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El derrocamiento del rey Jacobo II de Inglaterra el 23 de diciembre de 1688 y la declaración como sucesor de Guillermo III y su esposa María II el 13 de febrero de 1689, quienes sancionaron el 16 de diciembre de 1689 una Declaración de Derechos (Bill of Rigths) en la que se enumeraban las políticas de Jacobo II con las que ‘pretendía subvertir las leyes y libertades del reino’ y se establecen una serie de derechos, entre los que se encuentran la libertad de expresión de los parlamentarios, la libre elección de los parlamentarios y el derecho de los súbditos del rey a presentar peticiones, a la vez que se establece el sometimiento de la Corona al poder del Parlamento, conocidos historiográficamente con el nombre de Revolución Gloriosa, cierran el ciclo revolucionario inglés (1642-1689), que enfrentara dos concepciones políticas opuestas: el absolutismo monárquico fronte al parlamentarismo, que sale reforzado de este proceso.
Paralelamente a esos acontecimientos, John Locke estuvo trabajando en su nueva obra filosófica: Dos tratados sobre el gobierno civil, que publica de forma anónima en diciembre de 1689; en esta obra, partiendo del extendido mito eurocéntrico del buen salvaje -recordemos, además, que Locke no cuestionó en ningún momento de su vida la esclavitud ni la verdad divina de la Creación-, afirma que en su estado natural, los hombres eran libres e iguales, hecho del que derivaba la necesidad de un contrato social, ya que al ser libres e iguales todos los hombres tendrían el mismo derecho a gobernar -lo que supondría la anarquía y la guerra civil-, una mayoría de hombres tendría que dar su consentimiento a una minoría para que gobernasen a todos, dando paso al derecho civil y a un gobierno constitucional. Parlamentarismo y liberalismo, ahí están los dos fundamentos políticos del pensamiento ilustrado. El camino así abierto será transitado por numerosos pensadores posteriores: Voltaire, Rousseau, Montesquieu, que profundizaron aspectos de la obra de Locke, como la tolerancia, el contrato social o la división de poderes, así como Smith, que argumenta a favor de la libertad de mercado, o Kant, que cierra el ciclo filosófico ilustrado.
Posteriormente, en el último cuarto del siglo XVIII, se producen una serie de acontecimientos que son determinantes para el pleno desarrollo del proyecto político ilustrado como un proyecto emancipatorio:
- en primer lugar, la revolución americana (1776), cuyo inicio se sitúa en la Declaración de Independencia del 4 de julio, en la que se puede leer: “sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”; y,
- en segundo lugar, la revolución francesa (1789), en cuya temprana Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto) se puede leer: “los hombres nacen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden basarse en la utilidad común”.
Una vez que los procesos revolucionarios en curso fueron concretando derechos políticos y civiles, el liberalismo mostró sus límites al excluir de la ciudadanía -si bien por diferentes motivos-, a los siguientes colectivos:
- los indígenas americanos;
- las personas afrodescendientes esclavizadas;
- las mujeres; y,
- la población trabajadora masculina.
En ese contexto, en el que por la vía de los hechos la burguesía se estaba apropiando del discurso liberal, surgió un grupo de pensadores y pensadoras -entre los que se encuentran Olympe de Gouges, Condorcet, Robespierre, Toussaint Louverture, Mary Wollstonecraft, Babeuf, el cura socialista Mably y tantos otros-, que se preguntaban dónde quedaba la libertad y la igualdad para los colectivos excluidos, por lo que reclamaron para esos mismos colectivos excluidos los mismos derechos y libertades que la burguesía se reservaba para sí misma. En este sentido, se puede decir que es en el contexto del ciclo revolucionario burgués en el que se definen los discursos emancipadores que protagonizaron los movimientos políticos de los últimos 250 años en oposición al discurso liberal ‘burgués’ -que con el tiempo asumirá como propio el discurso determinista biológico (socialdarwinismo, sociobiología…), con el que se pretenderá justificar las desigualdades sociales como el producto de nuestra naturaleza humana diversa-, pero al mismo tiempo tomando de él sus mismos elementos definitorios: el racionalismo, el progresismo y el universalismo, que son a la vez las características del pensamiento político ilustrado.
En este sentido, cabe preguntarse si la izquierda, entendida como un proyecto “de subversión del orden existente (político, social, económico) en favor de los oprimidos desde la Revolución francesa”, puede ser antiilustrada. La respuesta a esa pregunta es la que ofrece la filósofa francesa Stéphanie Roza en un libro magistral: ¿La izquierda contra la Ilustración? (Laetoli, 2023). Un libro que como señaló Salvador López Arnal en una reseña titulada ‘La Ilustración como la matriz histórica de los combates emancipatorios’, “no es libro aconsejable para foucaultianos ni para heideggerianos. Tampoco para arendtianos ni para descolionales ni para seguidores de Adorno y Horkheimer y la Dialéctica de la Ilustración”.
La respuesta se puede formular así: todos los proyectos emancipatorios de izquierda “en primer lugar, las víctimas económicas del sistema de dominación (los proletarios, los explotados, la clase obrera); a continuación, las víctimas sexuales (las mujeres, los homosexuales); y, finalmente, las víctimas raciales (los pueblos colonizados, las minorías étnicas, los inmigrantes)”, es decir, los diferentes socialismos, el feminismo, el abolicionismo (y después el antirracismo) y el indigenismo, comparten una aspiración a la emancipación universal, construida a partir de un pensamiento racional que ofrezca una esperanza de mejoramiento (progreso) a quienes sufren algún tipo de opresión.
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