La Alianza Evangélica exige una ceremonia laica o pluriconfesional
Los representantes de confesiones distintas a la católica (musulmanes, protestantes y judíos), que ya suman casi cuatro millones de fieles en España, rechazan el funeral por las víctimas de Barajas organizado por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, para el 1 de septiembre en la catedral de la Almudena. La Alianza Evangélica Española (AEE) anunció ayer un boicot por entender que supone un "menosprecio a los sentimientos" de muchos fallecidos y de sus familias. Entre estos figuran, por ejemplo, el pastor canario Rubén Santana y su viuda, también evangélica. "Él nunca hubiera querido una ceremonia católica", comentó la AEE.
"DE VERGÜENZA"
Un grupo de personas mostró el jueves su oposición al funeral católico, que presidirá el cardenal Antonio María Rouco, y reivindicó con pancartas una ceremonia civil tras los cinco minutos de silencio guardados en la madrileña plaza de Cibeles. "España no es la de Franco ni la del islamismo, sino un Estado democrático y aconfesional, según la Constitución", defendió Martín Sagreras, portavoz del grupo. "Los católicos deberían estar avergonzados por hacer un funeral católico a alguien que no lo es. Es una vergüenza", agregó.
Pedro Tarquis, portavoz de la AEE, recordó que al organizar un funeral también debe tenerse en cuenta el elevado número de agnósticos, por lo que propone que se opte para homenajear a las víctimas por una ceremonia aconfesional o en todo caso pluriconfesional, similar a la oficiada en Nueva York con el 11-S, con presencia de todos los líderes religiosos. "Si el día 1 se repite un funeral como el celebrado el 11-M en la Almudena, nosotros no iremos", anunció Tarquis.
INHIBICIÓN DEL GOBIERNO
Fuentes municipales y del arzobispado apuntaron que el funeral no persigue crear polémicas y solamente trata de respaldar a toda una sociedad. "Todos los muertos son nuestros familiares hoy", comentaron.
Aunque el PSOE se echó atrás en el congreso de julio en su propuesta de eliminar los funerales de Estado, el Gobierno se ha lavado las manos en este asunto. La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, se limitó a asegurar que el Ejecutivo no tiene previsto organizar ningún funeral y remitió al anunciado por el alcalde de Madrid y a los que se puedan organizar en Canarias.
