La decisión hecha pública por el EBB del Partido Nacionalista Vasco de apoyar el derecho al aborto libre en caso de embarazos no deseados (con matices y propuestas de enmiendas…) es de gran importancia y consolida definitivamente su laicismo. Es una demostración evidente de que los antiguos jeltzales están hoy más atentos a lo que opina y demanda la sociedad que a la Iglesia católica. Se cierra el círculo que abrió el PNV con su declaración de aconfesionalidad en 1977, dejando de lado el manto democristiano y afincándose en las tradiciones de humanismo aconfesional.
Desde dentro de la política vasca es un paso fundamental, porque siempre resulta más sencillo discutir con tus semejantes, con personas como cualquier otra, que con los representantes de la divinidad.
El actual PNV es muy distinto del de hace 30 ó 40 años, y aunque sus cambios de actitud y su evolución son paulatinos y silenciosos, sin debates previos que puedan afectar a su base social, es evidente que con decisiones como la expresada respecto al aborto se coloca estrictamente en el campo del humanismo democrático. Muy posiblemente, en posicionamientos como éste ha influido el cambio generacional entre sus dirigentes y en especial, el peso de mujeres muy cualificadas en su dirección.
Los obispos vascos han lamentado públicamente que el PNV dé por bueno que «el aborto es un derecho» y que a partir de ahí se centre en «modular cómo mejorarlo». Una decisión que contrasta llamativamente con su raíz cristiana originaria. Es una demostración paralela de la pérdida de influencia de la Iglesia católica en Euskadi. Su prestigio y su capacidad de liderazgo han disminuido y continúan en caída libre. Cada vez, como es lógico, su liderazgo se limita a su propia clientela, recorriendo el camino que le convierte en una entidad privada que ha perdido definitivamente influencia en el resto de la sociedad.
A nadie le gusta el aborto, que existan abortos, que haya mujeres que tengan que pasar por esa experiencia, siempre expresión de un fracaso. Los norteamericanos, tan dados a los estudios sociológicos, hace tiempo que respecto al aborto nos han dado como consolidadas dos opiniones socialmente extendidas: más del 70% de la población considera que hay un exceso de abortos y claramente se expresa a favor de la reducción del número de los mismos (en EEUU, 30% sobre el total de embarazos, en España un 18%).
Asimismo, más del 70%, cuando se les pregunta si el Estado debe inmiscuirse en la decisión de la mujer embarazada respecto a la interrupción de su gestación, considera que no, que es la mujer la que debe tomar la decisión sin interferencia de los poderes públicos y, por supuesto, sin temor a una posible sanción penal. Es decir, el mismo número de personas coincide en el deseo de minimizar el número de abortos y simultáneamente en la aceptación de la libre interrupción del embarazo por parte de la mujer gestante.
Los gobiernos del presidente Rodríguez Zapatero, en el poder desde 2004, han dudado en exceso sobre la conveniencia de tramitar una nueva ley de aborto, pero por fin se ha llegado a aprobar un proyecto de ley que ahora está en tramitación parlamentaria. El proyecto es el resultado de un proceso muy participativo que comenzó en una comisión de expertos, una subcomisión parlamentaria en el Congreso y la aportación de un anteproyecto sometido a la opinión de influyentes grupos sociales, científicos y profesionales, incluidas las asociaciones provida. Se ha sometido, asimismo, al dictamen del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, de la Agencia de Protección de Datos, del Consejo de Estado y del Comité Nacional de Bioética.
Una ley que va a sustituir a la actualmente vigente, bajo la cual las mujeres en España han podido interrumpir, durante los últimos 24 años, los embarazos no deseados, pero en condiciones que ya no son aceptables:
1. La mayoría de los casos de aborto se han acogido al supuesto del peligro psíquico para la mujer. El hecho de que la decisión de las mujeres esté supeditada a terceros, a la obtención de un informe médico que lo justifique, limita el derecho de la mujer a la autonomía reproductiva y la coloca en situación de vulnerabilidad frente a las represalias de ex novios o ex maridos despechados y frente a las acciones obstruccionistas e inquisitoriales de la ultraderecha y el integrismo religioso.
