Justicia recuerda que la iniciativa aprobada para limitar el caudal de dinero público no es “vinculante”
El listado oficial de inmatriculaciones de la Iglesia, pendiente de un informe del Colegio de Registradores, no irá acompañado de una reclamación de titularidad
El Congreso empuja, pero sin fuerza. Y el Gobierno no cede. Los privilegios económicos de la Iglesia católica han sido objeto de cuestionamiento en la presente legislatura, pero el recorrido de los intentos por limitarlos es escaso. Está por ver el alcance de la anunciada fiscalización de los recursos presupuestarios del Estado dedicados a las confesiones religiosas, que rompe con la histórica línea del Tribunal de Cuentas de quedarse al margen de las cuentas de la Iglesia. Lo que ya es posible asegurar es que las iniciativas parlamentarias para arrojar luz sobre los detalles de su particular estatus y poner coto a sus beneficios fiscales y legales se han quedado en nada, al menos de momento.
El asunto sólo dio la cara en 2007 cuando se descubrió que la Diócesis Navarra estaba inmatriculando edificios religiosos, tierras, casas, cementerios… Y todo a un ritmo vertiginoso. Sólo entre Navarra y el País Vasco –las dos comunidades donde hay listados–, la Iglesia realizó más de 1.500 inmatriculaciones posteriores a 1998, lo que hace verosímil la estimación de 20.000 para el conjunto del España que maneja la asociación Europa Laica. No sólo han sido templos o lugares de culto: también plazas, huertos, fincas y casas. Cualquier bien que no hubiera sido registrado antes. Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), cifró el total, sin precisar en qué periodo de tiempo, entre 30.000 y 40.000 en declaraciones a la cadena Ser.
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