54 cardenales, obispos y curas encubrieron episodios de abusos en las últimas décadas.
España es un desierto estadístico sobre el alcance de la pederastia en la Iglesia católica. La Conferencia Episcopal (CEE), que a diferencia de los obispos de otros países se ha negado a investigarlo, ha mantenido que apenas tiene constancia de casos, que tampoco maneja cifras y que, de todas formas, son pocos. EL PAÍS comenzó a investigar en 2018 cuál era el impacto real de esta lacra, que ya había salido a la luz a través de los medios en muchos países. Tras una petición de información a todas las diócesis y una búsqueda de sentencias, el balance fue de solo 34 casos y 80 víctimas en cuatro décadas. Después comenzó a publicar casos y emergieron muchos más. Dos años y medio después, tras un largo trabajo de revisión y clasificación, aporta ahora la primera base de datos de referencia en España sobre este fenómeno, que se puede consultar aquí.
Hasta ahora este diario llevaba una mera contabilidad provisional que recogía 242 casos con medio millar de víctimas. En este nuevo trabajo, además de perfeccionar el cálculo, se ha analizado cada caso y se ha clasificado toda la información. El resultado es que las cifras se han multiplicado por 10 respecto a 2018: hay al menos 816 víctimas en 306 casos conocidos a través de sentencias y medios.
El objetivo de la base de datos es contribuir a documentar y aclarar la dimensión del escándalo en España, y también ayudar a las víctimas, que a menudo solo dan el paso de denunciar cuando ven que otras víctimas lo hacen. La información se actualizará permanentemente con los nuevos casos que se conozcan. EL PAÍS pone los datos a disposición de los investigadores, de las instituciones y de la Iglesia, que pueden solicitarlos a través del correo electrónico: abusos@elpais.es.
En el mundo anglosajón ha sido común la publicación de listas de abusadores y casos, como las de AFP, Boston Globe, BishopAccountability.org, algunas diócesis de EE UU y asociaciones de víctimas. No obstante, ninguna tan completa que incluya el año en el que se produjo el abuso, la fecha en la que la Iglesia lo conoció y aquella en la que salió a la luz de la opinión pública. También los nombres de los encubridores, medidas legales y canónicas, así como una relación de los destinos a los que fue trasladado el abusador y el número de sus víctimas.
En 69 ocasiones, un 21% de los casos, el acusado fue simplemente trasladado a otro destino tras una denuncia. En 65 casos, un miembro de la Iglesia encubrió al abusador. Respecto a las medidas internas, en 163 episodios (un 53%) se desconoce si hubo un proceso canónico. Del restante 47%, en 69 fue apartado o expulsado, y 33 procesos canónicos están en curso. En la lista están incluidos 19 laicos que cometieron los abusos en instituciones religiosas. De los 212 casos en los que se conoce el cargo del abusador, la mayoría eran profesores (81, de los cuales 13 laicos), seguidos de párrocos, sacerdotes o religiosos (78).
El análisis de los datos revela que la Iglesia conoció la comisión de la mayoría de los más de 300 casos varios años, e incluso décadas, antes de que se denunciaran a la justicia o se hicieran públicos. En 65 hubo un encubrimiento de los hechos y, en total, 54 altos cargos o miembros de la Iglesia encubrieron al abusador, bien porque no hicieron nada cuando tuvieron conocimiento de los abusos, porque lo trasladaron de destino o porque le protegieron de alguna forma. En la lista hay cuatro Papas —relacionados con el caso de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, que también cometió abusos en España— y dos decenas de obispos, entre ellos cardenales con cargos en la CEE: Antonio María Rouco Varela (obispo emérito de Madrid), Carlos Osoro (vicepresidente de la CEE), Braulio Rodríguez (arzobispo emérito de Toledo) y Jesús Sanz (arzobispo de Oviedo y miembro de la Comisión permanente de la CEE).
El encubrimiento también es un delito recogido por el derecho canónico penado con la expulsión del cargo si las causas son graves. “Se incluye [en estas causas graves] la negligencia de los obispos en el ejercicio de su cargo, en particular en relación con los casos de abusos sexuales cometidos contra menores y adultos vulnerables”, se lee en el motu proprio del papa Francisco de 2016 titulado Como una madre amorosa, que ordena la expulsión de los obispos encubridores de sus cargos. Hasta el momento no se tiene constancia de que el Vaticano esté investigando a ninguno de los españoles.
La mayoría de las víctimas son niños, y hay 211 niñas, el 26% del total. En todo caso, el criterio de contabilidad ha sido el más restrictivo: considera solo los casos denunciados, sea en los tribunales o públicamente, y los admitidos por la Iglesia. Pero en realidad la cifra de víctimas al menos se duplica y se eleva a miles si se consideran las estimaciones de otros posibles afectados que en cada caso hacen los afectados o los investigadores. Y estos son solo los casos que han trascendido de alguna manera. La estadística de otros países demuestra que la gran mayoría siguen ocultos. Y la experiencia señala que dar la confianza necesaria a las víctimas para denunciar es el paso decisivo para que salgan a la luz. El rango institucional y la credibilidad de quien tome la iniciativa son decisivos. En otros países han sido la propia Iglesia, los gobiernos o los tribunales quienes han emprendido investigaciones y creado buzones de recepción de denuncias. En España nadie lo ha hecho, ni parece querer hacerlo.
