El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, responsable de la Comisión antipederastia creada por la CEE para prevenir y proteger de los abusos sexuales a menores, desoyó la petición de auxilio de un antiguo alumno del colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria. Esta nueva víctima de abusos sexuales de la Iglesia envió en julio de 2017 una carta al prelado en la que daba cuenta de las agresiones sufridas presuntamente a manos del sacerdote José Manuel Ramos Gordón en el citado centro escolar de Zamora. Los abusos se prolongaron durante cinco años, los comprendidos entre sexto de EGB y 1º de BUP, año en el que el estudiante abandonó el centro. La víctima, procedente de León, llegó a Sanabria con diez años, corría el año 1978, e ingresó en el internado porque sus padres, emigrantes los dos, trabajaban en Francia. «La carta se la envié al obispo de Astorga en julio de 2017. Mi error fue mandarla sin certificar», declara J, que prefiere mantener su anonimato. «Queda claro que sólo responden y toman en consideración las denuncias cuando no tienen más remedio. De lo contrario, lo esconden en un cajón».
Los presuntos abusos de José Manuel Ramos Gordón contra este alumno del centro Juan XXIII se producían durante la noche. En el internado, los alumnos se repartían en tres dormitorios: en el primero dormían los alumnos de 5º y 6º de EGB, en el segundo los niños de séptimo y octavo y había uno más en el que estaban las camas de los estudiantes de BUP. J describe las agresiones de la misma manera que las otras dos víctimas de Ramos Gordón (Javier y H.H). «Se arrodillaba junto a la cama, me bajaba los pantalones y comenzaba»… J. no quiere concretar más y tampoco hace falta. «Qué si lo sabían el resto de sacerdotes? Yo no puedo decir nada sobre eso porque no lo sé, pero lo que está claro es que ninguno denunció porque, simplemente, no podíamos». J subraya el poder que en los años ochenta tenía la Iglesia en España «como para decir algo. Me habrían matado».
MIEDO A LAS CONSECUENCIAS
No habla por hablar. Recuerda a un tal Aquilino: «Daba unos palos de muerte y un niño le denunció. No sabes la que recibió al volver al colegio», asegura. Recuerda también a otro, José María, que cada día saludaba a uno de los niños con una bofetada, «para recordarle que empezaba la clase» y le despedía con otra, «para que supiera que por aquel día, había terminado».
J. enviará la próxima semana la denuncia al obispado de Astorga y advierte de que no busca dinero —tiene derecho a una compensación económica— sino justicia. «Los pederastas tienen que ser retirados junto a otros como ellos. Lo que no puede ser es que sigan con niños, porque volverán a hacer lo mismo».
Como en el resto de los casos de abusos, J. no se lo contó a sus padres . «Estaban trabajando como burros para pagarme la educación. ¿Cómo se lo iba a contar?». Se lo dijo a un amigo íntimo suyo. «Lo hablábamos entre nosotros, pero nada más. Hice una gran cruz y pasé página. Tengo la piel dura», dice con ironía para lamentar a continuación la «hipócrita» actitud de la Iglesia: «Primero no lo reconocen y cuando no les queda más remedio, les condenan a un año sin celebrar misas. Que le encierren en un lugar con gente como él», pide.
DENUNCIA CON EL AÑO NUEVO
J. enviará mañana lunes al Obispado de Astorga la carta en la que acusa de manera formal a José Manuel Ramos Gordón. La mandará también a la Santa Sede y lo hará de manera certificada. «Sabré que la ha recibido, no como en la ocasión anterior», advierte. Si finalmente se abre el proceso y las denuncias se demuestran, estará probado que el sacerdote José Ramos Gordón abusó al menos de cuatro niños: dos en el centro Juan XXIII de Astorga y otros dos (Javier y su hermano gemelo) en el seminario menor de La Bañeza.
Hay que recordar, además, que la Diócesis de Astorga tiene otro ‘frente’ abierto en Galicia. El sacerdote Ángel Sánchez Cao fue acusado de pederastia por el alumno del seminario menor de La Bañeza Emiliano Álvarez. La sentencia aún no ha llegado.
Sin embargo, el cura continúa su oficio pastoral en El Barco de Valdeorras y en contacto con menores. De hecho, sigue oficiando las celebraciones de la Primera Comunión, cuando la ley canónica establece la conveniencia de separar a los acusados de pederastia de los niños.
