Religión y espacio público
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, estuvo unas semanas en la escena mediática por su participación el 2 de marzo en un coloquio sobre ‘Religión y Espacio Público’ en la Embajada de España en Roma. En su exposición manifestó: “conozco el Parlamento y puedo decir que cuando se han aprobado determinadas leyes ha existido abdicación de las propias creencias, o increencia, pero no persecución. Si el 75% de la población española que se declara católica actuase en coherencia, determinadas leyes nunca se habrían aceptado”. Sin duda con estas palabras el ministro del PP indicaba que si la mayoría de los diputados hubiera votado en conciencia, la mayoría de los diputados habrían rechazado el matrimonio gay.
Es cierto que en prensa las noticias pasan volando y todo vino a quedar en un sacar los colores a un ministro, no muy grato por sus actuaciones policiales, pero el problema de fondo quedó sin tocar. La cuestión de la no bien dirimida relación de lo político y lo católico no es nueva. Ha habido otros casos parecidos que han pasado bastante desapercibidos. Por mi parte, me detengo en este caso e incluso recojo como titular el mismo de la conferencia del ministro y llevo el tema al marco político y legislativo de la eutanasia.
Ante estos episodios patentes de ‘catolicismo político’ de política católica uno ha de preguntarse qué es una muerte digna para el cristiano en una sociedad plural, cuál es la posible postura del cristiano ante las conductas eutanásicas y, en segundo lugar, cuál ha de ser el comportamiento del político católico o del católico que quiere hacer apostolado cuando se sienta en las Cortes o en otras instituciones políticas y debate los temas relacionados con la eutanasia –u otros etiquetados por la iglesia como pecados– para establecer una norma que vincule a todos los ciudadanos.
Ortodoxos y heterodoxos
Conocemos de sobra por su frecuencia la postura monolítica y beligerante de la jerarquía eclesiástica española pues tan pronto como surge en la sociedad algún indicio de tratamiento público del tema de la eutanasia se pone en estado de alerta y reclama la ayuda de las asociaciones religiosas de carácter neoconservador o integrista para proclamar su doctrina de defensa de la vida humana y su indisponibilidad aun en circunstancias difíciles para el enfermo. En el año 1998 publicaron los obispos el documento ‘La eutanasia es inmoral’ en el que exponen su pensamiento sobre la indisponibilidad de la vida. Para los obispos “la fe, la esperanza y la caridad son los verdaderos cauces hacia la muerte buena y digna”; “siempre hay una razón para vivir”, etc. Los obispos consideran tan pecaminoso el comportamiento de quienes defien-den la disponibilidad de la propia vida o la ponen en práctica que en un momento de su escrito afirman “rezamos para que se conviertan”.
Pero entre los creyentes hay mentes claras y sobre todo decididas a expresar con libertad su conciencia y su pensamiento y así lo hacía el teólogo y bioético Javier Gafo, respetado en el mundo de estudiosos de la bioética, ya en 1990: “para quien no existe la vivencia de un Dios, del que se ha recibido la vida y al que hay que acudir al final, no creo que es fácil decir que una persona en situación de deterioro no tenga derecho a disponer de su propia vida”. Aunque en esta aserción el cristiano queda sin libertad para disponer de su vida, al menos se deja claro que el concepto de vida y muerte, fundamentado en la experiencia religiosa, no tiene por qué ser un valor universal vinculante para todo ciudadano. La interpretación y valoración de las conductas eutanásicas dependerán de la libertad de conciencia y de la experiencia de la propia existencia (cristiana o libre de toda creencia e imbuida de una ideología laica).
