La paralización urgente de los trabajos dictada por la Audiencia Nacional se une a una batería de obstáculos a lo largo de los años que han impedido cumplir la sentencia de 2016 que autorizaba la recuperación de los restos enterrados sin permiso en la cripta
¿Cómo puede ser que una exhumación decretada por un juzgado que ampara la petición de unos familiares de recuperar los restos de sus allegados lleve más de un lustro empantanándose?
La respuesta hay que buscarla en las resistencias a que se toque la construcción que el dictador Francisco Franco consideraba su obra magna: lo que denominó el Valle de los Caídos y que ahora ha recuperado su nombre anterior de Cuelgamuros.
Esa resistencia ha jalonado todo el proceso de obstáculos judiciales y burocráticos para ralentizar y enmarañar la recuperación de unos restos que fueron trasladados allí sin permiso y que sus familiares desean enterrar en un lugar distinto al mausoleo gigante levantado en honor del franquismo.
El último golpe se ha conocido este lunes: el juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional ha mandado paralizar de manera cautelarísima las obras de exhumación tras el recurso presentado por la Asociación de Abogados Cristianos en nombre de “la nieta de una de las pocas mujeres enterradas” allí, según han comunicado.
El Gobierno ha contestado que “reafirma su compromiso con la localización y recuperación de los restos de víctimas, tal y como desean sus familiares”. Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática explican a elDiario.es que preparan la presentación de alegaciones al auto para que se levanten las medidas. Un obstáculo más en una carrera que comenzó con una sentencia favorable de 2016.
2016: la primera sentencia judicial
En marzo de 2016 se daba el visto bueno a las exhumaciones en Cuelgamuros. Daba la razón a los familiares de varias familias (entre las que estaban la de los hermanos Lapeña) para recuperar sus restos que habían sido trasladados sin permiso a la cripta de lo que entonces era el franquista Valle de los Caídos.
Patrimonio Nacional dilata: la sentencia no surge un efecto inmediato ni mucho menos. Patrimonio Nacional –un organismo del Gobierno, en ese momento presidido por Mariano Rajoy (PP)–, de quien depende las instalaciones– no asumió el fallo y, de hecho, no mostró intención alguna de favorecer la exhumación decretada por el juez. En julio de 2016 pidió una serie de informes que, a la postre, atascaban el proceso.
De hecho, el Ministerio de la Presidencia encargó dos informes de la Abogacía del Estado, un dictamen del Instituto de las Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y otro dictamen del Consejo Médico Forense.
Aparecen los benedictinos: en octubre de 2016, los benedictinos que gestionan la abadía inscrita en Cuelgamuros remiten unos documentos para impedir la entrada de los técnicos en la cripta. El abad, Santiago Cantera, comienza a forjar su fama de cancerbero del valle por su oposición numantina a permitir las exhumaciones avaladas por una sentencia judicial.
2017: Patrimonio Nacional les dice a los benedictinos que la cripta es civil
El 9 de marzo de 2017 el organismo estatal emitió una resolución dirigida a la abadía benedictina por la que se concluye que “a los osarios existentes en el conjunto monumental del Valle de los Caídos, adyacentes a las capillas de la nave central y de la nave del crucero de la Basílica, les corresponde la calificación jurídica de cementerio público y no la de cementerio de la Iglesia”.
Noviembre de 2019: Patrimonio autoriza
Patrimonio autoriza finalmente las exhumaciones en la cripta. Parece el principio del fin, pero no es así. La decisión abre más caminos judiciales para intentar impedir la recuperación de los restos.
Noviembre de 2021: la licencia que precede a los recursos
Cuando el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial –término municipal al que pertenece el valle de Cuelgamuros– dio finalmente la licencia de obras para comenzar los trabajos en la cripta, en junio de 2021, la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica judicializó el trámite. Llevó la autorización a los juzgados y el número 11 de lo Contencioso Administrativo atendió sus peticiones: las obras se paralizaron.
La estrategia había sido similar a la seguida durante el proceso de exhumación de Francisco Franco: varias asociaciones franquistas lanzaron una batería de recursos con la idea de que alguno cayera en un juzgado que les hiciera caso.
Marzo de 2022: anulan la paralización
La Abogacía del Estado había recurrido la paralización de noviembre de 2021. Y, finalmente, consiguió superar esta nueva zanja tendida al proceso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló esa paralización en marzo de 2022. Así, parecía que se reactivaba de manera más o menos definitiva.
Con todo seguían pululando iniciativas judiciales para conseguir que algún juzgado detuviera, aunque fuera cautelarmente, las obras.
Marzo de 2023: el Supremo avala las exhumaciones
Un año más tarde, el Tribunal Supremo zanjaba esa parte de los litigios al rechazar los recursos para detener los trabajos de exhumación. Mantenía firme la decisión de un año antes del TSJM.
Podía parece que con la palabra del Alto tribunal la situación estaría más calmada, pero no ha sido así. El 12 de junio de este 2023 comenzaban los trabajos técnicos para poder afrontar las exhumaciones de las víctimas del franquismo. Se comenzó por la identificación de 128 personas enterradas en las criptas y reclamadas por sus allegados.
Julio 2023: rechazo en la Audiencia Nacional
El juzgado de los Contencioso Administrativo nº5 de la Audiencia Nacional desestimó la petición de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos de detener las exhumaciones.
Septiembre de 2023: una sentencia anula la licencia
Solo tres meses y medio después de empezar los trabajos, otro juzgado de Madrid decidió anular la licencia de obras concedida por San Lorenzo de El Escorial (una autorización que se emitió más de dos años antes) al estimar el recurso interpuesto por la Fundación Francisco Franco y, de nuevo, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, entre otros. A pesar de que la sentencia no era firme, uno de los demandantes pretendía pedir la ejecución de la sentencia para que se congelaran las exhumaciones. La Abogacía del Estado recurrió este fallo.
Diciembre de 2023. Cuatelarísimas para detener las obras
Con los recursos a la última sentencia todavía en marcha, otro litigio abierto por la Asociación de Abogados Cristianos –cuyos vínculos con Vox han sido expuestos– en nombre de una nieta de enterrada en Cuelgamuros ha conseguido que la Audiencia Nacional (en este caso el juzgado de lo Contencioso nº 11) dicte medidas cautelarísimas para la paralización de las obras.
