La educación concertada disfruta de un auténtico ‘negociazo’ en Andalucía. Los colegios concertados gozan actualmente de un marco normativo y político más que favorable para el desarrollo de su actividad, en términos educativos, pero también, y sobre todo, en económicos y empresariales. Los guiños que la concertada ha recibido durante los seis años de mandato de Moreno y del PP en la Junta son innumerables y clarividentes. Y hasta el más disperso en términos ópticos podría atisbarlos.
En los presupuestos de 2024, la Junta de Andalucía destinó, de la mano del dirigente malagueño, un total de más de mil millones de euros a la escuela concertada, en su mayoría en propiedad de la Iglesia Católica. Una cifra nunca antes alcanzada ni muchísimo menos durante las más de cuatro décadas de vida democrática de la autonomía. Un destacado esfuerzo económico, pero favorable solo a manos privadas, que, además, ha llegado de la mano del recorte de más de 2.400 aulas públicas andaluzas (el próximo curso escolar ya será esta clausura superior a las 3.000) y del mantenimiento casi en su inmensa totalidad de las líneas educativas concertadas, a las que se ve que no le afecta la máxima demográfica de la «baja natalidad» argüida constantemente por el Ejecutivo andaluz para el precinto de clases de titularidad pública.
No contento con un panorama excelsamente beneficioso, un informe elaborado por EsadeEcPol (recogido por Diario de Sevilla), en el que se aborda por primera vez de manera integral el ecosistema de centros concertados, familias y cuotas en toda España a partir de datos de dos encuestas del INE (de ‘Gastos de los Hogares en Educación’ y de ‘Financiación y Gasto de la Educación Privada’), ha desvelado que los colegios concertados en Andalucía recaudan anualmente un total de 37,7 millones de euros en cuotas que cobran a las familias de sus alumnos y alumnas, una cuantía que aumenta hasta los 42,2 millones cuando se le añade a ella el servicio de comedor escolar.
Estas contribuciones que la mayoría de los centros concertados notifican como voluntarias están, sin embargo, prohibidas por ley en el modelo de educación concertada que lleva implantado en territorio español desde 1985 y en la vigente ley de Educación (Lomloe), que reitera esta premisa prohibitiva. Pese a ello, el 60 % de las familias andaluzas, según el mencionado estudio, abona estas cuotas, reservada a la matrícula, las clases lectivas y las actividades complementaras realizadas dentro del horario escolar. Una tasa, asimismo, que dependiendo de la etapa educativa, puede ser pagada por una proporción del alumnado que en algunos casos oscila entre el 81 y el 95 %.
