Así lo ha manifestado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una carta dirigida al presidente de la CEE, Luis Argüello
El Gobierno ha advertido a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que no aceptará ninguna fórmula unilateral para indemnizar a las víctimas de abusos en la Iglesia católica sin la participación del Estado, ya que esto podría generar confusión y disfuncionalidades. Así lo ha manifestado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una carta dirigida al presidente de la CEE, Luis Argüello, fechada el pasado 5 de julio y a la que ha tenido acceso ElPlural.com.
La carta de Bolaños responde a una misiva previa de Argüello, en la que se proponía una reunión a partir del 10 de julio, pero solo después de que la Iglesia tomara decisiones por su cuenta. Se espera que el 9 de julio, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal apruebe su plan de reparación, que los obispos presentarán al papa Francisco para su aprobación.
En su carta, Bolaños agradece que, después de tantos años, la Iglesia «reconozca el daño causado y la necesidad de repararlo». Sin embargo, insiste en la necesidad de concertar un modelo de reparación «entre el Estado y la Iglesia católica», conforme a las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo, para facilitar a las víctimas un único sistema de reparación.
De esta manera, el Gobierno afirma desconocer el contenido del plan de la CEE y si contempla un sistema mixto que cumpla con las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Recuerda que un esquema unilateral de la Iglesia sería perjudicial para las víctimas y sus familias, quienes necesitan un entorno seguro y confiable para plantear sus casos y obtener una reparación adecuada.
Asimismo, Bolaños advierte en la misiva que un sistema unilateral podría generar «desconfianza» en las víctimas, que podrían temer ser revictimizadas o juzgadas al presentar sus peticiones ante la misma organización que no las amparó en su día. Reitera que el sistema no puede implementarse al margen de los criterios del Defensor del Pueblo, quien ha estudiado las mejores fórmulas de escucha y reparación.
Por ello, Bolaños ofrece retomar de inmediato las conversaciones para garantizar una reparación justa y adecuada, y muestra su convicción de que la participación del Estado es la única manera de cumplir fielmente con las recomendaciones y abordar eficazmente el problema social. Además, el ministro advierte que una iniciativa unilateral de la Iglesia podría generar confusión y disfuncionalidades, lo que el Gobierno no aceptará, siempre en interés de las víctimas.
