Es un paso hacia la reducción del déficit cargando el coste al ciudadano
El Ministerio de Justicia, en un alarde de hiperactividad, ha puesto en marcha numerosos proyectos entre los que se encuentra la concentración en el tradicional Registro de la Propiedad de una serie de atribuciones completamente ajenas a la función jurídica que por su propia naturaleza le corresponde. La Ley Hipotecaria atribuye exclusivamente al Registro de la Propiedad la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos a la propiedad y demás derechos sobre bienes inmuebles, incluida la hipoteca, cuyo procedimiento de ejecución en el caso de las viviendas ha sido calificado como un instrumento depredador por el Tribunal de Justicia de la UE.
Con el pretexto de la modernización tecnológica se pretende aglutinar en torno al Registro de la Propiedad inmobiliaria todos los actos relativos al estado civil de las personas como los nacimientos, matrimonios y defunciones. Se manejan una gavilla de obviedades para ocultar sus verdaderos propósitos, que no son otros que privatizar y mercantilizar las certificaciones relativas al estado civil de las personas que, hasta el momento, se otorgan gratuitamente y con toda serie de garantías por el Registro Civil que había sido actualizado por Ley de 22 de julio de 2011, cuya entrada en vigor se demoró, por razones que ahora comprendemos, hasta el año 2014.
Si la finalidad perseguida era la creación de un macro Registro Central equivalente a una especie de Gran Hermano, el proyecto se queda inexplicablemente corto. Puestos a concentrar podían haber aprovechado el impulso integrador para incluir todo lo que puede ser registrado. Por qué no añadir el Registro de Marcas y Patentes, el Registro de Actos de Última Voluntad, el Registro de Asociaciones y Fundaciones, el Registro de la Nobleza y de paso el Registro de Confesiones Religiosas que depende del Ministerio de Justicia. No encuentro argumentos jurídicos que sirvan para rechazar estos últimos y justificar la absorción del Registro Civil.
La cantidad y calidad de datos sensibles que se van a acumular en el Gran Registro será muy superior a la que almacenan los ordenadores centrales de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Ya sabemos que la Agencia de Protección de Datos puede fiscalizar su tratamiento y confidencialidad pero nos parece absolutamente innecesario crear nuevas fuentes de inseguridad para la intimidad de las personas. No encuentro a lo largo del texto del proyecto ninguna explicación plausible que pueda justificar el riesgo que se crea.
Se atribuye a los registradores de la Propiedad, por obra y gracia de la voluntad del legislador, la resolución de materias que afectan al desarrollo de la vida y al ejercicio de los derechos fundamentales de las personas invadiendo materias constitucionales que les están vedadas. Toda esta aglomeración de funciones se justifica por razones técnicas y de efectividad ocultando, de manera casi infantil, las verdaderas. Las inscripciones en el Registro Civil de los nacimientos, matrimonios y defunciones son gratis y dicen los legisladores que seguirán siéndolo. Manipulan burdamente la realidad: las certificaciones de estos actos que son imprescindibles para que el ciudadano pueda desarrollar sus múltiples actividades. Ocultan que llevarán una tasa que cobraran los registradores y gravará al ciudadano.
Las cuentas claras. Las certificaciones expedidas por el Registro Civil de Madrid, área metropolitana, ascendieron a cerca de 800.000 en el año 2012. Si ponemos una tasa de 10 euros y la proyectamos sobre la totalidad de la población, calculen a cuánto puede ascender la suma recaudada en todo el territorio nacional.
Creemos que es imprescindible paralizar el proyecto y explicar con claridad a los ciudadanos por qué lo que ahora funciona perfectamente y es gratis se convierte en una nueva fuente de recaudación en detrimento de muchos y beneficio de unos pocos. Los grupos parlamentarios que apoyen el proyecto deben ser conscientes de su finalidad. Un paso más hacia la reducción del déficit presupuestario cargando los costos de un servicio público de primera necesidad sobre los bolsillos exhaustos de todos los ciudadanos sin tener en cuenta su capacidad económica.
José Antonio Martín Pallín es abogado, magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.
