El movimiento laicista pone en el punto de mira los acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1976-1979, esos cuyo contenido aún aparece en los fundamentos de derecho de las sentencias del Constitucional y el Supremo que apuntalan la posición singular de la Iglesia en España. No hay discrepancias. Ese es, según los defensores de la estricta separación Iglesia-Estado, el principal tema que habría que abordar en un trato de tú a tú con el Vaticano. No obstante, tampoco hay autoengaño: la cuestión previsiblemente no entrará en agenda del encuentro de este sábado en el Vaticano. A las puertas de la primera reunión del presidente Pedro Sánchez con el papa Francisco, este sábado en el Vaticano, infoLibre reúne cuatro puntos de vista de activistas del laicismo. Sus expectativas son bajas.
“En nuestro país, incluso en la democracia, la Iglesia católica ha intentado tutelar durante años los derechos civiles en muchos aspectos (aborto, matrimonio igualitario, escuela laica) y los gobiernos, de todo signo, han buscado siempre el beneplácito del catolicismo y ello pese al avance imparable de la secularización social”, escribe el presidente de Europa Laica, Antonio Gómez Movellán. Y añade: “En nuestro país, tenemos en verdad un Estado con una religión semioficial que es financiada públicamente y que goza de privilegios propios de una religión oficial, particularmente en el sistema educativo, donde la segregación por motivos religiosos es el principal factor, después de la renta, según la OCDE, de la amplificación de la desigualdad social”
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La filóloga Asunción Villaverde, activista por la separación Iglesia-Estado, coincide en lo esencial. Lo principal, dice, es “la derogación de los acuerdos del 76 y 79, porque es el marco en el que se envuelven todos los privilegios: económicos y educativos, legislativos…”. “Lo primero exigir la autofinanciación de la Iglesia católica”, dice.
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Juanjo Picó, histórico de Europa Laica, tiene el mismo objeto en el punto de mira. “Los acuerdos con la Santa Sede son la piedra angular de los privilegios de la Iglesia. Sin quitarlos, es imposible. Son la clave”, señala. ¿Cree que hay posibilidades? “En absoluto”, responde. “No está en el programa de gobierno”, resume. A su juicio, falta voluntad política. “No hay firmeza. En todo caso, se exigirá algo con las inmatriculaciones, ya veremos. Yo temo una salida en falso”, señala Picó, que en un segundo nivel –más realista– de reivindicación pide “sacar la religión del horario lectivo”.
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