El Partido Popular ha vuelto a retorcer la realidad para justificar su posición contraria a la interrupción voluntaria del embarazo. Este mismo jueves, tanto el presidente de la formación, Pablo Casado, como el vicesecretario nacional del partido, Javier Maroto, han recurrido a inexactitudes y afirmaciones falsas para defender el regreso a la ley de supuestos de 1985. Ya en 2015, Casado aseguró en una entrevista que «el aborto no es un derecho», un férreo posicionamiento que ha mostrado cada vez que ha tenido oportunidad. Tras varios años en los que han abordado el tema tímidamente, los populares han endurecido en los últimos meses su discurso contra este derecho y la ley que lo regula, de 2010.
El líder de los conservadores ha asegurado en una entrevista con la agencia EFE cosas como que en España hay «a partir de la semana 20 barra libre para abortar» o «si queremos financiar las pensiones y la salud, debemos pensar en cómo tener más niños y no en cómo abortarlos». Casado ha apelado a un supuesto consenso con el que se aprobó la norma anterior, en los años 80, ha sugerido que las mujeres que abortan no están informadas y ha utilizado el discurso en los Goya del actor con dicapacidad Jesús Vidalpara defender su postura. «Yo vi ahí mucha gente aplaudir de los que piden el aborto libre». Maroto, por su parte, ha apuntado en Espejo Público a una supuesta utilización «del aborto como herramienta de conciliación» y ha afirmado que el supuesto más habitual «es el tercer hijo del matrimonio».
Los datos, sin embargo, desmienten a ambos: la actual Ley de Salud, Sexual y Reproductiva garantiza el aborto libre y gratuito hasta la semana 14 y excepcionalmente y por causas médicas graves, hasta la 20. Por otro lado, desde la entrada en vigor de la norma, en 2010, ha descendido el número de abortos, con un ligero incremento en 2017 según el último informe anual del Ministerio de Sanidad. La cifra ha pasado de las 113.031 interrupciones del embarazo en 2010 a las 94.123 el año pasado –en 2016 fueron 93.131–.
Estos datos también contradicen a Maroto cuando asegura que la mayor parte de mujeres abortan al «tercer hijo del matrimonio». Según este mismo informe, el porcentaje más alto se da entre aquellas que no tienen ningún hijo más, que supusieron el 45,82% de esta práctica médica en 2017. Le siguen las que tienen un hijo, el 25,87%, y, en tercer lugar, se sitúan las que, como dice el vicesecretario nacional del partido, tienen otros dos (el 20,15% del total).
El fracaso de la reforma de Gallardón
A pesar de que los populares decidieron descartar el debate sobre el aborto en la Convención Nacional que celebraron el pasado mes de eneroy de las discrepancias internas que suscita el tema, el partido ha vuelto a dar la batalla en este campo, al menos públicamente, como ya hiciera en su día. La aparición de Vox en la escena política ha hecho que el PP se escore a la derecha en algunos de sus posicionamientos y la interrupción voluntaria del embarazo, algo a lo que se referían tímidamente tras el fracaso de su reforma en 2014, ha vuelto a irrumpir con fuerza entre algunos de sus líderes. El pasado mes de agosto, Andrea Levy se mostró contraria a la norma actual: «Me preocupa que sea un derecho», espetó.
El partido abandonó esta pelea, lo que motivó la indignación de los grupos y de los miembros de la formación más ultracatólicos, hace cuatro años, cuando el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, diseñó una nueva ley aún más restrictiva que la de 1985. Sin embargo, y aunque sí se aprobó la restricción del derecho a las menores de 16 y 17 años, el rechazo social logró su retirada e incluso la dimisión del ministro. Esto hizo que Mariano Rajoy apenas se volviera a referir al tema –antes de las elecciones que le llevaron a La Moncloa en 2011 aseguró que derogaría la actual norma para volver a la de los 80–, aunque sí mantuvo el recurso interpuesto en 2010 ante el Tribunal Constitucional, pendiente aún de resolver.
La norma de 1985, aprobada por Felipe González tras ser recurrida también por Coalición Popular, germen del actual PP, preveía tres supuestos en los que la mujer podía interrumpir su embarazo: en caso de violación, de grave riesgo para la madre o en caso de malformaciones del feto. Esto producía, en la práctica, inseguridad jurídica para las mujeres, que intentaban que el supuesto del riesgo para la madre fuera interpretado de forma amplia para que entraran los posibles efectos psicológicos de tener un hijo no deseado.
Frente a ello, la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva, aprobada en 2010 tras años de reivindicaciones feministas, garantiza el aborto libre y gratuito hasta la semana 14. A partir de ese momento, y de forma excepcional, se puede abortar hasta la 22 por cuestiones médicas de extrema gravedad, algo acreditado por informes médicos y un comité clínico.
Además, la norma prevé que las mujeres sean informadas tanto de las ayudas públicas a la maternidad como de las posibles «consecuencias médicas, psicológicas y sociales» y establece un plazo de tres días para confirmar la decisión. La supuesta falta de información a la que ha apelado el líder popular es, de hecho, uno de los argumentos habitualmente utilizados por los grupos ultracatólicos que pelean contra el aborto y se sitúan en las puertas de las clínicas para hostigar e intentar convencer a las mujeres que entran.
Por último, el popular ha utilizado el discurso a favor de la inclusión del actor Jesús Vidal, que recibió el pasado sábado el Goya al mejor actor revelación por la película Campeones, para justificar su posicionamiento. Casado ha calificado de «cinismo» la celebración generalizada de las palabras del actor. «Nos parece muy bien abortar a niños que tienen una discapacidad vista en la ecografía y luego aplaudimos mucho a alguien por la historia de superación y el apoyo de su familia». Lo que obvia el presidente del PP, sin embargo, es que la ley de la que se muestra partidario, la de 1985, fue precisamente la que introdujo el supuesto de abortar ante «la existencia de graves taras físicas o psíquicas en el feto».
