Solo la derecha se opone a una indagación oficial, pero los partidarios difieren sobre quién y con qué alcance debería hacerlo.
Una cosa parece ya clara: España, como ha sucedido en otros países, abrirá una investigación oficial sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. Ahora falta por saber quién y cómo la hará. Tres grupos políticos, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, abrieron la brecha el miércoles al presentar una solicitud formal para que sea en el Congreso de los Diputados. PSOE y Ciudadanos se muestran de acuerdo, aunque con reservas. El PNV también pide una investigación, pero dejando el Parlamento al margen. Propone encargarla a una comisión de expertos independientes, un modo de evitar algo que también preocupa a los socialistas: que un asunto tan sensible quede a merced del “pimpampum del Congreso”. Los dos partidos de la derecha, PP y Vox, han anunciado su oposición frontal.
La iniciativa de la investigación parlamentaria solo puede salir adelante con el apoyo de los socialistas. Y aunque estos garantizan que habrá algún tipo de comisión oficial para indagar los abusos, todavía andan a la búsqueda de una fórmula. Al PSOE el movimiento de sus socios y aliados lo ha pillado en un momento inoportuno, cuando busca estrechar relaciones con la Iglesia, como se evidenció en la entrevista del lunes entre Pedro Sánchez y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella. Esa es una de las razones que lleva a los socialistas a recelar de la forma en que los promotores de la comisión exponen su primer propósito: la indagación sobre la “existencia de redes dentro de la Iglesia católica que perpetúan, facilitan y tapan las agresiones sexuales en la infancia”.
“Estamos de acuerdo en investigar y reparar a las víctimas”, apunta el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, “pero debemos evitar que esto se convierta en un espectáculo político tratándose de un asunto tan delicado”. Por eso, en el Gobierno y en el PSOE insisten en que quieren buscar la fórmula más adecuada. No descartan que pueda ser en el Congreso, pero la idea del PNV de dejarlo en manos de una comisión de expertos nombrada por el Gobierno, que presentaría su informe final ante la Cámara, ha sido bien acogida.
La comisión independiente para recopilar todas las denuncias de abusos sexuales e investigar sus complicidades es el método que se ha empleado en Australia, Francia o Países Bajos. También hay otros ejemplos en los que fue el Parlamento el que se ocupó del caso. Bélgica lo hizo ya en 2011, con una comisión de diputados que abrió la puerta a las indemnizaciones económicas a las víctimas. En España solo lo había propuesto hasta ahora En Comú Podem en el Parlamento de Cataluña, en octubre pasado, y entonces no encontró apoyos en los demás grupos.
La Mesa del Congreso examinará el martes la solicitud de UP, ERC y EH Bildu para decidir si la admite a trámite, es decir, si cumple los requisitos legales para someterla a votación del pleno. Antes de resolver, los diputados del órgano de gobierno de la Cámara escucharán la opinión de los letrados. PP y Vox ya han anticipado que, con independencia de lo que digan los servicios jurídicos, defenderán que la iniciativa excede las competencias del Parlamento. Pero no son solo los promotores de la iniciativa quienes sostienen lo contrario. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, recuerda que el artículo 52.1 del reglamento de la Cámara permite crear comisiones de investigación sobre “cualquier asunto de interés público”.
La formación liberal, con todo, también tiene sus reservas sobre las pretensiones de la izquierda. “Esto no puede convertirse en un escarnio a la Iglesia, en una causa general contra ella”, advierte Bal, quien cita el precedente de la investigación parlamentaria sobre el espionaje policial al extesorero del PP Luis Bárcenas: “Allí se llevó a gente no por el interés en lo que dijesen, sino solo para hacerles sospechosos ante la ciudadanía”. Y acusa a la izquierda de “hipocresía” por pedir ahora lo que rehusó hacer sobre los casos de abusos sexuales a menores tuteladas en Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.
“Esto no pretende ser un juicio a la Iglesia”, replica el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens. “Se trata de que la gente pueda conocer lo que pasó, de evaluar cómo han sido las políticas públicas. Y con esas conclusiones proponer políticas preventivas y dar un reconocimiento a las víctimas”. Lo mismo asegura Carolina Telechea, de ERC, aunque insiste en la idea de que la comisión debería escudriñar en las “estructuras y redes de la Iglesia católica” y eso no se puede hacer sin recabar el testimonio de representantes eclesiásticos. “Si hay resquemores a que se haga es porque con la Iglesia hemos topado”, afirma la diputada republicana. “Pasa siempre que el Congreso quiere indagar en los poderes fácticos del Estado. Nos ha pasado con la Monarquía o el CNI. El PSOE tiende a subordinarse a esos poderes. Pero hay miles de víctimas, los hechos son demasiado graves y notorios, y el que se llama Gobierno más progresista de la historia no puede mirar para otro lado”.
PP y Vox ya han dejado claro que con ellos no cuenten. Es más, harán lo posible por impedirlo. Los populares han adoptado un criterio muy restrictivo sobre las comisiones de investigación. “Solo deben ser para investigar al Gobierno”, declaró el viernes su secretario de Comunicación, Pablo Montesinos. El PP defiende que se trata de delitos cuyo esclarecimiento corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia. El representante de Vox en la Mesa del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, anunció en declaraciones a Europa Press que reclamará que se bloquee la solicitud, sin siquiera admitirla a trámite.
Una vez que se decide crear una comisión de investigación, los partidos deben acordar un plan de trabajo. Ahí es donde se dirime la sustancia y el verdadero alcance que tendrá la indagación: sus métodos y, sobre todo, las personas llamadas a prestar testimonio, a las que la ley obliga a comparecer ―e incluso castiga si mienten―, aunque no a declarar. Que por la comisión tendrían que desfilar las víctimas dispuestas a relatar su caso no despierta gran controversia. Otra cosa es que se pretendiese llamar a autoridades eclesiásticas, una idea que no despierta ningún entusiasmo en el PSOE, a la búsqueda de un término medio: investigar, sí, pero sin arriesgarse a un choque con la Iglesia ni a convertir la comisión en eso que el PNV llama “el pimpampum del Congreso”.
