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El «maná» de la JMJ: un hostelero no puede canjear los 3.000 euros en vales que le dejaron los peregrinos

El Tribunal de Cuentas abre diligencias contra el Ayuntamiento y la Comunidad por subvencionar los viajes de los jóvenes católicos

Ante las críticas por el coste público destinado a la visita del Papa en el marco de la JMJ -exenciones fiscales a los patrocinadores, cesión de espacios para las actividades de la Iglesia, viajes subvencionados para los peregrinos, etc- desde la Conferencia Episcopal presentaron la cita como una especie de maná que dejaría en Madrid cerca de 100 millones de euros. Más tarde el alcalde de Madrid, el 'popular' Alberto Ruiz Gallardón, aumentó hasta los 160 millones la horquilla de la lluvia de millones para los negocios de la ciudad. Siempre remitiéndose a estimaciones. Pero de momento lo que parece seguro es que algunos hosteleros están teniendo problemas para cobrar los productos que sirvieron a los peregrinos -se les habilitó un sistema de vales canjeables- y que el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias a las subvenciones en el transporte público que la Comunidad y el Ayuntamiento concedieron a los jóvenes que venían a ver al Papa, descuentos que no tenían ni el resto de turistas que se movían por la capital ni los propios madrileños.

La JMJ se ha convertido en una pesadilla que amenaza la viabilidad de su negocio para un hostelero que regenta su negocio en el barrio de Hortaleza. Carlos sirvió en aquellas jornadas a los peregrinos bocadillos y refrescos por los que recibió unos 450 vales de 6 euros cada uno. En total se le adeudan 2840’50 euros, una cifra considerable para mantener el día a día de su negocio.

La empresa dice que todos cobrarán
El problema es que Fehrcarem, la asociación que ganó el concurso para gestionar los menús de los preregrinos, se resiste a pagarle, según explica la cadena SER. La web de la asociación recuerda que fue la Conferencia Episcopal quien confió en ella para gestionar la alimentación de los peregrinos. La empresa alega que tan sólo no han pagado a 2 de cada 10 establecimentos, que cobrará todo el mundo y que quien no lo ha hecho es porque no siguió correctamente los trámites. La asociación firmó contratos con hosteleros que aceptaron el sistema de vales a cambio de entregar una comisión de 21 céntimos por cada cheque de 6 euros.

Todo queda en casa
El valor total del concurso de la Conferencia Episcopal para gestionar la restauración de la JMJ ascendió a 15 millones de euros, de los cuales la empresa se quedará con el 3’52%. Pero de esa cantidad la empresa reintregará el 20% a la Iglesia en concepto de donativo. Ante las críticas por el coste público destinado a la visita del Papa en el marco de la JMJ desde la Conferencia Episcopal la presentaron como una especie de maná que dejaría en Madrid cerca de 100 millones de euros. Concluida la cita, el alcalde de Madrid, el ‘popular’ Alberto Ruiz Gallardón, incluso aumentó a entre 100 y160 millones la horquilla de la lluvia de millones para los negocios de la ciudad. Siempre remitiéndose a estimaciones.

Diligencias por las subvenciones a católicos
Además, este miércoles el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares contra el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por ofertar el metrobús con descuento a los asistentes a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). El órgano fiscal ha iniciado los trámites a raíz de la denuncia presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho y ha trasladado la denuncia al Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado y al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para que aleguen “a lo que a su derecho convenga”, según ha difundido Europa Press.

Administraciones públicas como “apéndices del PP”
La Asociación Preeminencia del Derecho denunció al Gobierno municipal y autonómico por “ofertar a precios públicos por debajo de coste o a pérdida de favor de los integrantes de la confesión religiosa católica” que visitaron la capital con motivo de la visita del papa Benedicto XVI, al consiederar que “enfrenta no sólo el principio de uso correcto de fondos públicos, sino el principio de separación entre religión y Estado del artículo 16.3 de la Constitución”. La denuncia considera que ambas administraciones públicas se han comportado como “simples apéndices del PP de Madrid; un partido confesional católico”.

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