Sumar se interesa por la postura del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes acerca de declarar «nulas de pleno derecho» las inmatriculaciones de la Iglesia y el Gobierno lo descarta.
La Secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes y Relaciones Institucionales, dependiente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige el socialista Félix Bolaños, ha respondido a una pregunta por escrito de Sumar que el Gobierno no tiene pendiente «obligación alguna» en relación a elaborar un listado con las inmatriculaciones de la Iglesia entre los años 1945 y 1998.
La polémica con las inmatriculaciones de la Iglesia viene de muy lejos. El propio Partido Socialista impulsó una proposición no de ley (PNL) en 2017 para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy elaborara un listado de las inmatriculaciones de la Iglesia entre los años 1998, cuando el Gobierno de José María Aznar reformó la Ley Hipotecaria, y 2015. El estudio tardó mucho. Tanto que fue el propio Gobierno de Sánchez el que terminó publicándolo en 2022. El resultado, 34.961 fincas inmatriculadas por parte de la Iglesia católica entre el 1 de enero de 1998 y la entrada en vigor de la última reforma de la ley, en 2015. No será posible conocer qué cantidad de bienes inmatriculó la Iglesia antes de 1998
Lo que pide ahora Sumar, a través de los diputados Enrique Santiago y Toni Valero, ambos de Izquierda Unida, es que ese listado se amplíe e incorpore todos los bienes que la Iglesia se apropió sin tener que demostrar ningún título de propiedad entre 1945 y 1998, habida cuenta de que la Ley Hipotecaria, la que daba a la Iglesia esa potestad, se aprobó en 1946, en pleno régimen franquista. En cualquier caso, el Gobierno desoye la petición de Sumar por falta de «obligación», tal y como ha podido comprobar Público, que ha tenido acceso a la respuesta. No será posible conocer, por tanto, qué cantidad de bienes inmatriculó la Iglesia antes de 1998.
También preguntan Santiago y Valero si el Gobierno piensa «declarar nulas de pleno derecho las inmatriculaciones». Y tampoco accede el Ejecutivo a esa petición. «La inconstitucionalidad de las normas», responde el Ministerio de Justicia, «debe producirse con arreglo a los procedimientos que establece el ordenamiento jurídico y ni el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 206″ —el que, en la ley franquista, permitía las inmatriculaciones de la Iglesia— «ni se planteó cuestión al respecto por parte de alguno de los tribunales que conoció de causas en la que se aplicó dicha norma».
En sus preguntas, Sumar también ha ahondado en un caso concreto, el de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que la Iglesia se apropió en 2006. Tal y como recuerdan fuentes de la formación, «lo hizo a través de la inscripción realizada por el obispo cordobés Juan José Asenjo a nombre de la Diócesis de Córdoba». Lo pudo hacer porque la Ley Hipotecaria no se reformó para impedir este tipo de abusos hasta el año 2015.
Un año después de la reforma, el Ayuntamiento de Córdoba concluyó en un informe —que se reafirmó en 2018— que nadie puede adquirir la propiedad de la Mezquita al tratarse de un monumento fuera del comercio humano. Además, instó al Gobierno a poner remedio. Los diputados de Sumar insisten al Ejecutivo en este sentido y le preguntan cuándo va a «restituir la legalidad conculcada en el caso de la Mezquita de Córdoba, devolviéndola a dominio público«. El Gobierno no se pronuncia a ese respecto.
1.000 bienes devueltos por parte de la Iglesia
De los casi 35.000 bienes que la Iglesia inmatriculó entre 1998 y 2015, 20.000 son lugares de culto y otros 14.000 son ajenos al culto. Son cifras que dio el propio Félix Bolaños en 2022. El Ejecutivo llegó al acuerdo con la Conferencia Episcopal de que la Iglesia devolviera 1.000 de esos 14.000 bienes ajenos al culto que no estaban debidamente inmatriculados según La Monlcoa. La Iglesia dijo que fueron errores de inmatriculación, es decir, que se les adjudicaron a la Iglesia por error.
Como contó Público, las asociaciones que luchan por la recuperación del patrimonio y la nulidad de las inmatriculaciones califican de «apaño» el pacto entre Gobierno y la Conferencia Episcopal. Además, cifran en 100.000 los bienes que la Iglesia Católica pudo inmatricular entre 1946 y 1998, los años de los que no existe un listado y que el Gobierno no se compromete a elaborar.
Además de las preguntas al Ejecutivo, Izquierda Unida, a través de Sumar, va más allá en su reivindicación en el Congreso de los Diputados, donde este mismo lunes ha organizado un acto en el que varios diputados, acompañados por miembros de asociaciones comprometidas con la devolución de los bienes que adquirió la Iglesia en base al artículo 206 de la franquista Ley Hipotecaria, redoblarán su presión al Ejecutivo.
