Fuentes del PSOE, cuyo apoyo es imprescindible para abrir la investigación, acogieron con interés la propuesta, aunque insistieron en que de momento sería una más de las fórmulas que se estudian.
El PNV también aboga por abrir una investigación sobre los abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia católica, pero cree que el marco no debe ser el Congreso de los Diputados. Los nacionalistas vascos proponen que el Gobierno designe una comisión de expertos para que haga las indagaciones oportunas y presente luego sus conclusiones al Parlamento. Para la formación vasca esa sería la fórmula más “útil y adecuada”, según afirma en un comunicado de su grupo parlamentario, “lejos del pimpampum que caracteriza a las comisiones de investigación en el Congreso”, como la que solicitan Unidas Podemos, ERC y EH Bildu.
Los socialistas, tras la petición conjunta formulada el miércoles por su socio de Gobierno y dos de los puntales de su base parlamentaria, se han mostrado dispuestos a abrir una investigación, aunque sin decantarse de momento por cuál debería ser su ámbito y su formato. El PNV sugiere ahora esta otra solución, el recurso a una comisión de “expertos independientes” que trabaje al margen de la disputa política. Fuentes del PSOE, cuyo apoyo es imprescindible para abrir la investigación, acogieron con interés la propuesta del PNV, aunque de momento, insistieron, sería una más de las distintas fórmulas que se están estudiando.
Los nacionalistas vascos sostienen que la investigación es necesaria ante la “gravedad” de los hechos denunciados y la “inacción de la Iglesia católica”. Su propuesta, señalan, se inspira en investigaciones semejantes llevadas a cabo en países como Francia o Alemania. “Sería la más respetuosa con los y las afectados, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y la extrema sensibilidad con que debe ser tratado este asunto”, argumentan. El PNV lamenta además la actitud de la Iglesia católica ante las denuncias, “salvo honrosas excepciones como la del obispo de Bilbao”, Joseba Segura, quien ha anunciado la apertura de una investigación interna a raíz de los casos destapados por EL PAÍS.
Ya en junio de 2019, la Fiscalía General del Estado envió al Ministerio de Justicia un informe en el que analizaba, por entonces, la situación del problema de los abusos a menores en la Iglesia y en él concluía que el Gobierno debía movilizarse y tomar medidas. En el escrito sugería que se imitasen en España los trabajos que se desarrollaron en países como Australia y Países Bajos, donde se crearon comisiones nacionales independientes que investigaron los casos durante años, abrieron canales para que las víctimas pudieran aportar su testimonio, hicieron miles de entrevistas y entregaron un informe final exhaustivo. Después, las víctimas fueron indemnizadas. Pese a la preocupación que la Fiscalía citaba explícitamente en dicho informe, el Ejecutivo no siguió ninguna de sus recomendaciones, que ahora también parece exigir el partido vasco.
Una “tragedia nacional” en Australia
En Australia la iniciativa de crear una comisión independiente surgió a raíz de una petición a finales de 2012 de la primera ministra Julia Gilliard para abordar los abusos en instituciones religiosas, pero también en ONG, organizaciones sociales y agencias estatales del país. El gobernador general de la Commonwealth de Australia creó un año después una comisión que contabilizó casi 5.000 casos cometidos por 1.800 religiosos. La investigación, que duró cuatro años y recopiló 15 volúmenes de testimonios, calificó el problema de la pederastia como “una tragedia nacional”. El Gobierno destinó 40 millones de dólares (unos 34,5 millones de euros) y la Iglesia se comprometió a reparar a las víctimas con indemnizaciones de hasta 150.000 dólares australianos (algo más de 94.000 euros). Algunas víctimas fueron reconocidas e indemnizadas incluso en casos en los que el agresor había fallecido.
La Fiscalía General del Estado española citó en el documento que elaboró hace casi tres años la comisión Deetman, bautizada en honor del presidente holandés que la dirigió en 2011, el exministro democristiano Wim Deetman. En este caso, los trabajos cifraban entre 10.000 y 20.000 las víctimas de agresiones sexuales por parte del clero holandés desde 1945. Internados, colegios, seminarios, orfanatos… los hechos ocurrieron en escenarios muy similares a los casos que se están conociendo en España. De hecho, el número de agresores que señaló dicha comisión era de unos 800 religiosos, solo 200 más que los que ha contabilizado EL PAÍS en su base de datos. Al igual que en Australia, la Iglesia asumió indemnizaciones de entre 5.000 y 100.000 euros, en función de la gravedad de los hechos, que oscilaron entre la violación y los tocamientos.
En EE UU, por otro lado, fue la Universidad de Justicia Criminal John Jay de Nueva York la que, en 2004, abrió una investigación para abordar los casos después de que el periódico Boston Globe publicase una serie de reportajes sobre los abusos y el encubrimiento en la Iglesia bostoniana. El resultado: 4.392 clérigos habían abusado de más de 10.600 personas entre 1950 y 2002 en todo el país. Unas cifras que se traducían en que el 4% de los sacerdotes ordenados durante ese tiempo fueron pederastas. En 2008, el informe de un gran jurado de Pensilvania reveló que 300 sacerdotes abusaron de unos 10.000 niños en dicho estado a lo largo de siete décadas. “Hubo un encubrimiento sistemático”, dijo, por entonces, el fiscal general del Estado, Josh Shapiro.
