La convivencia sin matrimonio jurídico es ilegítima y representa un desorden de costumbres, ha afirmado Juan Pablo II en un discurso dirigido a la Unión Nacional de Juristas de Italia. «No se contribuye al bien personal y social», ha explicado el Papa, «con leyes que pretendan reconocer como legítimas, equiparándolas a la familia natural fundada sobre el matrimonio, uniones que de hecho no comportan responsabilidad, ni garantía ni estabilidad, que son elementos esenciales de la unión entre un hombre y una mujer. Y añadió: «Una cosa es garantizar los derechos de las personas y otra inducir a la equivocación de presentar el desorden como una situación en sí buena y recta».Las palabras del papa Wojtyla han tenido mucho eco en la Prensa de este país porque el partido socialista ha presentado al debate del Parlamento una ley para proteger jurídicamente a las parejas que, no queriendo casarse mantienen relaciones estables. La ley cuenta ya con el apoyo de todas las fuerzas laicas del Parlamento, es decir de todos los partidos menos la Democracia Cristiana.
Juan Pablo II ha afirmado que «dar carta de ciudadanía legal a formas de convivencia distintas de la familia legítima, además de una confusión en el campo de los principios, supondría pedagógica y culturalmente una contribución directa a la formación de una mentalidad y de unas costumbres privadas de referencias a los valores sobre los que se apoya la familia».
Y el Papa, atacando directamente el proyecto de ley del Parlamento, ha citado la Constitución de este país que define a la familia como «una sociedad natural fundada sobre el matrimonio».
A los juristas católicos Juan Pablo II les ha dicho: «Os hallaís hoy frente a un gran desafio. No podéis quedaros en una pasiva contemplación de los cambios de la sociedad, limitándoos a aceptar la adaptación de las leyes a los cambios de costumbres».
El Papa ha vuelto a la carga, pese a que los políticos italianos pensaban que Juan Pablo II había desistido en su empeño de atacar la nueva ley propuesta al Parlamento. En febrero de 1988, en el momento de presentarse la ley, el Papa, que por vez primera había empezado a atacar dicho proyecto, fue acusado duramente por el diario L’Avanti, órgano oficial del partido socialista de «injerencia indebida» en los asuntos del Estado.
Porque el Pontífice no se limitaba a decir a los católicos que para ellos no es lícita «la convivencia», sino que consideraba inmoral hasta el que un Estado legislase sobre el asunto para los que no aceptan la moral católica.
