La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial se declara contraria a las tasas judiciales, la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la reforma del Código Penal
La magistrada Inmaculada Montalbán (Iznalloz, Granada, 1960), presidenta desde 2008 del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, rechaza las tasas judiciales, la reforma del Código Penal, y la supresión en las escuelas de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, al considerarla clave en la prevención del machismo.
En una entrevista concedida a Público, que supone el retorno de la sección "Femenino plural", Montalbán se refiere también a la polémica suscitada por el diputado de UPyD Toni Cantó al difundir en twitter que la mayoría de las denuncias por violencia de género eran falsas. Eludiendo personalizar en el actor y político, la magistrada recuerda que sólo el 0,01% de las denuncias son investigadas por falsedad, y destaca que "el mito de las denuncias falsas, y de las mujeres mentirosas, causa mucho daño, porque la mujer agredida que quiere denunciar piensa que no la van a creer".
Montalbán, miembro de la asociación progresista Jueces para la Democracia y elegida vocal del CGPJ a propuesta del PSOE, es una de las mayores expertas internacionales en lucha contra la violencia machista. Juez de carrera desde 1985, echa mano de sus experiencias en la profesión para demostrar el desconocimiento que advierte en el proyecto de Código Penal del ministro Ruiz-Gallardón, por ejemplo, al resucitar las penas de multa para agresores.
"Tuve el caso de una esposa que vino a pagar la multa que yo le había puesto a su marido. Le pregunté asombrada que cómo venía ella a pagar, y me contestó que su marido no pensaba pagar, y que además no tenía bienes a su nombre, y como la casa familiar era ganancial, temía que la embargasen".
¿La mayor incidencia de la crisis económica en las mujeres afecta a la violencia machista?
Sí. La dependencia económica respecto del agresor es uno de los factores que impiden que la mujer salga del círculo de la violencia. Una mujer que no tiene independencia económica, antes de decidirse a dar el paso, piensa qué será de ella y de sus hijos. Por eso la Ley integral estableció ayuda asistencial y económica para las víctimas, que son necesarias para romper la ligazón con el agresor y darle la oportunidad de comenzar una nueva vida.
Hoy en día, en que el trabajo es más precario, y si alguien trabaja mayoritariamente es el hombre, y la mujer si tiene algún contrato es precario, esto influye de tal manera que probablemente bajen las denuncias y aumente la retirada de procesos.
¿Celebrar el día de la mujer trabajadora sirve para algo?
Sirve para pararnos y hacer una reflexión sobre el momento en que vivimos. La crisis económica está teniendo un efecto paralizador de conciencias. Podemos mirar a otros países, como Islandia, que ha conseguido salir de la crisis reforzando los servicios públicos. Así garantizan el empleo de un gran número de mujeres y se contrarresta la pérdida de calidad de vida del resto de los ciudadanos.
La crisis no es excusa para retroceder en derechos conseguidos y desmantelar servicios sociales. Y es motivo de preocupación que las últimas leyes aprobadas, por ejemplo en el ámbito de la administración de justicia, han utilizado criterios economicistas como razones de eficacia o racionalización, para justificar medidas tales como las tasas judiciales o la reforma del código penal. Las tasas van a suponer una barrera para el acceso a la justicia.
Las cifras oficiales hablan de un descenso en la cifra de mujeres muertas a manos de sus parejas en los últimos tres años.
Siempre debe valorarse un dato como ése, pero mientras existan mujeres muertas a causa del machismo es motivo de preocupación. En España hemos conseguido tener un diagnóstico y estadísticas muy fiables y un seguimiento minucioso de estos casos. Somos uno de los pocos países que analizamos, a través del Observatorio, cuando las mujeres han acudido a los tribunales y qué ha sucedido con sus denuncias, lo que ha sido reconocido como ejemplo de buenas prácticas por el informe del parlamento europeo.
¿Qué falla para que no se vea el final del problema de la violencian machista?
Nos queda pendiente actuar en la fase previa, de prevención. Durante estos últimos años se ha hecho un gran esfuerzo institucional para poner en marcha los juzgados de violencia, estamos formando a los jueces, hay fiscales especializados, hay mucho profesional involucrado, pero el ámbito de la justicia opera cuando ya la violencia se ha producido, por lo que nuestra capacidad de respuesta es muy limitada.
Deberiamos focalizar la cuestión en medidas educativas, preventivas y áquellas que eviten que se genere la violencia. Y me preocupa porque todo parece apuntar que en este aspecto se va a producir un estancamiento, ya que se está anunciando la supresión de la Educación para la Ciudadanía, que es una asignatura prevista en la Ley Integral de Violencia de Género, que fue fruto del consenso de todos los partidos políticos, cuyos contenidos se refieren a la resolución pacífica de conflictos y al análisis de la normativa internacional en la materia.
Y hay riesgo de que esto pueda desparecer. Tenemos que trabajar con nuestros adolescentes en las familias o en los medios de comunicación, pero dentro del contenido curricular educativo esto debe de estar, porque de lo contrario nuestros adolescentes seguirán reproduciendo unos comportamientos no ajustados a la igualdad y al respeto mútuo.
¿Deben incrementarse las medidas de protección?