En Estados Unidos, una investigación de la Corte Suprema de Pensilvania contó 300 abusadores y más de 1.000 víctimas en 2018, cifras similares a las que ahora emergen en España, aunque ese Estado tiene solo 12 millones de habitantes. Ese año, en Alemania, el informe encargado por los propios obispos admitió 3.677 víctimas de 1.670 religiosos desde 1946.
El caso más reciente es el de Francia, donde los obispos encargaron en 2019 a una comisión independiente que abriera un correo electrónico para recibir denuncias. Es un periodo de tiempo similar al transcurrido en España tras el inicio de las investigaciones de EL PAÍS en 2018, pero la diferencia es abismal: en Francia han salido ya a la luz 10.000 víctimas. La CEE se reúne a partir de mañana en su comisión plenaria y volverá a abordar los abusos a menores. En la última rueda de prensa de sus portavoces, insistieron en que desconocen la cifra de casos y que son pocos.
En la Navidad de 2018, en pleno auge del escándalo en España y poco antes de la cumbre de pederastia celebrada en el Vaticano en febrero de 2019, el papa Francisco agradeció a los medios de comunicación su trabajo para “desenmascarar a estos lobos y dar voz a las víctimas” y advirtió a los obispos: “La Iglesia pide que no se guarde silencio y que salga a la luz de forma objetiva, porque el mayor escándalo en esta materia es encubrir la verdad”. Pero la Iglesia española sigue sin obedecer al Papa. La Conferencia Episcopal argumenta que no tiene ningún poder ejecutivo, solo de coordinación, y todo depende de cada obispo, dueño absoluto de su diócesis. Lo poco que han hecho las diócesis, salvo excepciones, ha sido abrir oficinas de atención a las víctimas, obligadas por el Vaticano. Pero son organismos desconocidos y la mayoría no dan ninguna información.
El papel de los medios
La fotografía que refleja la nueva contabilidad de los casos en España señala los primeros en los años treinta. Desde 1986, año en el que se ha hallado el primero publicado en la prensa, hasta 2000 tan solo se conocieron 12 episodios. A partir de entonces comenzaron a hacerse públicos, por el eco mundial de las investigaciones del diario Boston Globe que dieron inicio al escándalo en 2002. La película Spotlight, ganadora del Óscar y que cuenta esa historia, es de 2015, y es a partir de ese momento cuando algo empieza a moverse en España. La mayoría de los casos han emergido en los últimos cinco años, un 72% del total. La década con más casos registrados es, de hecho, la última, de 2010 en adelante, con 48. Seguida de los años 60 y 70.
En 2016, El Periódico destapa el caso de los Maristasen Barcelona. EL PAÍS comienza sus investigaciones en octubre 2018 y abre un correo electrónico que recibe más de 300 mensajes. Desde entonces ha publicado 52. Buena parte de los casos, 135, se han hecho públicos gracias a la prensa. Otros 102 resultan de algún tipo de investigación interna de órdenes religiosas o diócesis y 65, de una actuación judicial.
El mapa del número de casos descubiertos por provincias pone en evidencia el papel de los medios. Las que tienen más casos son Barcelona y Navarra, pero únicamente se debe a que había medios que los investigaban y los sacaban a la luz, principalmente El Periódico y Diario de Noticias de Navarra. También destacan provincias como Madrid, Bizkaia y Murcia, donde las diócesis se han distinguido, a diferencia de la mayoría, por revisar archivos y facilitar información. Lo mismo ocurre con las órdenes religiosas. La mayoría de los casos, 225, están relacionados con congregaciones, pero también porque se han prestado más que las diócesis a admitirlos y dar información. Jesuitas es la congregación con más casos, 71, de nuevo porque es la primera y casi la única que ha emprendido una mínima investigación interna. La mayoría los ha desvelado la propia orden en un informe presentado el pasado mes de enero, si bien no ha revelado detalles decisivos como el nombre de los religiosos acusados ni el lugar de los hechos. Es decir, los casos han surgido donde alguien ha mostrado interés en que surgieran. De hecho, en Barcelona, Navarra y Madrid se concentra el 40% de todos los casos en los que se conoce el lugar de los hechos.
Los datos indican que, de media, los delitos de pederastia salen a la luz 30 años después de que hubieran ocurrido, según el análisis de los 255 casos en los que se conocen las fechas con exactitud. Este dato está directamente relacionado con otro, muy de actualidad con la aprobación de la nueva ley de protección de la infancia: en más de la mitad de los casos, 176, hubo denuncia, pero el 48% fueron archivados por haber prescrito. En 36% hubo condena y el 16% están en marcha o se desconoce cómo concluyeron. Las denuncias que terminaron en una absolución del acusado no han sido incluidas. Cuando entre en vigor la nueva ley de infancia o ley Rhodes aprobada esta semana en el Congreso, los plazos de prescripción de los delitos de pederastia comenzarán a contar en el momento en que la víctima cumpla 35 años. Hasta ahora era a partir de los 18 años. La ley no tiene efecto retroactivo.
Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es
