Personalmente opino que este criterio, por sí solo, el extender las subvenciones, no significa aumentar la laicidad del Estado; es más, tamaño despropósito así enunciado sólo puede considerarse una befa al intelecto.
Alguien escribió que las creencias eran algo espiritual, intangible y un don infinito para los tocados por la flamígera lengua, el rayo cegador, o qué sé yo. No seré yo quien asevere lo contrario, pero situándome a extramuros de toda institución que predica la bonanza del cielo, la miel y los dátiles con huríes, nirvanas y otros constructos metafísicos, lo que a mí me trae soliviantado es que las creencias ajenas, tan elevadas y espirituales ellas, cuestan al bolsillo de todos los españoles la cifra anual de 4.856.271 euros, al margen de lo percibido por la Iglesia Católica que es infinitamente superior y que merece ser tratado en artículo aparte. Existen en nuestro país más de tres millones de personas que profesan una religión no católica, alrededor del 7,5%, y su número va en aumento, especialmente entre los evangélicos y musulmanes cuyos fieles se incrementan en cada creencia a un ritmo de unos 12.000 al año. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 es la que permite la subvención a las religiones de notario arraigo: evangélicos, musulmanes y judíos. Así, a los evangélicos se le conceden de los Presupuestos Generales la cantidad de 1.948.485 euros (el 41% de este capítulo), a los musulmanes 2.308.808 euros (el 43,92 %) y a los judíos 598.985 euros (14,43%). Uno creía estar llegando al límite de su capacidad de asombro al reflexionar sobre este tema pero, qué va; resulta que dentro de la Federación Evangélica se engloban las iglesias ortodoxas serbia y griega (alrededor del 10% de los ortodoxos residentes en España) para poder percibir subvención. El Señor los cría y ellos se juntan. Las demás confesiones, de momento, no tienen acceso a dineros del erario público; pero lo tendrán, ya que uno de los objetivos de la reforma de esta ley orgánica es ‘avanzar en la laicidad y garantizar la igualdad de todas las religiones’, según nuestra vicepresidenta.
Personalmente opino que este criterio, por sí solo, el extender las subvenciones, no significa aumentar la laicidad del Estado; es más, tamaño despropósito así enunciado sólo puede considerarse una befa al intelecto. ¿Desde qué argumento puede sustentarse que expandir las subvenciones, además de los actuales perceptores, a testigos de Jehová, mormones, budistas, ortodoxos rumanos y ortodoxos búlgaros, todos ellos en lista de espera y con los requisitos exigibles cumplidos, aumenta la laicidad del Estado?. Bien cierto es que los musulmanes invierten gran parte de las subvenciones en aspectos sociales como la educación y la integración de sus inmigrantes. Por su lado, los evangelistas destinan el grueso de las percepciones a la recuperación de drogodependientes y exreclusos. Los judíos, cuestionable desde mi óptica, lo invierten en la difusión de su cultura y pensamiento. También es cierto que el control de los gastos sobre estas tres creencias es minucioso y total por parte del Estado, cotejando cuantías percibas, gastos y conceptos recogidos en la ley. No ocurre tal con la Iglesia Católica que, manteniendo sus privilegios ancestrales, lo que ella percibe gracias a la declaración de IRPF es una ‘aminoración de gasto’ y simplemente tiene la obligación (desde la anterior legislatura) de presentar una Memoria anual al Parlamento pero sin facturas detalladas.
Entraremos en breve en un período donde todos estos temas serán motivo de debate en foros políticos y ciudadanos. Tema donde los maximalismos, la demagogia, las ambiciones pecuniarias y de parcelas de influencia social de cada creencia pugnarán entre sí y con el Estado, y en el que quienes no tenemos filia religiosa alguna también tendremos que decir algo como ciudadanos ante un incremento en la detracción de fondos del erario público, en un país donde aún no se han resuelto necesidades materiales básicas de una gran capa de población.
Habrá que corregir discriminaciones ostentosas como el que cualquier creyente pueda desgravar para su confesión religiosa, incluir a pastores y responsables religiosos en la Seguridad Social, reconocerles el derecho de pensión tras la obligación de cotizar, cesión de parcelas para cementerios… Todo ello en aras a una democrática equiparación de derechos con los católicos. También será necesario, en consecuencia, avanzar en el control económico de lo que la Iglesia Católica perciba, con la misma obligación de transparencia financiera que los demás. Pero no confundamos los términos, la laicidad del Estado es otra cosa muy distinta y afecta a bastantes más aspectos.