La medida obliga a los centros a comunicar a las familias los contenidos de las actividades complementarias en horario lectivo y da derecho a los progenitores a autorizarlas o no
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha anunciado este jueves que su ministerio recurrirá por vía judicial el llamado pin parental impuesto por el Gobierno de Murcia a los centros educativos de esa región. La medida, una de las propuestas estrella de Vox en las últimas elecciones, obliga a los colegios a informar a las familias de todas las actividades complementarias organizadas dentro del horario lectivo, y establece el derecho de los progenitores a dar su consentimiento o no a cada uno de esos talleres.
«La pretensión de que las familias conozcan de forma anticipada y autoricen a sus hijos es una objeción de conciencia encubierta que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española», ha señalado Celaá. El debate sobre el pin parental resurgió el pasado martes después de que Vox incluyera en su listado de exigencias para apoyar los presupuestos de la región de Murcia —PP y Ciudadanos necesitan el voto de un diputado de Vox para alcanzar la mayoría absoluta— que se incluya en la normativa educativa (hasta ahora solo ha sido una instrucción de la Consejería a los centros).
La idea de Vox sobre el pin parental surgió, según miembros de la comunidad educativa, a raíz del descontento de algunos colectivos como el Foro de la Familia —una organización civil ultraconservadora— con la participación de asociaciones LGTBI externas a los centros educativos en actividades sobre diversidad afectivo-sexual. “Estos talleres se organizan en comunidades como la madrileña desde hace años y es la forma de dar voz a personas de diferente orientación sexual, para que la diversidad no se estudie solo sobre el papel”, explica Belén de la Rosa, secretaria de igualdad de CC OO, sindicato que el pasado octubre recurrió la medida ante la consejería murciana y está a la espera de una resolución.
Celaá ha advertido de que el ministerio recurrirá «cualquier iniciativa dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado» y ha aclarado que el pin parental es contrario al artículo 1 de la actual ley de educación (Lomce) sobre «la formación integral del alumno», a las propias normas autonómicas y a la Ley Contra la Violencia de Género.
Desde el punto de vista normativo, el pin parental sería, en teoría, inviable. Las comunidades autónomas establecen que las actividades complementarias en los colegios e institutos —que, a diferencia de las extraescolares, se desarrollan en horario lectivo—, son obligatorias para todos los alumnos y evaluables, por lo que los padres no pueden negarse a que sus hijos reciban este tipo de formación.
Por otra parte, todos los talleres complementarios se incluyen en la programación anual de los centros, lo que quiere decir que son públicos y accesibles para los familiares. “Esos talleres, que pueden ser de temática diversa, son aprobados por el claustro, presentados en el consejo escolar —con representación de las familias— y, finalmente, supervisados por la inspección educativa”, apunta Raimundo Benzal, inspector de Educación recientemente jubilado.
Este «veto», ha señalado el ministerio en un comunicado, «colisiona con el derecho constitucional fundamental a la educación, además de contravenir diversos tratados internacionales ratificados por España como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, la normativa educativa, y la normativa específica en materia LGTBI».
«La normativa educativa prescribe que son los docentes, en el marco de la autonomía pedagógica de los centros educativos, quienes tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos», añaden.
En la nota se señala que el Tribunal Constitucional ha señalado en diversas sentencias que «el derecho a la objeción de conciencia solo existe en nuestro ordenamiento en los casos expresamente contemplados por la Constitución y las leyes».
Murcia —con un Gobierno de PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox— se convirtió el pasado septiembre en la primera autonomía en poner en marcha el pin parental. La consejería murciana de Educación, en manos del PP, incluyó entre las instrucciones que remitió a los centros educativos la necesidad de que las familias den su consentimiento expreso para que sus hijos participen en actividades complementarias, aquellas que no tienen por qué estar ligadas a contenido curricular, pero que se imparten dentro del horario lectivo.
Desde la consejería señalaron que la medida “responde a una demanda creciente de los padres”, que se aplica “en todas las temáticas” y “solo en caso de que las imparta personal ajeno al centro educativo”. Además, apuntaron que “dentro de la autonomía que ostentan” los colegios, cada uno determinará el modelo de consentimiento parental a cumplimentar.
