La legislación sobre la eutanasia en Portugal está resultando un camino espinoso. No está claro que al tercer intento prospere. Esta tarde se han aprobado cuatro proyectos para despenalizarla, presentados por los socialistas (PS), Iniciativa Liberal, el Bloco de Esquerda y el animalista PAN. Los textos que han recibido luz verde en el Parlamento volverán a ser escudriñados por la Jefatura del Estado, que no descarta devolverlos a la Cámara o enviarlos al Tribunal Constitucional nuevamente si no le convence su articulación jurídica. En la Asamblea también se ha presentado una propuesta del ultraderechista Chega (la tercera fuerza, con 12 escaños) para someter la despenalización a referéndum. Una propuesta que ha recibido el respaldo público del nuevo líder del conservador Partido Social Demócrata (PSD), Luís Montenegro, pero que finalmente ha sido rechazada en la Cámara.
El pleno constató también el singular corrimiento de tierras que provoca la regulación de la eutanasia en Portugal. En el bloque que votó en contra de todos los proyectos despenalizadores coincidieron la mayoría de los diputados conservadores (63 de 77), los 12 del Chega, los 6 del Partido Comunista Portugués y 7 socialistas. Tanto el PS como el PSD dieron libertad de voto a sus diputados. Desde el principal partido de la oposición llegaron a intervenir dos parlamentarios que defendieron posiciones contrarias.
La mayoría política que apoya la regulación de la eutanasia en la Asamblea de la República se ha enfrentado ya en dos ocasiones al bloqueo del proyecto por la Presidencia de la República, ocupada por Marcelo Rebelo de Sousa, un político de la familia conservadora caracterizado tanto por su pragmatismo político como por su catolicismo practicante. En la primera ocasión, Rebelo de Sousa remitió la ley a consultas al Tribunal Constitucional, que en marzo de 2021 la declaró inconstitucional en un fallo dividido (siete contra cinco) e impidió que llegase a entrar en vigor.
La Cámara incorporó las modificaciones planteadas por el Constitucional y votó la nueva versión poco antes de que la crisis política forzase la convocatoria de elecciones anticipadas el pasado otoño. En noviembre, Rebelo de Sousa frustró de nuevo la aprobación de la norma al considerar que había imprecisiones jurídicas sobre la clasificación de la dolencia que podía amparar la petición de la eutanasia. “Para la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, el legislador tiene que escoger si exige una enfermedad solo grave, una enfermedad grave e incurable o una enfermedad incurable y fatal”, señaló entonces la Presidencia de la República.
Rebelo de Sousa también cuestionó a los diputados sobre la influencia de la ley española, aprobada en marzo de 2021, en la redacción de la propuesta portuguesa. A juicio del presidente de la República, la norma española está alineada con los Estados europeos que han aprobado una legislación “más drástica o radical” frente a las propuestas más tibias de Canadá o Colombia. “¿Qué justifica, en términos de sentimiento social dominante en nuestro país, que no existiese en febrero de 2021, en la primera versión de la ley, y que ahora exista en noviembre de 2021, en su segunda versión? ¿El paso dado en España?”, preguntaba Rebelo de Sousa en la carta que le remitió a finales de 2021 al presidente de la Asamblea.
Los cuatro proyectos aprobados esta tarde en la Cámara sustituyen la expresión “dolencia fatal” por el de “dolencia grave e incurable” para tratar de responder a las demandas de Rebelo de Sousa. La legislación tiene el apoyo de la mayoría de la Cámara, donde el Partido Socialista cuenta con mayoría absoluta (120 escaños). A la que se suma los diputados de Iniciativa Liberal (con 8), los del Bloco de Esquerda (5) y los diputados de Livre y PAN.
El mayoritario respaldo político a la regulación de la eutanasia no va acompañado del apoyo de los organismos profesionales. Los colegios de médicos, enfermería y abogados se han pronunciado en contra de los textos propuestos. “Matar al enfermo porque lo pide, por la administración de una inyección o dispensación de un fármaco con la intención de matar, son prácticas que no se encuadran en el ejercicio de la medicina (…) La eutanasia y el suicidio asistido pueden ser despenalizados o autorizados por ley, pero no pertenecen a la medicina, no se configuran como actos médicos”, defiende el Colegio de Médicos en su dictamen, según el diario Público.