Las medidas cautelares, como las órdenes de alejamiento, son eficaces. Sólo en menos del 1% de los casos se produce quebrantamiento de la orden con resultado de muerte. Lamentablemente son algunos casos, pero en general vienen funcionando. Se necesitan todas las medidas que dén confianza a la mujer, como el refuerzo de unidades policiales específicas para controlar que se cumplan las órdenes.
¿Qué opina del twitter difundido por el diputado Toni Cantó sobre que una mayoría de denuncias por violencia machista son falsas?
Sin entrar en el caso particular, los datos que tenemos son incontestables. Hay estudios del Consejo del Poder Judicial que confirman que las posibles denuncias falsas son mínimas. Un informe sobre 530 sentencias señala que en sólo una el tribunal se vieron indicios para investigar una posible denuncia falsa, y en las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado se constata que no se han detectado más de 25 casos de posible denuncia falsa, cuando la media anual de denuncias por violencia de género en los juzgados es de 134.000. El porcentaje que sale de posibles denuncias falsas es de 0,014.
Lo que me preocupa es que el mito de las denuncias falsas vuelve a poner sobre el tapete la idea o mito de que las mujeres denuncian falsamente, que son mentirosas, y esto causa mucho daño, porque a las mujeres que están sopesando denunciar, cuando están en esa situación de vulnerabilidad, al oir ese tipo de argumentos piensan que no las van a creer.
Uno de los trabajos importantes del Observatorio es que nuestros estudios y el seguimiento de la actividad judicial han demontado el mito de las denuncias falsas, un mito que, por cierto, aparece en todos los países donde se intenta dar un paso más en la protección de los derechos de las mujeres.
¿Han evaluado cuántas mujeres agredidas no denuncian?
La última macroencuesta del Ministerio de Sanidad hablaba de 600.000 mujeres que sufrían malos tratos, de manera que si al año tenemos una media de 134.000 que denuncian, tenemos una bolsa oculta de unas 400.000 mujeres que no lo hacen. De las que mueren, mayoritariamente no han denunciado, por lo que la muerte no es algo súbito, inopinado, sino fruto de un maltrato recibido durante mucho tiempo. Si hubieran denunciado, igual se podría haber evitado la muerte.
¿Cómo valora la rectificación del ministro de Justicia al anunciar que no cobrará tasas a las víctimas de violencia machista en sus procesos de separación o divorcio?
Mi opinión es que no debería haber tasas en ningún proceso matrimonial o familiar, porque cualquier persona que quiera separarse o divorciarse está obligado a ir a un proceso judicial, no es algo optativo. Por tanto, no debería estar sujeto a tasa, como ha informado el Consejo del Poder Judicial.
Respecto a las víctimas de violencia machista, todavía habrá que esperar a ver cómo se desarrolla el derecho a la asistencia jurídica gratuita, porque todavía no está claro, por ejemplo, si tiene derecho a abogado en el momento mismo en que denuncia o en el Juzgado. Lo procedente hubiese sido que en la Ley de Tasas hubiesen quedado exentos de las tasas desde el principio todos los procesos matrimoniales, y se hubiera zanjado la cuestión.
El proyecto de reforma del Código Penal introduce cambios en el capítulo de delitos de violencia machista, ¿qué opina?
La posibilidad de volver a castigar con pena de multa es desconocer las características específicas de este tipo de delitos. La experiencia de hace dos décadas nos demuestran que son inidóneas. Pueden darse situaciones tan kafkianas como que el agresor detraiga el dinero para pagar la multa de lo previsto por la mujer para comida, la compra o para los gastos de la casa. No podemos volver a la multa.
Se introduce la mediación en los casos en que se suspenda la ejecución de la pena, lo cual es imposible e incompatible con la violencia de genero, ya que el mediador debe adoptar una postura neutral y respecto de partes en situación de igualdad, cuando en estos casos la mujer suele estar en desigualdad, por falta de autoestima y situación de vulnerabilidad.
La eliminación de las faltas de vejación injusta, que representan el 40 por ciento de las sentencias condenatorias en casos de violencia machista, tampoco sería lógico. Es el primer eslabón de la cadena del maltrato, que pueden ser frases como "tú no vales nada"o tonos despectivos y denigrantes y frases de minusvaloración de la mujer. Confío en que se haga caso de la recomendación del Consejo de no suprimir esa falta. También sería un retroceso eliminar el agravante de presencia de menores en el maltrato habitual, como se pretende.
¿El futuro del Observatorio corre peligro por los recortes?
Este Observatorio es la institución más antigua en la tarea de abordar la violencia de género, y hemos cumplido diez años. Es un lugar de encuentro y coordinación de las distintas instituciones de la administraciòn de justicia. Con el nuevo proyecto del Consejo espero que haya un amención al Observatorio como un elemento más del mismo. para poder seguir trabajando en la línea que se ha venido haciendo hasta ahora, de análisis de la respuesta judicial y propuestas de mejora.
El proyecto del Gobierno no hace mención alguna al observatorio, pero espero que en tramitaciòn parlamentaria se vea la necesidad de seguir apostando por él porque es una referencia y ha sido replicado en otros países. Ahora mismo no está en la Ley, pero sí en la composición técnica del Consejo. Nosotros sugerimos al Gobierno que se mencionase el Observatorio como adscrito a la Comisión de Igualdad del CGPJ.