Gabriele, arrestado por las autoridades vaticanas el 25 de mayo pasado, en los primeros interrogatorios dijo que había sido inspirado por el Espíritu Santo. Pero luego se declaró culpable ante el promotor de justicia del Vaticano.
Paolo Gabriele, el mayordomo del papa Benedicto XVI acusado por el caso Vatileaks y contra el cual hoy comienza el juicio en el Vaticano, arriesga una pena que va de seis meses a cuatro años. Pero, según las leyes de la Santa Sede, el pontífice tiene la posibilidad en cualquier momento de concederle el indulto. En ambientes vaticanos se dice, sin embargo, que el Papa prefiere que el proceso siga adelante. Tal vez espera que salgan a relucir otras informaciones relativas al robo de documentos y cartas personales de los que está acusado el mayordomo y que tanto han perjudicado la imagen de la Iglesia.
Gabriele, arrestado por las autoridades vaticanas el 25 de mayo pasado, en los primeros interrogatorios dijo que había sido inspirado por el Espíritu Santo. Pero luego se declaró culpable ante el “promotor de justicia” Nicola Picardi, virtual fiscal vaticano. Recientemente ha dirigido una carta al pontífice pidiéndole perdón. Dada su cercanía con el Papa –la figura del mayordomo es considerada en la tradición vaticana como parte de la “familia” pontificia– presuntamente tuvo la posibilidad de sustraer decenas de documentos y cartas dirigidas a Benedicto XVI sobre conflictos internos de la Santa Sede, muchas de las cuales terminaron en manos de un periodista, Gianlugi Nuzzi, que con ellas hizo un libro: Su Santidad, las cartas secretas de Benedicto XVI.
El libro, que presenta copias de los originales de las cartas, ofrece la otra cara de algunos conflictos de alto nivel dentro del Vaticano y apenas conocidos fuera de los muros. Y muestra cómo fueron manejados esos hechos para levantar el menor polvo posible. Uno de ellos fue la acusación infundada de homosexualidad contra Dino Boffo, director del diario de la conferencia episcopal italiana Avvenire. Luego se descubrió que la calumnia pretendía destruirlo personal y periodísticamente porque obstaculizaba los planes de otros sectores católicos. De ahí en más se acuñó una frase hoy famosa en Italia y alusiva al caso: “Aplicar el método Boffo”. Otro caso clamoroso se refiere a la dimisión a la que fue obligado un representante del Opus Dei que era presidente del banco vaticano, IOR (Instituto para las Obras de Religión), Ettore Gotti Tedeschi, entre otras cosas porque no respetaba las normas en materia de lavado de dinero de la Unión Europea. Pero al parecer, según Nuzzi, sectores del Vaticano lo acusaban a él y a un grupo de banqueros de haber obtenido demasiadas ventajas para sí mismos y poco o nada para la Santa Sede a la que en una sola operación le hicieron perder 2,5 millones de dólares.
La confesión de culpabilidad por parte de Gabriele no es suficiente como para sea condenado, explicó ayer en un encuentro con los periodistas el profesor Giovanni Giaccobbe, promotor de Justicia en la Corte de Apelaciones del Vaticano. Si no hay hechos que la convaliden, una sentencia basada en la confesión podría ser rápidamente impugnada por la defensa del mayordomo, a cargo por lo demás de una mujer, la abogada Cristiana Arru. Claro, el Tribunal puede tener en cuenta la voluntad de colaboración del imputado, y eso puede influir en la pena, explicó Giacobbe. En otras palabras esto significa que si Gabriele denuncia a otros implicados, tal vez si cuenta los detalles de cómo se realizaba el pasaje de los documentos –aunque Nuzzi lo relata en el libro aproximadamente–, tal vez los jueces puedan reducirle la pena y el Papa perdonarlo. De ser condenado, la pena debería cumplirla en una cárcel italiana porque el Vaticano no cuenta con una prisión sino simplemente con algunas celdas de detención provisoria. En el Vatileaks hay un segundo implicado, el técnico informático Claudio Sciarpelleti, acusado de encubrimiento de su amigo Gabriele, y que arriesga por su lado una pena máxima de un año.
Cuando se trata de estos juicios es importante aclarar, subrayó Giacobbe, que una cosa es hablar del estado de Ciudad del Vaticano y otra de Iglesia Católica. “El proceso del que nos estamos ocupando se desarrolla en el estado de Ciudad del Vaticano. Los jueces son del estado de Ciudad del Vaticano y son laicos. No tienen ninguna relación directa con la Iglesia, la cual, por su parte, tiene órganos y tribunales establecidos por el Código de Derecho Canónico y otras leyes eclesiásticas.”
Hay quien habla ya en Italia del “proceso del siglo” porque en la historia de la Iglesia, al menos en los últimos 50 años, no ha habido ningún caso por el estilo. Hubo sí otros que hubieran podido llegar a mayores, como el de la muchacha que hace un par de años saltó encima del Papa durante una celebración. Pero después se descubrió que tenía serios problemas psicológicos. En la década del ’90, otro caso dio que hablar. El asesinato de un jefe de las Guardias Suizas y su esposa por parte de un joven, también él de la Guardia Suiza, que luego se suicidó. Pero no hubo juicio porque el culpable había muerto.
La sala del Tribunal donde se hará el proceso, dentro de los muros vaticanos, es muy pequeña. Aunque la audiencia es teóricamente pública, sólo ocho periodistas podrán asistir y funcionarán como un pool, informando a sus colegas que esperarán en la sala de prensa. Benedicto XVI no estará presente. Ni siquiera estará en Roma. Recién el lunes por la tarde volverá de Castel Gandolfo, su residencia veraniega a unos 45 Km de la capital italiana.
