El Obispado de Ciudad Real es probablemente el mayor casero de la provincia: posee decenas de fincas rústicas, viviendas y locales comerciales que alquila a terceros para obtener un lucro económico, pero en la mayoría de los casos no abona el correspondiente Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
La Ley exime a la Iglesia de pagar este tributo municipal en el caso de los edificios directamente vinculados a su actividad religiosa: no deben abonar el IBI los templos, ni los conventos ni las viviendas en las que residen los sacerdotes.
Pero la Diócesis de Ciudad Real ha amasado durante las últimas décadas un importante patrimonio inmobiliario, que se ha nutrido en parte mediante donaciones y herencias de feligreses. El Obispado obtiene un rendimiento económico alquilando estos edificios para actividades completamente ajenas al culto que, de acuerdo con la Ley, no deberían beneficiarse de la exención del IBI.
Por ejemplo, el Obispado posee tres inmuebles adyacentes en la calle Calatrava de la Capital, que alquila a la Cruz Roja por 2.800 euros al mes para albergar sus oficinas.
El Consistorio quiere empezar a cobrar
La Diócesis posee otros tres locales en una de las calles más céntricas de la ciudad, Alarcos. Alquila uno de ellos a un particular por 1.200 euros al mes, cobra por otro 600 euros para utilizarlo como guardería y el tercero funciona como frutería: el tendero paga al Obispado un modesto alquiler de 370 euros al mes.
Las parroquias de San Pablo, San Pedro, Santiago Apóstol y, en Daimiel, Santa María la Mayor y San Pedro, también tienen adscritas varias viviendas que se alquilan a terceros para usos completamente ajenos al culto, sin pagar el correspondiente Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI).
El anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, encabezado por la alcaldesa Rosa Romero (PP), realizó en 2012 una estimación, según la cual el Consistorio recaudaría 258.000 euros adicionales al año si todos los inmuebles de la Iglesia pagaran el IBI.
Esto censo incluía también a los edificios eclesiásticos como la Catedral, el convento de las Adoratrices, el Seminario o la Iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles. Entonces no se tomó ninguna decisión al respecto. Ahora, la nueva alcaldesa socialista, Pilar Zamora, se ha comprometido a poner en marcha un estudio para determinar qué bienes de la Iglesia deben pagar el IBI en la ciudad.
Explotaciones agrarias
Tan sólo en el municipio de Miguelturra, el Obispado consta como titular de varias decenas de fincas rústicas que suman más de 100 hectáreas (un millón de metros cuadrados).
Las más extensas son las conocidas como Las Cuarenta (tiene algo más de 16 hectáreas), la Carbonera (15,8 hectáreas), Peralvillo Bajo (14 hectáreas), el Cerrillo del Monte (12 hectáreas), el verdugal (7 hectáreas), el Rodeo (6,8 hectáreas) y Cabeza Jimeno (6,6 hectáreas).
La Iglesia alquila algunas de estas propiedades a terceros, como tierras de cultivo. No obstante, según las fuentes consultadas, Miguelturra es uno de los pocos Ayuntamientos de la provincia que sí cobra el IBI a la Iglesia por sus inmuebles que están dedicados a usos distintos al religioso.
