La Fiscalía también se opuso al entender que el contenido de los dispositivos hallados en el piso del Arzobispado no guarda relación con el crimen investigado
Las siete memorias encontradas dentro de un cajón del escritorio del cura han sido enviadas al almacén de piezas de convicción sin siquiera abrirlas
El contenido de los siete ‘pendrives’ recuperados por la Policía Nacional en el piso del Arzobispado donde fue asesinado el canónigo emérito de la catedral de València a manos, presuntamente, de un hombre con el que pretendía relaciones sexuales no se conocerá nunca. O no de momento, al menos. Es la consecuencia de la decisión del juez de Instrucción 19 de València, que supervisa la investigación desde el principio, ya que estaba de guardia el día que fue encontrado muerto el cura hace ahora tres meses, que ha rechazado la petición del grupo de Homicidios de la Policía Nacional de volcar y analizar el contenido de esas memorias para tratar de averiguar si contienen algún dato relevante para la causa.
El juez, según ha podido confirmar Levante-EMV, respondió hace más de dos meses denegando la solicitud de volcado y análisis de esos ‘pen’, cuidadosamente guardados, en principio por el canónigo asesinado, en uno de los cajones del escritorio de su despacho, en el que tenía documentos y efectos personales.
En el cajón del escritorio del cura
Esas memorias extraíbles fueron encontradas por agentes de la Policía Científica y de Homicidios en la primera de las dos inspecciones oculares realizada en el piso de la calle Avellanas propiedad de la diócesis valenciana, en el que también se llevaron otros objetos para su análisis, entre ellos un teléfono móvil de la marca Oppo que la víctima, Alfonso López Benito, de 80 años, tenía bajo llave dentro de una estancia acondicionada como capilla y dotada incluso con reclinatorio y relicario.
Ese teléfono, al igual que los otros confiscados por la Policía –el del sacerdote, recuperado en manos de su presunto homicida, y el comprado por este, supuestamente, con dinero de su víctima que extrajo en dos cajeros con una tarjeta robada a López Benito– sí que han sido analizados, según ha podido saber este diario.
Tras la intervención de todos los dispositivos electrónicos, entre ellos las siete memorias guardadas en el cajón superior derecho del escritorio, el jefe del grupo de Homicidios, como es habitual en todas las investigaciones, solicitó al juzgado permiso para realizar el análisis el contenido de los mismos. El magistrado sometió al criterio del fiscal esa petición y el acusador público dio el visto bueno al examen de los teléfonos confiscados, así como de los router intervenidos tanto en el piso de la calle Avellanas de València como en el apartamento que Alfonso López había comprado en el Perelló y que utilizaba, entre otras cosas para llevar allí a algunos de los hombres sin recursos que captaba en la calle con fines sexuales y a cambio de la promesa de darles dinero y comida.
Sin embargo, laFiscalía se mostró contraria al análisis de los ‘pen’ bajo el argumento de que es improbable que contuviesen información relativa al homicidio. Así, el juez, esgrimiendo la misma fundamentación, denegó ese permiso, por lo que las memorias, empaquetadas e intactas para no alterar la cadena de custodia, han acabado en el depósito de piezas de convicción de los juzgados sin que nadie haya explorado que hay en su interior.
Tras la negativa, el Arzobispado salió del caso
La cautela mostrada por el juzgado con esa negativa, después de la cual el Arzobispado desistió súbitamente de continuar como acusación en el proceso pese a su insistencia inicial, impide conocer si alguno de los archivos guarda relación con los hechos e, incluso, proyecta un manto de incertidumbre que alimentará las especulaciones no solo sobre el contenido real de esas siete memorias, sino sobre a quién o quiénes podrían haber afectado.
Habitualmente, para evitar investigaciones prospectivas y preservar el derecho a la intimidad de los investigados, los juzgados optan por pedir a los especialistas de la Policía que vuelquen el contenido y realicen un primer análisis de fechas, sin acceder al contenido. Con ello, preseleccionan los posibles archivos coincidentes temporal y/o espacialmente con los hechos investigados y solo cuando hay constancia de que puede haber documentos, vídeos o imágenes de ese momento, ordenan el visionado y análisis.
Análisis parcial de los archivos
Ese preanálisis de fechas habría servido para descartar o confirmar que los ‘pendrive’ hallados en el piso del Arzobispado contenían archivos temporalmente coincidentes con los momentos en que se tiene constancia que Alfonso López y Miguel Tomás V. N., su presunto asesino, que permanece encarcelado por estos hechos, entraron en contacto, esto es, a partir de agosto de 2023.
No habría sido descabellado autorizar el análisis, por ejemplo, de solo aquellos archivos posteriores a enero de 2023, utilizando una horquilla más amplia, por si pudiesen existir imágenes o conversaciones de ambos que hubiesen dado lugar, entre otras posibilidades, a una posible extorsión, por citar solo un ejemplo
Al no someter esos dispositivos ni siquiera al más mínimo análisis, se queda en el aire si realmente contienen algún archivo de interés para la causa investigada o no.
Tres días en el apartamento del Perelló
Tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV, el cura se habría llevado a Miguel Tomás a su apartamento del Perelló durante tres días en agosto pasado, algo que se conoce por las declaraciones a la Policía del asistente y ‘guardaespaldas’ del sacerdote y por el propio detenido, que ha admitido que estuvieron juntos en ese piso de la playa.
Además del arrestado, hubo muchos más hombres sin recursos a quienes el sacerdote llevaba a su casa para mantener relaciones sexuales y que buscaba en la calle. Entre ellos, tal como adelantó en su momento este diario, se encuentra un hombre con una discapacidad del 43 % a quien hizo venir de una ciudad ubicada en otra comunidad autónoma, a casi 700 kilómetros de distancia, para mantener lo que el joven calificó ante la Policía como «un pequeño encuentro sexual» por el que le pagó 55 euros que le había enviado previamente en dos giros postales.
