Las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, que fueron parcialmente publicadas por el Gobierno, han quedado más como anécdota que como gran estafa contra el patrimonio público. Poco se ha hablado de ese nuevo expolio y de la gravedad de una apropiación consentida durante años, que se acaba consolidando primero por el franquismo, y después por José María Aznar en 1998.
Pero empecemos hablando de ese informe, hablemos de lo incompleto que es, de como les ha podido pasar desapercibida –solo por poner un ejemplo– la torre del Micalet en Valencia, después de todo es algo pequeño y discreto, ¿quién se daría cuenta?. ¡Ah! ¡Claro! Que resulta que este informe omite todos aquellos inmatriculados entre 1946 y 1998, en este caso por la Ley Hipotecaria de 1946. Y así, de golpe, toda las inscripciones que el franquismo llevó a cabo se dan por buenas, una forma más de legitimar las prácticas franquistas y grandes expolios a los pueblos y su erario público.
Además, el caso de la torre del Micalet es especialmente llamativo, primero porque podríamos pensar que se trata de un caso de inmatriculación durante el franquismo, pero nada más lejos. Nuestra torre fue inmatriculada en 2014, maliciosamente cerca del fin del plazo para poder hacerlo. Y no se acaba aquí, porque en una especie de oferta de supermercado, aprovecha un 3×1 para colarnos como un solo inmueble la catedral, el Santo Cáliz y la torre del Micalet. Parece que el resto de los mortales no recibimos ese aviso, no quisiera pensar que utilizan ese ocultismo continuo para robarnos nuestra historia.
Y es que no acaba ahí, no siendo suficiente con faltar multitud de inmuebles, que por cierto, normalmente han sido construidos, restaurados y/o mantenidos con fondos públicos, los que aparecen son difícilmente identificables. ¡Con lo fácil que hubiera sido adjuntar las notas simples informativas de los registros de la Propiedad!
Con todo este panorama, parece que no podría complicarse más, pero ¡con la Iglesia hemos topado! Así que en vez de obligarla a demostrar su propiedad, se invierte la carga de la prueba y se obliga a los interesados a reclamar por la vía judicial -o administrativa- y aportar pruebas contra la Iglesia católica. Con tantos problemas que puede conllevar, desde inseguridad jurídica, hasta saturación judicial.
Sí me gustaría dejar claro que nunca hemos negado el uso para actos litúrgicos de estos inmuebles, podrían haber seguido utilizándolo sin ninguna necesidad de registrarlos como propiedad suya. Siendo así, ¿por qué este empeño en tenerlo a su nombre? ¿Tendrán intención de venderlo o alquilar? ¿Quizá pondrán un hotel? ¿Un restaurante? En fin, tendremos que esperar a verlo.
Puesto un poco en contexto, si ahora os dijera que hay una convocatoria para reivindicar el retorno del patrimonio público para el pueblo, parece lógico que tengamos que acudir en masa. ¡Pues hagámoslo! El próximo martes 22 de junio, a las 12 horas, en la torre del Micalet en Valencia. Nos convoca Valencia Laica, dentro de la Plataforma Recuperando, para gritar bien fuerte que queremos recuperar los inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica y que el Micalet es y debe ser del pueblo valenciano.
* Diputada de Unidas Podemos por Valencia en el Congreso
