerrogativa, los médicos deben informar inmediatamente a sus pacientes y remitirlas a un equipo médico competente.
Una parte de los senadores temía que la “libertad garantizada” de las mujeres para recurrir al aborto, al incluirse en la Constitución, pudiese dar lugar a una jurisprudencia contra los médicos que no deseen practicar la intervención, a pesar de los múltiples desmentidos del ministro de Justicia sobre este punto. “Nuestro temor es que ningún senador, ni siquiera un ministro de Justicia, puede garantizar que mañana una jurisprudencia pueda crear un derecho exigible al respecto”, defendió el senador de Los Republicanos, Bruno Retailleau.
En las semanas previas, las asociaciones de defensa de los derechos de la mujer había redoblado sus esfuerzos para convencer a los senadores, y a lo largo de la tarde del miércoles en París se celebraron varias concentraciones en las inmediaciones del Senado.
Respuesta a la anulación de Roe vs Wade
La protección constitucional del aborto en Francia comenzó a fraguarse en 2022 con una propuesta conjunta de varios grupos políticos franceses en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular el caso Roe contra Wade, una sentencia que garantizaba el acceso al aborto en todo el país. En el Estado francés la interrupción del embarazo está garantizada desde 1975, año en el que se aprobó la ley Veil (denominada así por Simone Veil, ministra de Sanidad que impulsó la medida).
En medio de este debate, hace unos días la cadena de noticias conservadora Cnews creó una polémica nacional con una infografía en la que situaba el aborto como primera causa de mortalidad en el mundo, por delante del cáncer y del tabaquismo. “No ha sido en FoxNews, sino en Francia, en un canal francés, donde anteayer se asoció el número de abortos con el número de muertes por cáncer y tabaquismo”, denunció Éric Dupond-Moretti.
La última revisión de la legislación data de 2022, una reforma que amplió el plazo legal para abortar hasta la decimocuarta semana de embarazo (como ocurre en España desde 2011). En el debate del miércoles varias intervenciones pusieron de relieve las implicaciones de la inscripción constitucional del derecho de las mujeres al aborto, como la importancia de reforzar la protección legal en un contexto de crecimiento de la extrema derecha, citando los ejemplos de Hungría, Polonia y Estados Unidos. También se mencionaron algunas de las amenazas que pesan sobre él, como las vinculadas a las campañas de desinformación antiabortista en las redes sociales.
Por otro lado, a pesar de las constantes evoluciones de la legislación, el acceso al aborto sigue siendo frágil en la práctica: los plazos y los desplazamientos para poder acceder a esta práctica (ya sea con un fármaco o una intervención quirúrgica) siguen siendo desiguales en función del perfil o el nivel social de las mujeres y la disponibilidad de centros cerca de su lugar de residencia. La noción de “libertad garantizada” debe facilitar la movilización de recursos asignados para mejorar precisamente ese acceso.
