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El mantenimiento de los privilegios eclesiásticos amenaza el futuro de la escuela pública

Más de 40 organizaciones, entre ellas MHUEL y FAPAR, relanzan la ‘Campaña por una Escuela Pública y Laica. Religión fuera de la Escuela’. Exigen al Gobierno español que “cumpla sus compromisos” y proceda a la revisión de los acuerdos con el Vaticano de 1979, como “única forma de avanzar hacia una escuela laica propia de la sociedad avanzada que queremos”.

El número de personas que se declaran creyentes cae cada año en el Estado español. Las personas que se declaran no creyentes superan en número, con creces, a aquellas que se declaran practicantes de alguna religión. En donde las familias se ven menos condicionadas o coaccionadas a la hora de elegir, es decir, en los centros públicos, el número de alumnado no matriculado en Religión ya es mayoría, en contraste con el 10% en la llamada escuela concertada.

Son datos ofrecidos por las más de 40 organizaciones adheridas a la ‘Campaña por una Escuela Pública y Laica. Religión fuera de la Escuela’, entre ellas las aragonesas Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL) y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Aragón (FAPAR), además de sindicatos como CGT, CCOO y UGT. Una campaña que se viene reeditando año tras año desde hace ya más de dos décadas, y que nació como “una iniciativa y un compromiso” en torno al “objetivo democrático de lograr la plena laicidad del sistema educativo”.

Las organizaciones impulsoras de la campaña denuncian la “sumisión” del Gobierno español a los intereses de la jerarquía católica que “en su ansia por mantener una influencia que no se corresponde con el sentir mayoritario de la sociedad, se ha convertido en el principal obstáculo para que la escuela pública sea el eje vertebrador de nuestro sistema educativo”. Una situación que “nos aleja de los países de nuestro entorno que, apostando claramente por la escuela pública, presentan mejores resultados académicos y menores tasas de segregación escolar”.

En el comunicado, advierten que las distintas leyes educativas, y la recientemente aprobada LOMLOE -que se empezará a aplicar el próximo curso 2022/2023- “no es una excepción”, llevan décadas “apuntalando los privilegios de la jerarquía católica a través de la pervivencia de la catequesis en todos los centros educativos en horario lectivo y de la no menos grave extensión sin límites de la escuela privada subvencionada”. Asimismo, muestran su preocupación con los contenidos de la nueva asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos, que se impartirá en un curso de Primaria y en otro curso de Secundaria y en cuanto a su aplicación en los centros privados concertados de ideario propio (mayoría católicos). “También nos preocupa la aplicación y solución que se va a dar, por parte de los diferentes gobiernos territoriales y de los diferentes centros de la no alternativa a quienes no soliciten religión”, añaden.

Por estos motivos exigen al Gobierno español que “cumpla sus compromisos” para garantizar la plena laicidad de la enseñanza y proceda a la revisión de los acuerdos con el Vaticano de 1979, mediante los que se reformó el Concordato de 1953 —firmado por el Gobierno franquista bajo los principios del nacionalcatolicismo—, como “única forma de avanzar hacia una escuela laica propia de la sociedad avanzada que queremos”. Del mismo modo, piden la anulación de los acuerdos con otras confesiones en los que se establece la posibilidad de impartir religión en la escuela.

“Exigir la construcción de un sistema educativo público laico”

Las más de 40 organizaciones critican que la actual política educativa de Estado está provocando “diversos desajustes, en base a las políticas de los diferentes territorios, los cuales tienen amplias competencias, aumentadas en esta última reforma”. Por una parte, añaden, “se siguen desarrollando diferentes procesos de mercantilización y privatización de la Enseñanza, tanto por vía de precarizar la enseñanza pública, como a través de medidas de apoyo al sector privado, en su mayoría bajo control ideológico de la Iglesia católica”. Y por otra parte, “se siguen manteniendo en los centros escolares públicos a personas designadas por los obispos, con la misión de, además de impartir clases de  religión, cristianizar a la comunidad educativa y hacer proselitismo religioso”. A todo ello, añaden “la entrada, cada vez mayor, en los centros públicos, de personas de religiones minoritarias, también con fines de hacer proselitismo”.

En su opinión, todo ello conlleva un “doble grave perjuicio” para el alumnado que, por un lado, “es segregado por motivos ideológicos, nada más y nada menos desde los tres años, es decir desde edades muy tempranas, vulnerando diversos convenios de la Infancia” y, por otro lado, “también es segregado por motivos económicos y sociales”.

“Hay que sacar la religión confesional de la Enseñanza de forma inmediata”, y no financiar -con dinero público- el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar, subrayan en el manifiesto. También reclaman potenciar la Red Pública de Enseñanza como “fundamental” para “vertebrar el Derecho a la Educación de todos y todas, evitando -de forma progresiva- la desviación de fondos públicos hacia intereses privados de todo tipo”.

Desde que se iniciara en 2002, la ‘Campaña por una Escuela Pública y Laica. Religión fuera de la Escuela’ ha tenido varias fases y ha sido respaldada por diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales, “en según qué momentos y qué color político gobernara”, afirman. A lo largo de este tiempo han emitido diversidad de comunicados y declaraciones, y se han reunido, en diferentes momentos, con el poder legislativo y ejecutivo. Antes de cada campaña electoral han elaborado y hecho público una serie de propuestas, siempre con la misma base: “Exigir la construcción de un sistema educativo público laico”.

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