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El PSOE pretende reducir el poder de la Iglesia sobre el Valle de los Caídos

Propone eliminar la referencia al Valle de los Caídos como lugar de culto que hace la actual Ley de Memoria Histórica.
La iniciativa del grupo parlamentario socialista derogaría los decretos franquistas que regularon la presencia de los monjes benedictinos en el lugar.
Un Real Decreto del Gobierno debería regular las nuevas normas por las que se regirá el Valle.

El PSOE ha trazado la hoja de ruta que tiene que transitar el Gobierno para eliminar los poderes que tiene la Iglesia católica sobre el Valle de los Caídos. Una proposición de ley presentada en el Congreso pretende eliminar la referencia que hace la Ley de Memoria Histórica a este espacio como “lugar de culto”.

Además, la iniciativa parlamentaria prevé derogar los decretos por los que Franco acordó el establecimiento de una abadía benedictina. El actual prior de esta abadía se ha opuesto a la entrada de personal de la Administración del Estado dentro de la Basílica para realizar la exhumación de Franco.

La proposición de ley podría allanar las dificultades que encuentra el Gobierno para actuar dentro de la Basílica del Valle (donde está la tumba de Franco) por tratarse de un lugar de culto. Este carácter, además de ser una de las razones del prior para no autorizar la entrada en la Basílica, es uno de los argumentos esgrimidos por la familia Franco ante el Tribunal Supremo para evitar la exhumación. Los familiares consideran que el Gobierno no puede actuar dentro de la Basílica.

La reforma legal propuesta por el PSOE en el Congreso de los Diputados cambia el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica y señala que el Valle de los Caídos “es un cementerio civil” a secas. De esta manera elimina la forma en la que está redactado este artículo en la ley vigente, que señala que “el Valle de los Caídos se regirá estrictamente por lar normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos”.

A pesar de eliminar esta referencia, en el grupo parlamentario socialista explican que la proposición no entra en si la Basílica deja o no de ser considerado lugar de culto. La actual regulación sobre cementerios señala claramente que estos tienen carácter público, aunque existen diferencias en la regulación autonómica respecto a la autoridad sobre los enterramientos en criptas o en el interior de las iglesias.

El comité de expertos creada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapateroen 2011 sobre el futuro del Valle reconoció el carácter de lugar de culto de la Basílica. Sin embargo también señaló el camino para cambiar totalmente el estatus jurídico de todo el lugar, como ya publicó MONCLOA.COM.

Estas medidas son las que ahora aborda el PSOE para que el Gobierno se tenga el control total sobre el lugar donde se encuentran enterrados los restos de miles de víctimas de la Guerra Civil, pero especialmente los del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y del dictador Francisco Franco.

Estos últimos, a diferencia de los demás, están enterrados dentro de la Basílica. El comité de expertos señaló que esto suponía una dificultad para actuar en estos dos casos, cosa que no ocurría con el resto.

El informe de la comisión de expertos que estudió el futuro del Valle de los Caídos en 2011 señaló la posibilidad de derogar el decreto de 1957 que estableció la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Esta fundación es la que, a su vez, llegó a un convenio con los monjes benedictinos para que se establecieran en la abadía del Valle de los Caídos.

LOS MONJES DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

Los expertos incluso llamaron la atención sobre el hecho de que la regulación permitía sustituir a esta comunidad religiosa por otra si no cumplía las obligaciones que les imponía el convenio con la Fundación y, por lo tanto, con el Estado. Esta posibilidad olvidada cobró actualidad cuando el prior de la abadía denegó al Gobierno la entrada en la Basílica para la exhumación de Franco.

De hecho tras la publicación de estos detalles en este periódico, el senador de Compromís, Carles Mulet, realizó una pregunta por escrito al Gobierno en la que le interrogaba si el Ejecutivo pensaba “pedir al Vaticano la sustitución de los benedictinos por otra orden religiosa menos facha”.

El senador consideraba que los benedictinos no habían cumplido las obligaciones del convenio para la gestión del Valle de los Caídos. El comité de expertos ya había señalado en su momento que algunas de esas obligaciones se habían convertido en anacrónicas.

En cualquier caso, el Gobierno respondió al senador Mulet que se reservaba “todos los instrumentos legales a su disposición” para dar cumplimiento al mandato del Congreso para que realizara la exhumación de los restos de Franco.

La proposición de ley presentada por el grupo socialista del Congreso incluye la derogación de los decretos que establecen la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Esto podría servir, siguiendo lo que señalaron los expertos, para evitar la presencia de cualquier entidad religiosa en el lugar.

Igualmente, también serviría también para dejar más claro aún si cabe que las instalaciones del Valle de los Caídos son del Estado. Por lo tanto, también que es el Gobierno el que decide sobre lo que se hace dentro de las instalaciones, y no el prior de la abadía.

En el proceso abierto para intentar la exhumación, el entorno de la familia Franco (la Fundación Francisco Franco) han llegado a poner en duda este extremo, ya que alegaban que las instalaciones son de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Por su parte, el Gobierno también ha alegado que entrar en la Basílica no atenta contra la libertad religiosa.

LA AUTORIDAD SOBRE LOS CEMENTERIOS

Por otro lado, la Ley de Patrimonio Nacional contiene una previsión, que nunca se han hecho efectiva, para cambiar el régimen jurídico de los bienes del Valle y adecuarlo a la normativa posterior a la muerte de Franco. Entre esos asuntos, los sucesivos gobiernos debían haber regulado lo referido a aquellos bienes que “deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas”.

La proposición presentada por los socialistas, de ser aprobada, dice por lo pronto que el Valle de los Caídos es un cementerio civil. Un nuevo real decreto del Gobierno, según la propuesta del PSOE, tendrá que establecer las nuevas reglas de funcionamiento de lugar donde todavía hoy se encuentra enterrado Franco.

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