El movimiento laico, que sale este martes a la calle, presiona al Gobierno para que cumpla con su compromiso pendiente de legislar contra las inmatriculaciones de la Iglesia. La coordinadora de colectivos Recuperando ha convocado concentraciones en 16 poblaciones en “denuncia del incumplimiento del Gobierno”. El acuerdo programático de hacer cambios legales para revertir las inmatriculaciones realizadas “indebidamente” de momento no se ha convertido en realidad.
“El Gobierno […] ha incumplido su compromiso […] y ha dado carpetazo a este escándalo monumental legitimando la apropiación eclesiástica de decenas de miles de edificios, fincas, plazas, cementerios y monumentos que forman parte de nuestra historia común”, señala el manifiesto de Recuperando para calentar la convocatoria, que reclama “una solución global y justa que devuelva al dominio público lo que ha sido históricamente de todas y de todos”.
Programa e investidura
El acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos, firmado en diciembre de 2019, establecía el compromiso de aprobar las “modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia”.
Pedro Sánchez abundó en esa idea en el discurso de investidura como presidente de enero de 2020. “En un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley, ni disfrute de privilegios que hieran el principio de legalidad y el principio de igualdad. El Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia”, manifestó Sánchez en el Congreso.
“Ha transcurrido año y medio desde entonces y el Ejecutivo no sólo no ha movido un dedo para anular las inmatriculaciones ilegítimas sino que, de forma clandestina y absolutamente opaca, ha acordado con la jerarquía católica amnistiar el inmenso expolio patrimonial”, dice el manifiesto de Recuperando.
Las limitaciones del listado
El movimiento más significativo del Gobierno en relación con las inmatriculaciones fue el reconocimiento del “amparo legal” del polémico registro masivo de bienes, en febrero de este año. El Gobierno, respondiendo a una exigencia del Congreso, hizo público el listado de 34.961 bienes registrados por la Iglesia entre 1998, año en que entró en vigor una reforma legal impulsada por el Gobierno de José María Aznar, y 2015, cuando otra reforma con Mariano Rajoy puso fin a esta práctica. Quedaron fuera del listado los bienes inmatriculados no sólo desde 1946, cuando el régimen franquista formalizó el privilegio, sino también a partir de la Constitución de 1978.
Tras su publicación, algunas voces interpretaron que supondría una catarata de reversiones de inmatriculaciones, dado que ofrecía información que permitiría acudir a los tribunales a reclamar. ¿Ha ocurrido? No. infoLibre preguntó a la coordinadora Recuperando si le constaba algún caso de bien recuperado. La respuesta fue negativa. En el caso de la Conferencia Episcopal, gran beneficiada por el aval del Gobierno, no hubo contestación.
Múltiples causas se combinan para que recuperar un bien sea tarea casi imposible. Si han pasado dos años desde la inscripción, al particular o institución que tenga que darle la vuelta le corresponde aportar documentación que desmonte el registro por parte de la entidad eclesiástica. Un ejemplo ilustra bien todas las dificultades que hay que superar. El Ayuntamiento de Artà, en la Isla de Mallorca, sólo logró en enero de este año la anulación de las inmatriculaciones por parte de la Iglesia de las murallas y los patios de una parroquia tras una larga batalla legal iniciada en 2017 que ha incluido primera instancia, Audiencia de Palma y Supremo, y que le obligó a buscar asesoramiento externo sobre historia y leyes.
El respaldo del Gobierno a las inmatriculaciones entre 1998 y 2015 se completó con un informe jurídico, que realizaba dos posicionamientos de relevancia. En primer lugar, se inclinaba por considerar que el procedimiento de inmatriculación de la Iglesia basado en su propia certificación, anclado en una ley de 1946 y que se mantuvo hasta 2015, había adquirido la condición de constitucionalidad por la vía de los hechos. “Pese a las serias dudas que planteaba la constitucionalidad, ni se dejó de aplicar por ningún tribunal ni se planteó una cuestión de inconstitucionalidad”, señala el informe. En segundo lugar, más importante aún, afirmaba: “[…] Las fincas inmatriculadas a favor de la Iglesia mediante el procedimiento del artículo 206 [el que otorgaba el privilegio a los obispos] contaban con el necesario título material a su favor”. Y añadía: “Cada registrador […] ha de velar para que no accedan al registro actos que supongan sustracción del dominio público”. Esto era una suposición de que las cosas habían sido como debían ser.
En resumen, como no había habido cuestión de inconstitucionalidad, el procedimiento se había constitucionalizado; y como se suponía que los registradores habían hecho bien su trabajo, pues también se supone que la Iglesia había no se había adueñado de bienes de dominio público. El éxito de la Iglesia era doble: las inmatriculaciones de los bienes que estaban en el listado quedaban avaladas por el Gobierno y las inmatriculaciones de los no están quedaban más blindadas aún porque nada se sabe de ellas. En ambos casos, la Iglesia ganaba.
