Las firmas recogidas tanto en papel a pie de calle como a través de la web laicismo.org manifiestan el rechazo de muchos ciudadanos a que un evento pastoral y confesional católico sea sufragado por el conjunto de la ciudadanía.
Pese a las declaraciones de que no cuesta nada al Estado, basta ver el coste millonario de los efectivos de policía, los 16 millones que las empresas patrocinadoras del evento no pagarán a Hacienda, los numerosos costos por atenciones a los participantes (alojamientos en centros educativos y deportivos oficiales, uso de instalaciones públicas, infraestructuras, reducciones o gratuidad de transportes, actividades turísticas en numerosas ciudades con decenas de miles de uros de coste, traslado de imágenes, participación de legionarios,…)
Se privilegia de esta manera una determinada confesión religiosa, en perjuicio de otras opciones y convicciones, religiosas o no, vulnerando el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado y se produce una confusión entre el Estado, que somos todos, y una religión particular, que aparece como la oficial del Estado.
Unos gastos que en estos momentos se nos muestran indecente ante la situación de crisis que se vive en España, por no hablar de las terribles hambrunas de África, y que vienen a mostrar una vez más la hipocresía de una jerarquía católica más preocupada por el marketing que por mostrar su mensaje. De ahí que numerosos grupos católicos de base se hayan opuesto igualmente a este evento que supone un despilfarro y una ostentación del poder de la institución que dirigen.
Una iglesia que además pretende imponer sus normas morales al conjunto de la ciudadanía y aprovecha los fondos públicos para hacer su proselitismo y su crítica a las decisiones y leyes aprobadas por el Congreso dejando en entredicho la soberanía del país que mayoritariamente las asume (ley del aborto, muerte digna, matrimonio homosexual,…) Algo que no se le permitiría a ningún otro representante de un Estado extranjero, confuso papel que utiliza el señor Ratzinger para justificar las atenciones públicas, pues viene en calidad de jefe de un estado ficticio El Vaticano y como jefe supremo de una iglesia.
Por todo ello los firmantes reclaman un Estado laico que conlleve la separación del Estado de cualquier iglesia o confesión religiosa, la no financiación de esta visita y los 10 000 millones de euros que recibe la iglesia católica, o los 6 millones de las otras confesiones. Un Estado laico que requiere la definitiva derogación del Concordato y los Acuerdos preconstitucionales con la Santa Sede que constituyen la base jurídica de este trato privilegiado.
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