En su reflexión filosófica acerca de la muerte y la eu-tanasia Hans Küng se encuentra con la antinomia del señor/libertad, creador/hombre. El teólogo alemán no quiere desmerecer a ninguno de los personajes –dios / hombre–, y no quiere quitar protagonismo de auto-nomía al hombre cuando dice: “Si Dios ha confiado la vida entera a la responsabilidad del ser humano, entonces esa responsabilidad ha de ejercerla también sobre la fase final de su vida o, mejor dicho, con ma-yor razón en la ocasión más seria de su vida, cuando se trata de morir. ¿Por qué hay que dar esta última fase excluida de su responsabilidad?”. También en la reflexión siguiente, de un profesor de teología moral, se expresa un respeto a la autonomía del sujeto y se deja incluso al cristiano en plena libertad de decisión respeto a su vida: “Me siento llamado (no obligado) por mis creencias a no hacer esa opción, sino dejar el final de mi vida en manos de quien me la dio, pero no tengo derecho a imponer esta opción a otras perso-nas en una sociedad plural y democrática. Más aún, tampoco la impondría a personas de mis mismas creencias que hiciesen en conciencia la opción opues-ta” (Masiá, Juan (2009), Dignidad humana y situacio-nes terminales, en www. juanmasia.net)
Los dos últimos comentarios dejan plena libertad al cristiano para decidir la disponibilidad de su vida desde su conciencia personal y responsabilidad. Pero alguien puede alegar que tales reflexiones no dejan de ser expresión de una postura personal sin que estén fundadas en razones. El verdadero problema que se le plantea al cristiano ante las conductas eutanásicas sea suicidio o eutanasia– es el problema del don de la vida que le ha entregado su creador. Rápidamente surge ante esta proposición la situación de obediencia (heteronomía) de la criatura que ha de aceptar la realidad de la creación y, por tanto, de que por encima de su persona y libertad está dios y la presunta dis-ponibilidad de la vida queda totalmente anulada por el reconocimiento del dios dueño de la vida. Es Kierke-gaard quien profundiza en el verdadero sentido del don de la vida y no meramente como una prestación, sino como dádiva libre para ser disfrutada libremente, es decir, un don dado por amor y libremente y por ello sin merma ni suplantación de la libertad del agraciado con la vida. Kierkegaard tiene una reflexión, que por cierto se dice que sorprendió a Sartre, que dice que “un hombre no puede hacer completamente libre a otro; aquel que tiene el poder está él mismo ligado por él y por esa razón tendrá siempre una relación falsa con aquel al que quiere hacer libre”. Sin embargo, esto no ocurre en la relación de dios-hombre en que “solamente la omnipotencia puede retomarse a sí misma mientras se da y esta relación constituye justamente la independencia de aquel que recibe”.
Es comprensible que la exigencia de la creencia cristia-na de que la persona ha sido creada y salvada por Dios hace que el creyente no acepte para sí la disponibilidad de la propia vida, y esta postura personal ha de ser respetada y el cristiano es muy libre para cumplirla. De todas maneras hay que decir que la opinión pública española no sigue los criterios acerca de la eutanasia de la jerarquía eclesiástica y, según las encuestas, tres de cada cuatro españoles están claramente por la eutanasia (véase encuesta del CIS de junio de 2009). Del convencimiento de haber sido creado y salvado por Dios, según la doctrina católica, no se deriva con lógica aritmética que el cristiano no pueda disponer de su vida tal como dejan en claro los teólogos aludidos anteriormente. Todo dependerá de la experiencia y situación de cada persona, de su autenticidad, de la valoración que tenga de su autonomía personal y de su compromiso y responsabilidad más allá de lo que diga la letra estricta de la doctrina católica al uso.
Catolicismo político y pluralismo
Una vez conocidas las posibles posturas del cristiano que van desde la obediencia a secas a la libertad de la propia conciencia– ante las conductas eutanásicas, hay que preguntarse por el juego político que puede aportar el católico y más concretamente el político católico ante asuntos como la eutanasia y si el voto que pudiera dar supuestamente el ministro Fernández Díaz en contra de la regulación de la eutanasia, tal cual son sus criterios, sería un voto legítimo democráticamente.
