Durante la presidencia de Donald Trump, el gobierno de EE UU asumió el liderazgo en la construcción de la alianza antiabortista mundial, organizando reuniones con representantes de gobiernos extranjeros con motivo de los encuentros de alto nivel de Naciones Unidas con ánimo de denunciar concretamente los derechos a la salud sexual y reproductiva (sexual and reproductive health and rights, SRHR), y trató de ampliar la alianza para el rechazo de los SRHR en las negociaciones internacionales.
El 22 de octubre de 2020, el gobierno de Trump anunció la firma de la Declaración de Ginebra: Consenso, un documento global de defensa de la familia y contrario al aborto, en un intento de ampliar y reforzar la alianza mundial antiabortista. Durante la presidencia de Trump, EE UU aprovechó, como punta de lanza del movimiento, cualquier instrumento de política exterior disponible para silenciar toda mención del derecho al aborto o de los derechos a la salud sexual y reproductiva en documentos de Naciones Unidas. Pero ahora que Trump ha salido de la Casa Blanca, se plantea la pregunta: ¿qué hay de esta alianza?
Manipulación de los derechos humanos
Los grupos antiabortistas de todo el mundo, que operan independientemente de quién está en el gobierno y se financian con dinero negro, ejercen presiones, defienden políticas y recurren a los tribunales masivamente. En los últimos años han comenzado a manipular normas tradicionales de derechos humanos para convertirlas en derechos de los nonatos y de la familia natural, lo que indica un desplazamiento de su argumentación de base religiosa a otra de naturaleza jurídica.
En EE UU, activistas antiabortistas tratan de desarrollar un marco jurídico contrario al aborto, que reconozca la personalidad del feto al amparo de la 14ª enmienda, lo que permitiría que el feto gozara de idéntica protección legal que las personas y haría que los abortos fueran inconstitucionales. En la Unión Europea (UE) se ha dado una iniciativa similar, que sostiene que la vida comienza en el momento de la concepción y por tanto requiere protección con arreglo a la legislación europea. El Tribunal General de la UE ha rechazado este argumento.
La nueva reacción conservadora se ha centrado particularmente en la Organización de Estados Americanos (OEA), que agrupa a 35 Estados independientes, donde desarrollan estrategias jurídicas para reinterpretar la legislación interamericana en materia de derechos humanos. Activistas contrarios a los derechos han tratado de manipular el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que asegurara la protección desde el momento de la concepción, y alegan que esto impide la descriminalización del aborto. Al mismo tiempo, alertando frente a supuestos ataques a la soberanía nacional, afirman que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ampara los SRHR, supone una imposición ideológica.
ADF International, un ejército jurídico cristiano estadounidense, también está involucrado en acciones legales en todo el mundo en casos que implican el carácter sagrado de la vida, y cuenta con oficinas situadas cerca de instituciones de la UE en Bruselas, Ginebra, Viena y Estrasburgo, además de sucursales en el sur de Asia y América Latina.
Bloqueo continuado durante las negociaciones
La alianza mundial anti-SRHR va mucho más allá de cualquier gobierno Republicano estadounidense y forma parte de una reacción más amplia frente a la supuesta ideología de género, que también incluye la oposición a los derechos de las personas LGBTQI y a la igualdad de género. El movimiento antigénero más amplio contempla una alineación de líderes autoritarios, la derecha religiosa y populistas de derechas, en muchos casos agrupados en torno a la defensa de la soberanía. Se ha insistido en priorizar y se incluyen referencias a la soberanía nacional, que genera bloqueos en las discusiones y frena el proceso de llegar a acuerdos.
Esto se ha visto recientemente, este mismo mes, en las iniciativas adoptadas por Rusia en una reunión de alto nivel de Naciones Unidas sobre el HIV/SIDA. En la reunión se introdujeron 73 enmiendas en una declaración política para atender a las objeciones de Rusia, tras lo cual se propusieron nuevas enmiendas orales de última hora, para que el final Rusia se negara a apoyar la declaración. Las objeciones incluían las referencias a derechos y a la abolición de leyes discriminatorias, que según Rusia eran un “ataque a los valores familiares” e interferían en la soberanía nacional. Nicaragua, Bielorrusia y Siria también votaron en contra de la declaración. Esta se había negociado durante dos meses con el fin de intentar acomodar las objeciones rusas.
En la 74ª Asamblea Mundial de la Salud del pasado mes de mayo, Rusia, junto con Suazilandia, Mozambique y Zambia, propuso una enmienda a una resolución sobre la prohibición de la violencia contra la infancia que suponía tachar concretamente la referencia a la educación sexual. Hubo también una resolución, apoyada por una quincena de signatarios de la Declaración de Ginebra: Consenso, que proponía otorgar a la Santa Sede, firme oponente de los SRHR, el estatuto de observadora permanente de la Asamblea Mundial de la Salud.
