«Es impropio de un partido de gobierno cerrar los ojos», afirma Andoni Ortuzar El partido jeltzale lamenta que el obispo Iceta no critique también al PSOE
El rechazo del PNV a la interrupción voluntaria del embarazo -hace 24 años votó en contra de la actual norma sobre el aborto- ha pasado a la historia. Los dirigentes jeltzales volvieron a insistir ayer en esa idea. «Somos un partido laico desde hace años, que no renuncia a los principios humanistas con los que nacimos, pero que avanza con la sociedad. Estamos más atentos a lo que pide la sociedad que a lo que reclama la jerarquía católica», explicó Andoni Ortuzar, presidente del Bizkai buru batzar (BBB), al ser cuestionado sobre este asunto.
El ideal -añadió- sería que «nadie tuviera la necesidad de abortar», pero la realidad social demuestra que «hay miles de jóvenes que abortan cada año en condiciones de inseguridad jurídica, que podrían acabar en la cárcel, y no creemos que sea una situación deseable; hay que regularla». El Código Penal vigente castiga a la mujer que aborta sin respetar los requisitos legales con una pena de prisión de seis meses a un año o bien con una sanción económica. Una condena que, según el anteproyecto de ley que respalda el PNV, quedaría reducida a la multa. La cárcel quedaría totalmente excluida.
Ley «obsoleta»
Con las más de 100.000 interrupciones voluntarias del embarazo que se provocan al año en España desde 2006, el PNV cree necesario «mejorar» una normativa que se ha quedado «obsoleta», recordaba hace unos días Margarita Uría, vocal del Consejo General del Poder Judicial, militante jeltzale y ponente de un informe favorable a la ampliación de la Ley del Aborto.
Las críticas de Mario Iceta, obispo auxiliar de Bilbao, contra la disposición peneuvista a apoyar la reforma legal han generado malestar en el partido. El pasado miércoles, el prelado le instó a «recapacitar su postura» porque, aunque el aborto sea una realidad socialmente aceptada, «hay que negarse a ella». Para ilustrar sus palabras, recordaba que «la esclavitud también fue aceptada en su tiempo», igual que el nazismo, «elegido en su día por mayorías democráticas».
Ortuzar reconoció haberse «sorprendido» ante esta intervención pública de Iceta porque el PNV es «humanista pero laico». Y como hiciera el jueves en su blog Iñigo Urkullu, presidente del EBB, lamentó que «sólo nos haya pedido a nosotros que recapacitemos, cuando hay otros partidos implicados en esta cuestión, incluso con más responsabilidades que nosotros en el Gobierno del Estado, como es el PSOE». Además, dejó constancia tanto de su fe como de su criterio como político: «Como cristiano, pienso que no se deben mezclar las creencias con el bien público», declaró a Herri Irratia-Loyola Media. Su formación -insistió- se limita a dar respuesta a una realidad social y lo ha hecho «desde la responsabilidad, haciendo un esfuerzo enorme de diagnóstico sanitario, jurídico y ético-moral, y lo hemos hecho porque cerrar los ojos es impropio de un partido serio y de gobierno».
La edad para decidir
Entre las enmiendas parciales, cuya aceptación por parte del PSOE condicionará en última instancia el apoyo jeltzale a la reforma, destaca la exigencia de que los padres reciban notificación de la intención de abortar de las menores de 16 años. Según el anteproyecto de ley del Ministerio de Igualdad, a esa edad las jóvenes deberían tener plena capacidad para decidir abortar sin necesidad del conocimiento de los progenitores, una suposición «nada aberrante, tiene pleno encaje en el ordenamiento jurídico español, aunque a lo mejor hubiera sido preferible poner ese límite en los 18 años», explicaba a este periódico la vocal del Poder Judicial por el PNV Margarita Uría.
El debate sigue abierto. Como avanzaba la propia Uría, una vez que se apruebe el anteproyecto en el Congreso de los Diputados -«y seguro que sale raspada, hay mucha división»-, quedará en manos del Tribunal Constitucional pulir conceptos y declarar la constitucionalidad de temas tan controvertidos como el aborto libre en las primeras 14 semanas del embarazo, un supuesto que contempla la mayor parte de los países de la UE (desde las 12 semanas de plazo que se regulan en Alemania a los seis meses de Holanda).