Es de suponer que, si le preguntásemos al portavoz de los obispos sobre el papel del político creyente, nos di-ría que rechazar la eutanasia en una ley estaría acorde con la voluntad de dios y con la doctrina verdadera de la iglesia. Pero habría que poner al obispo portavoz en el verdadero escenario de una sociedad marcada por el hecho del pluralismo, con ciudadanos que o tienen diferentes creencias al pertenecer a diversas religiones o confesiones (la iglesia católica no tiene el monopolio de la verdad entre las iglesias cristianas y menos entre religiones no cristianas) o bien no creen en dios o consideran que dios no ha de entrar en su libertad y convicciones. En este escenario sería incongruente pensar que la doctrina y criterios de una comunidad confesional pueda imponerse de manera vinculante a toda la variedad de religiones que se disputan la verdad sobre dios y su voluntad e imponerles su propia verdad. Pero todavía menos tal doctrina puede marcar criterios y pautas a la política que abarca y atañe a todos los ciudadanos –sin distinción de religión, ideología, etc.– y que por su naturaleza es intramundana, y se mueve en un espacio laico donde solo interviene el pueblo (demos y por ello democrático) y no tiene lugar ni dios ni las doctrinas religiosas: lo único que entrará en el debate de una ley sobre la eutanasia será el peso de las razones que aporten y contrasten los deliberan-tes políticos en la cuestión que se debate.
Siempre he pensado que la iglesia institucional es-pañola no había hecho la transición política y que no había ni entendido ni asimilado el hecho democrático ni el del pluralismo de la sociedad moderna y de ahí su intolerancia. La iglesia española por las palabras y actitudes de sus obispos parece ser que sigue viviendo en el modelo cultural marcado por el monopolio católico, intensificado en las largas décadas de nacionalcatolicismo de la dictadura franquista. Así cuando los parlamentos autonómicos (Andalucía, Aragón y Navarra) debatían los proyectos de ley sobre los derechos y garantías del paciente en el proceso de morir y de la muerte tuvieron la reprobación de los obispos de tales zonas eclesiásticas. Y esto a pesar de que no se debatía la disponibilidad de la vida, pero tales leyes decían– iban a ser un puerta abierta hacia la eutanasia. Es de suponer que si se hubiera tratado de una ley despenalizadora de la eutanasia, su comportamiento hubiera sido más aguerrido que el de los obispos belgas en tal ocasión. Bélgica es un país de cultura católica y los obispos se mantuvieron al margen cuan-do se debatió y aprobó la ley de despenalización de la eutanasia. Profesores y expertos de la Universidad católica de Lovaina participaron en el debate, pero la institución académica manifestó claramente que ningu-no de sus miembros había sido presionado en ningún momento por la jerarquía episcopal.
¿Es la Constitución propiedad católica? Plantearse esta pregunta puede parecer una ‘boutade’, pero es el interrogante que me planteó la postura del entonces presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, Carlos Dívar, cuando en julio de 2009 el Consejo tuvo que votar sobre su postura acerca del anteproyecto de ley del aborto. La votación del Consejo era preceptiva, aunque no vinculante, pero Dívar por sus convicciones religiosas votó en contra. Resulta extraño que un presidente de una institución encargada de gobernar uno de los tres poderes públicos del Estado que ha de servir al interés común de todos los ciudadanos en una sociedad plural baraje sus convicciones religiosas, propias de una moral religiosa y no de una ética pública fundada en la Constitución. Hubiera sido lo más normal y constitucional que hubiera votado como ciuda-dano y con argumentos de ‘razón pública’ (racionales y científicas) respeto al informe sobre la ley de plazos en el aborto y no como cristiano o como católico.
Creo que los lectores recordarán que Balduino, rey de Bélgica, tuvo un problema personal cuando tuvo que sancionar la ley del aborto y para salvar su conciencia católica se buscó la pirueta jurídica de abdicar durante el plazo de día y medio de manera que no se sintiese obligado a sancionar una acción contraria a sus valores religiosos católicos. Asimismo el duque Enrique de Luxemburgo se sintió contrario a firmar la ley de eutanasia en diciembre de 2008 en razón de su conciencia católica y se tuvo que buscar el cambio de la constitución de manera que el duque en vez de ‘promulgar y sancionar’ las leyes solamente las ‘promulgase’.
La iglesia española y ciertos sectores conservadores debieran atender y escuchar los modos y comportamiento que se han dado en Luxemburgo, país católico que ha aprobó en diciembre de 2008 la ley que despenaliza la eutanasia. La votación fue difícil: 30 votos a favor frente a 26 en contra. Pero es más, el primer ministro Jean Claude Juncker democristiano y el Gran duque Enrique tuvieron problemas de conciencia respecto a la aprobación de la eutanasia. Juncker fue claro y honesto como ciudadano al decir, a pesar de sus problemas morales como cristiano, “creo que si la Cámara de Diputados ha votado una ley, la ley tiene que entrar en vigor”. Es decir, el político católico que se sienta molesto por tener que votar desde una perspectiva ética a favor del común de los ciudadanos ha de retirarse de toda votación o mejor seguir el comportamiento de Juncker.