La creciente politización de los SRHR ha supuesto la incapacidad de llegar a un acuerdo en toda una serie de cuestiones que afectan a la salud. En los casos en que se ha alcanzado un acuerdo que no ha sido aguado, esos avances pueden verse cuestionados por declaraciones opuestas de gobiernos conservadores o declaraciones conjuntas de varios países, reflejando la pugna política y la formación de alianzas contrapuestas a las que las negociaciones internacionales siguen estando sujetas.
Impulso de la movilización y financiación de las redes antigénero
Organizaciones internacionales contrarias a los SRHR han abierto estratégicamente oficinas locales para acceder directamente a responsables políticos e instituciones regionales con el fin de presionarles e influir en sus decisiones. El año pasado, Open Democracy reveló que grupos de la derecha cristiana estadounidense se habían gastado 280 millones de dólares en todo el mundo desde 2007 con el propósito de influir en las leyes, las políticas y las opiniones públicas de otros países. Hace pocas semanas se publicaron dos informes detallados que especifican los intentos de agentes contrarios a los SRHR de infiltrarse globalmente en negociaciones internacionales y eliminar toda referencia a los SRHR en las resoluciones.
El informe de la Asociación de Derechos de las Mujeres en Desarrollo (Association for Women’s Rights in Development, AWID) detalló cómo, junto a ataques directos a Naciones Unidas en forma de retirada de la financiación de sus agencias, agentes contrarios a los derechos se infiltran en la organización mundial con ánimo de cambiar el sistema desde dentro impartiendo formación a delegados y delegadas, aguando los acuerdos en materia de derechos humanos, promoviendo un marco paralelo de derechos humanos e infiltrándose en comités de ONG. En un proceso llamado ONGización, grupos religiosos constituyen organizaciones no gubernamentales y solicitan el estatuto de consultores con el fin de obtener acceso a negociaciones en organismos internacionales como Naciones Unidas y la OEA.
El Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos también publicó el mes pasado un informe que identificó una suma de 707,2 millones de dólares, procedentes de EE UU, Rusia y Europa, que se gastó en la financiación de campañas antigénero en Europa entre 2009 y 2018, proviniendo la mayor parte, 437,7 millones, del interior de Europa. El informe reveló que las redes antigénero europeas están muy extendidas y cuentan con ONG que actúan a escala internacional financiando iniciativas antigénero y tienen sus sedes en Bélgica, Francia, los Países
Bajos, España y Polonia. Asimismo, fundaciones conservadoras han financiado directamente campañas contra el derecho al aborto, el activismo político antigénero y el apoyo a candidatos conservadores, además de las llamadas iniciativas profamilia en numerosos Estados miembros.
Esto no solo demuestra la influencia de la derecha cristiana estadounidense, sino también una amplia oposición dentro de Europa que combate los SRHR en los Estados miembros y moviliza asimismo en torno a las instituciones de la UE. La labor de investigación de Open Democracy, el Foro Parlamentario Europeo y AWID demuestra que esta forma de interferencia política transnacional, bien dotada financieramente, con consecuencias desastrosas para la salud global y los derechos humanos, por no hablar ya de la democracia, debe ser combatida.
Las redes antigénero están consolidadas y las actividades anti-SRHR seguirán independientemente de quién gobierne. Y mientras las defensoras y los defensores de los SRHR han trabajado duramente para impulsar la acción progresista en la agenda internacional, no es probable que cambien las posturas de líderes autoritarios o populistas, y lo que queda es la oposición que influye en las negociaciones con capacidad para aguar los acuerdos. Cuando la política interior se integra en la política exterior de los países, también hay que prestar atención al nivel de cada Estado, donde formulan sus posiciones para llevar a las negociaciones internacionales.
Pese a que Trump ha dejado la Casa Blanca y la nueva presidencia de Biden apoya firmemente los SRHR y se ha retirado de la Declaración de Ginebra: Consenso, Rusia ha hecho gala de su voluntad de impulsar una fuerte oposición a los SRHR y la igualdad de género. Agentes anti-SRHR están al acecho intentando formular una posición común de la UE sobre los SRHR, y la actividad internacional de organizaciones jurídicas que apoyan las iniciativas anti-SRHR y siguen presionando en cada país en su toma de posición implica que continuarán los bloqueos en foros internacionales. Una cuestión clave que hay que vigilar es cómo siguen formándose alianzas y qué tácticas utilizan para oponerse y eliminar el lenguaje SRHR en los documentos internacionales.