El rechazo del frente laicista
Llegados a este punto, ¿en qué quedan las anunciadas “modificaciones legislativas” para revertir las inmatriculaciones realizadas “indebidamente”? A juicio de Andrés Valentín, portavoz de la coordinadora de asociaciones Recuperando, el compromiso queda “en nada”. “El Gobierno tiene la clara pretensión de incumplir totalmente el programa y el discurso de investidura [de Sánchez], como se demuestra además cuando el PSOE ha unido los votos a la derecha en el Congreso para rechazar la reversión“, señala.
Valentín señala que el listado ni siquiera es suficiente para que posibles afectados por inmatriculaciones acudan a la vía judicial, porque la información es “tan escasa que en muchos casos es imposible identificar los bienes”. “Tendría que estar disponible toda la información que figura en las notas simples”, concluye.
Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil, que asesoró al Ayuntamiento de Artà en su exitosa pugna por recuperar unas murallas, afirma que el Gobierno “ha cerrado el falso” el problema con la publicación del listado, tratando de otorgar una legalidad a todas las inmatriculaciones y dejando en manos de particulares y ayuntamientos cualquier reversión, lo que en la práctica las hace casi imposibles. “El Gobierno quiere incumplir sus compromisos a partir del relato falso de que las inmatriculaciones se realizaron conforme a derecho, algo que el propio informe oficial no dice, porque no entra en la cuestión de fondo”, señala. Rodríguez, que es miembro de la plataforma por la recuperación de la Mezquita-Catedral de Córdoba, afirma que el Gobierno tiene un amplio margen para realizar “modificaciones legislativas”, aunque “falta voluntad política”.
El senador Carles Mulet, de Compromís, uno de los más activos en el marcaje laicista al Gobierno, se muestra a estas alturas escéptico sobre las posible reformas. “El listado se quedó muy corto, y para no cumplir los compromisos siempre hay excusas”, señala.
El Gobierno alega que la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico introducirá limitaciones al aprovechamiento de inmuebles de interés cultural, si bien Cultura admite que la medida no es “onerosa” para la institución católica
La reforma del Gobierno
La Vicepresidencia dirigida por Carmen Calvo, responsable de las relaciones con la Iglesia, no aclara la forma en que se dará cumplimiento al compromiso, pero sí avanza que el Ministerio de Cultura y Deporte trabaja en una reforma de la Ley de Patrimonio Histórico que “aproximará” los bienes inmuebles “de interés cultural de la Iglesia” al régimen de “dominio público”. El departamento de José Manuel Rodríguez Uribes explica que llevará la ley al Consejo de Ministros este mismo martes.
Lo que hace la reforma, explica un responsable de Cultura, es extender a los bienes inmuebles la prohibición a la Iglesia de vender o ceder bienes muebles de interés cultural salvo al Estado o a otras instituciones eclesiásticas. Es decir, se impide vender a un particular un templo religioso considerado bien de interés cultural, algo que no está prohibido por la actual Ley de Patrimonio Histórico. Este responsable minimiza el alcance de la medida sobre el conjunto de los bienes inmatriculados. “No es un artículo oneroso para la Iglesia”, indica.
Unidas Podemos señala otra posible vía: un mandato legal a los registradores de la propiedad para la cancelación por “nulidad insubsanable” de todos los asientos practicados por la Iglesia mediante su privilegio de origen franquista
PSOE y Unidas Podemos
Los grupos que sostienen al Gobierno, el socialista e Unidas Podemos, encaran la situación de manera diferente. El PSOE se limita a afirmar que es la Vicepresidencia Primera la que lleva la cuestión, mientras Unidas Podemos es más exigente. La diputada Martina Velarde, que recuerda que el punto 5.11 del programa, el referido a las inmatriculaciones, es una propuesta de Podemos, señala que esperaba “más y mejor” del listado de febrero, por motivos similares a los de la coordinadora Recuperando. “El Ministerio de Cultura debe reclamar por todas las vías a su alcance todos los bienes que figuren en su inventario de patrimonio histórico, de igual forma que el resto de administraciones públicas que se hayan visto afectadas”, explica Velarde, que asegura que Unidas Podemos también quiere establecer por ley, que “podría ser” la Ley de Libertad de Conciencia, el mandato a los registradores de la propiedad para la cancelación por “nulidad insubsanable” de todos los asientos practicados por la Iglesia católica gracias a su privilegio de origen franquista, al menos desde la entrada en vigor de la Constitución.
Concentraciones martes 22
Las concentraciones de hoy están convocada en municipios de Andalucía (Sevilla, Granada, Córdoba y Jerez de la Frontera), Cataluña (Sant Boi de Llobregat), Comunidad Valenciana (Valencia), Aragón (Zaragoza), Castilla La Mancha (Albacete), Castilla y León (Valladolid, Palencia, León), Extremadura (Cáceres), Región de Murcia (Murcia), Asturias (Oviedo), Navarra (Pamplona) y Cantabria (Santander). [También en Donostia]
