Una representación de la Comisión de Justicia del Senado visitará el Valle de los Caídos el próximo día 26 de marzo, después de que el prior, Santiago Cantera, haya decidido no acudir este lunes a la citación de la Cámara alta para responder sobre su negativa a aceptar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y la resolución de la sentencia que autoriza el acceso a la capilla de Santo Sepulcro para los trabajos preliminares para exhumación de dos de las víctimas reclamadas por sus familiares.
Cantera envió una carta a la comisión en la que rogaba a su presidente, Manuel Altava, que excusara su asistencia “en función” de sus “deberes al frente del monasterio”, así como por su “condición de religioso». A cambio, invitaba a los senadores a visitar la basílica y allí «poder responder a cuantas preguntas deseen realizar» tanto por este asunto como la labor de los benedictinos, la orden que regenta la abadía en virtud de un acuerdo con Patrimonio de 1958 y que el Ministerio de Justicia considera que debe ser revisado.
Todos los grupos, excepto el PP, que ha mostrado cierta condescendencia, han criticado la ausencia del prior, en especial el PSOE, que le ha reprochado que haya querido “evitar una cita con la democracia” con su “falta de respeto a la Cámara” y ha anunciado que no asistirá al Valle de los Caídos, como ha acordado la Mesa y Portavoces de la comisión, por considerar que “en una democracia las explicaciones no se dan en el mausoleo de un dictador sino en la sede de la soberanía nacional”. Tampoco ERC se desplazará hasta allí.
En su carta, Cantera, que no estaba obligado a comparecer al no tratarse de una comisión de investigación, proponía varias fechas con la sugerencia de que lo mejor sería que los senadores acudieran un lunes porque es jornada sin visitas turísticas. “La Comunidad Benedictina reconoce los derechos de los familiares que solicitan exhumar los restos de sus antepasados para trasladarlos a otro cementerio, pero a la par desea que se garanticen los derechos de los familiares del resto de los allí enterrados», argumenta el prior.
También señala que quiere evitar «cualquier riesgo estructural en los osarios» e impedir «daño alguno posible en el interior de los mismos por las operaciones que en ellos se realicen», y que “está abierta a poder buscar nuevas soluciones y acuerdos para la mejor resolución del caso y atendiendo a los intereses de las partes».
Cantera estudió Geografía e Historia en la Complutense, en la especialidad de Historia Medieval, y fue profesor en la Universidad San Pablo-CEU. A los 30 años ingresó en la abadía y desde 2014 ejerce como prior del Valle de los Caídos. Para su nombramiento no logró el consenso necesario, por lo que no alcanzó el rango superior de abad sino el de prior administrador.
Los socialistas, que son los autores de la iniciativa para la comparecencia del prior, han anunciado al finalizar la comisión que invitarán al presidente de la Conferencia Episcopal Española para que trate de “aportar luz” a la situación creada por Cantera. Sin embargo, para que el cardenal Ricardo Blázquez pueda acudir al Senado se requiere la aprobación por parte de la comisión, algo que no es posible sin el apoyo del PP, que este lunes ha defendido “el derecho” del prior a no comparecer y que “se merece una oportunidad” porque, que el asunto es “muy complejo” y “la sentencia reconoce el derecho de las familias pero no de forma absoluta”.
El juzgado de primera instancia de San Lorenzo de El Escorial reconoció en mayo de 2016 el derecho de los familiares de dos víctimas del franquismo fusiladas extrajudicialmente a recuperar sus restos de un columbario del Valle de los Caídos, los hermanos Antonio y Manuel Lapeña Altabás. Pese a la sentencia y el visto bueno de Patrimonio, que es el propietario del Valle de los Caídos, el prior niega el acceso a la puerta de la Capilla del Santo Sepulcro, en la que hay depositados los restos de 18.000 víctimas del bando republicano, que se encuentra en la parte opuesta de la Capilla del Santísimo, donde yacen 15.000 víctimas del bando franquista.
Los benedictinos han recurrido ante Patrimonio la decisión judicial, primero en alzada y después ante la Audiencia Nacional. Recientemente, una docena de familiares de fallecidos cuyos restos descansan en el Valle de los Caídos, considerado un cementerio público y no religioso por constitucionalistas como Miguel Herrero de Miñón, han denunciado al prior por negarse a las exhumaciones pese a que Patrimonio Nacional había reconocido el derecho a acometerlas.
El abogado de estas familias, Eduardo Ranz, que ha comparecido en la comisión a la que han acudido familiares de las víctimas y el historiador Nicolás Sánchez Albornoz, ha lamentado que el prior no haya querido cumplir con una “cita con la democracia”. “Tenemos a favor el poder judicial con una sentencia firme; el poder legislativo con una ley que no se cumple desde hace diez años, y el poder ejecutivo, puesto que la ministra de la Presidencia ha emitido una resolución que el prior ha calificado de falacia”, ha resumido tras su intervención en la comisión.
El abogado ha confiado en que la comparecencia de este lunes “sea el final de esta fase”. Según ha explicado, en otros momentos se han realizado intervenciones sin ningún problema. En 1980 hubo 133 exhumaciones de víctimas de Navarra, en 1990 se procedió a un tralsado de restos por una filtración de agua en la sacristía y en 2010 se realizaron diversas inspeciones «y no ocurrió nada».