No tengo por qué criticar tales comportamientos ya que pueden ser razonables desde el planteamiento que se hagan tales personas en el contexto de sus decisiones. Pero yendo más allá del análisis del comportamiento individual, diré que el problema sentido por estos dos hombres públicos no pasa de ser, en mi opinión, un pseudoproblema en buena parte porque el planteamiento se realiza sin una claridad suficiente de los espacios en que toda persona se mueve en su vida pública, privada e íntima. Ya el diplomático y jurista holandés Hugo Grocio (1583-1645) recomendaba a los soberanos de su tiempo que su gobierno debía ser “como si dios no existiese”, consejo que era en tales fechas la proclamación de un espacio público libre de toda intromisión eclesiástica tanto teórica y doctrinal como en la praxis de gobernanza.
La delimitación de espacios
Volviendo al aquí y ahora, estimo que el cristiano ha de evitar la confusión de espacios. El cristiano ha de saber reconocer el espacio de su comunidad religiosa, al que pertenece por la fe y el seguimiento de una doctrina particular, y saber diferenciarlo del espacio de la convivencia política. En el ámbito de la comunidad religiosa, marcado por la creencia cristiana, es donde todos sus miembros pueden escuchar la palabra de Dios, se pueden tener celebraciones de ritos y actos de oración y exigir que los comportamientos se acomoden a las normas de la doctrina; pero este ámbito solo es vivible y asumible por los miembros de la comunidad. De puertas afuera está el gran espacio público, marcado por el hecho del pluralismo y, por tanto, por la libertad de conciencia y la autonomía de comportamientos. Es un espacio donde no existe la dependencia de dios y la heteronomía religiosa y donde solo tiene vigencia la soberanía del pueblo plural. Cuando en este espacio público se aborda y se delibera sobre el proceso de morir y la muerte se hace en un contexto plural y por ello la categoría ‘muerte’ es una muerte laica que no significa que sea solo independiente de lo religioso sino independiente de toda mentalidad metafísica. Es una muerte en pluralidad que necesariamente ha de recoger el sentir general y común de la muerte sin ningún interés por imponer un concepto fijado por un sector o por un pensamiento o ideología. Por ello a los políticos seguidistas de lo católico o del bonismo tradicional hay que recordarles la conclusion de Gafo: “creo que no es fácil a nivel ético el negar a una persona no creyente su derecho a no disponer de su propia vida”.
A veces hay políticos estratégicamente católicos cuya simple contestación es: “yo voto en conciencia”. Pero tal pseudopolítico católico ha de advertir que no vive en un régimen de cristiandad o en una dictadura de la religión y el choque con el hecho del pluralismo de la sociedad obliga al político a tener dos vivencias de conciencia diferentes. Por una parte está su conciencia, su compromiso y responsabilidad de acuerdo a sus creencias y criterios, válidos para su propia vida personal. Pero cuando, por ejemplo, su tarea y compromiso es regular la vida de todos los ciudadanos su conciencia y su voto en conciencia tiene que velar y respetar a los demás y por ello respetar la libertad de conciencia y de pensamiento de los que conforman la soberanía popular.
Con frecuencia los obispos reclaman la libertad religiosa como derecho a ejercer la propia religión, pero se olvidan de la libertad de los otros que reclaman no ser molestados en el ejercicio de ninguna religión y no ser importunado en la libertad de no creer o de abrazar posturas que niegan los valores religiosos. En definitivas cuentas que los obispos y con ellos muchos católicos parecen desconocer que a la reconocida libertad religiosa subyace una más amplia y exigente libertad: la de pensamiento y de conciencia. No pocas veces ha habido que oir palabras de algún obispo que se oponía públicamente a la decisión de la soberanía popular y a predicar la desobediencia a la tal ley. Con estos maestros y guías no es de extrañar que haya políticos que no tengan empacho en que la política es el campo abonado para su apostolado y que prefieran ser antes feligreses católicos que honestos ciudadanos, honestos consigo y honestos para con los demás.
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