2. Entre 1998 y 2007, 32 personas fueron condenadas (12 de ellas mujeres) por un delito de aborto ilegal. Otras muchas, más de 200, se vieron en la inaceptable situación de observar cómo sus historiales médicos eran aireados en los juzgados.
3. La virulenta reacción de los grupos antiabortistas logró que la prestación asistencial quedara fuera, en la práctica, de los hospitales públicos: no llega al 3% el porcentaje de abortos atendidos en la red sanitaria pública.
Estamos, pues, ante una iniciativa necesaria y bienvenida. España es hoy conocido en el mundo como el país que más ha avanzado en el campo de «los derechos»: los avances en la igualdad entre las personas, hombres y mujeres, sin discriminación por orientación sexual, raza, religión o clase social. El país que más ha avanzado en prestaciones sociales, el que dispone de una ley de dependencia… Faltaba, clamorosamente, el derecho de las mujeres a la libre maternidad.
El actual proyecto de ley actualiza plenamente la situación, colocándola al nivel de las legislaciones más avanzadas en esta materia, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa, de abril de 2008, sobre la adopción de leyes de plazo para la interrupción voluntaria del embarazo. Recomendación que ya han aceptado 34 de sus 47 países miembros.
Se propone una ley que combina plazos e indicaciones limitando el derecho de las mujeres al tiempo para la viabilidad fetal, según las consideraciones de la comunidad científica.
Un plazo de libre elección de la mujer hasta las 14 semanas de gestación y, al mismo tiempo, una ley de indicaciones hasta las 22 semanas cuando exista riesgo para la salud de la embarazada o cuando se detecten graves anomalías fetales. A partir de la semana 22 de gestación, considerada como fecha que delimita el comienzo de la viabilidad fetal independientemente de la mujer, el derecho del feto debe de prevalecer sobre la mujer gestante, en sintonía con la definición de la Organización Mundial de la Salud que define el aborto como «la interrupción voluntaria de la gestación desde la implantación en el útero hasta la viabilidad fetal».
Es un cambio necesario que reconoce el derecho y establece garantías, evitando abusos. Una ley en positivo que ofrece pasos decisivos en educación, formación y actualización de las prestaciones en materia de salud sexual y reproductiva. La puesta en marcha de una Estrategia en Salud Sexual y Reproductiva, pretende avanzar en anticoncepción, información y responsabilidad con el objetivo de una acción preventiva adecuada que conduzca a una disminución del número de interrupciones voluntarias. La educación sexual y la formación de los profesionales, extendidas a todos los programas curriculares correspondientes, facilitarán la consecución de los objetivos propuestos.
Es un gran paso en el reconocimiento de los derechos, que el PNV, como decíamos al principio, ha tenido la clarividencia y la sensibilidad de valorarlo como propio.
La oposición de la derecha (PP, CIU, UPN) ha desatado una campaña muy intensa de presión social, mediática y parlamentaria para impedir que se consolide el derecho a la libre maternidad.
Están contra la Historia y están, además, ocultando interesadamente la realidad: Cuanto más liberales son las leyes de interrupción voluntaria del embarazo en el mundo, menos abortos se producen en esos países (Holanda, aborto libre hasta 24 semanas, mínimo número, 8 de cada mil mujeres en edad fértil). Por el contrario, donde se prohíbe y se castiga penalmente el aborto, hay mayor número y con mayor riesgo: los países de poblaciones claramente definidas como católicas, allí donde más fuerte es la Iglesia, son los líderes en abortos (la mayoría de Latinoamérica, y en Europa, Irlanda, Polonia, Malta…)
El reconocimiento de los derechos y las garantías de su ejercicio son la base de una sociedad cada vez más democrática. Siempre teniendo en cuenta que reconocer el derecho no significa imponérselo a nadie: el aborto no es obligatorio.
* Roberto Lertxundi es senador por Euskadi
